lunes, diciembre 19, 2005

Jubilaciones ilegítimas

Por Alejo Rivas Devecchi



Nota publicada en "El Español en Australia" el 18.10

El pasado viernes, el matutino uruguayo La República tituló en tapa: “La sociedad (uruguaya) le paga $51.037 (US$ 2132), por mes a Gregorio Álvarez por haber sido dictador”. La nota en página tres anuncia que el senador Leonardo Nicolini promoverá la anulación de esa pasividad.

Cualquier ciudadano razonable apoya esta gestión. A nadie le gusta estar pagando un premio a quien cometió la mayor usurpación que se puede pensar en un estado democrático. Este hombre se robó un país, pero cabe recordar que no lo hizo solo. Durante trece años, mes más o menos, el Uruguay fue gobernado y administrado ilegítimamente. Cientos, sino miles de cargos fueron repartidos a discreción. Muchos funcionarios públicos y privados, más que nada educadores, fueron destituidos, encarcelados o asesinados, para luego colocar en su lugar a algún amigo o colaborador del usurpador de turno. Todos los que sufrimos este período en una escuela pública, recordamos a las esposas de militares reemplazando a las antiguas directoras.

La pregunta surge entonces por sí misma ¿qué pasa con todos estos otros funcionarios ilegítimos? Sin perjuicio de la inmediata anulación de cualquier tipo de retribución que se le esté pagando a Álvarez, además de sus privilegios de ex jefe de estado, como su chofer y escolta, sería lógico que se investigue a los demás y, eventualmente, se les quiten los privilegios obtenidos de forma tan baja. No sólo en Uruguay, en toda América Latina se dieron situaciones tristemente similares y pocos han sido los casos en que las irregularidades se han rectificado.

Según el diario digital ABC de Concordia, Argentina, la situación en el vecino país no es muy diferente. A Reynaldo Benito Bignone, último dictador de la Argentina, procesado por una causa de robo de bebés, el Estado le paga una pensión graciable como ex presidente de facto, en base a una derogada ley de la época de otro dictador, Juan Carlos Onganía.

Otra rápida reflexión apuntaría hacia los tiempos transcurridos. La última dictadura en Uruguay dio paso a un gobierno democrático, o casi, hace ya veinte años. Parece tiempo suficiente para que esto se hubiera planteado. El propio senador Nicolini ocupó anteriormente una banca legislativa ¿Por qué nadie investigó, denunció ni promovió las resoluciones necesarias para terminar con privilegios no ganados legítimamente en estos veinte años?

Aunque obvio, sigue siendo imperioso exigir claridad. Claridad en la gestión pública porque muchos uruguayos quisieran saber que se hace con su dinero. Saber qué se le paga a quien y porqué. Quizá sea también una buena oportunidad de recordar a nuestros gobernantes que sin justicia, no hay democracia que valga.

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