sábado, noviembre 24, 2007

Quien quiere nuestros datos en realidad



Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 18 noviembre 2007

A principios de noviembre la Comisión Europea anunció su plan para que los datos de los pasajeros aéreos sean registrados y guardados durante 13 años. Esta propuesta fue presentada a los 27 estados miembros por el comisario de Justicia y Seguridad de la unión, Franco Frattini, poco más de un año después que la UE acordara con Estados Unidos un reglamento similar, que ya ha demostrado ser absolutamente inútil. En octubre de 2006, la UE consintió en entregar al Departamento de Seguridad Interior (DSI) norteamericano una serie de datos acerca de los pasajeros que viajen al gigante americano.

Este departamento podría compartir esos datos con otras autoridades responsables en la prevención y combate del terrorismo y delitos relacionados. O sea que ya hace un año que esta política de “no protección” de datos personales está en funcionamiento. Pero hete aquí que la semana pasada supimos que esa política no tiene efectividad alguna, ya que un grupo de investigadores norteamericanos lograron pasar materiales explosivos a través de puntos de control de seguridad en 19 aeropuertos.

O sea que si alguna organización terrorista hubiera querido perpetrar una matanza, nada la hubiera detenido, ni los scanners donde nos hacen sacar los cinturones, los zapatos, móviles, latops, relojes, llaves y demás; ni el guardia que luego nos manosea cuando el aparato se empecina en pitar, ni las bolsitas transparentes para llevar los perfumes y las mamaderas, nada. Ni siquiera la infinidad de datos que desde hace más de un año almacena el DSI.

La primera pregunta que se hace cualquier abombau es por qué razón los todopoderosos servicios secretos de los países que hacen la historia, y en particular norteamericanos, se molestan ahora en pedir permiso, cuando llevan toda su existencia, no sólo recabando información sin consentimiento de nadie, sino también violando todas y cada una de las leyes que protegen al individuo en cualquiera de los países de este desprestigiado planeta. Mucho menos ahora, cuando la mayoría de los gobiernos que siguen sumisamente las órdenes del mandamás imperial han votado leyes calcadas del “Patriot Act”, que anulan de un plumazo todos los derechos individuales que llevaron más de 200 años y ríos de sangre lograr.

Estas legislaciones post-11S les permiten recabar cualquier dato que se les antoje sin pedir permiso a nadie, del mismo modo que a nadie piden permiso para secuestrar gente en todos los rincones del planeta, meterlos en Guantánamo, y en otras prisiones de las que no tenemos ni idea, y torturarlos hasta matarlos, todo esto es ahora legal. Por eso, cualquier ciudadano de a pie, sin acceso a ningún tipo de información especial, incluso uno que no dedique mucho tiempo a leer las noticias, se puede preguntar para qué son esos datos.

Quizá en este caso como en tantos otros sirva aplicar la regla básica del periodismo que tuvo la deferencia de enseñarnos “garganta profunda”, el informante del caso Watergate; seguir la ruta del dinero. Si pensamos de donde viene el dinero que paga los privilegios de las infalibles agencias de seguridad de los diferentes países, en particular la de los EEUU, encontramos que su fuente de financiación son los impuestos de los contribuyentes. Ahora bien, esos impuestos son administrados por los gobiernos compuestos por políticos que responden a los intereses de los que los pusieron en sus sillones de poder.

Una visión romántica de las pseudo-democracias contemporáneas diría que fueron los electores, pero a esta altura hasta el más despistado sabe que los amos de estos esclavos de corbata son los que financian sus campañas y sus fortunas personales. Y esos con poder de financiar políticos no son otros que los gigantes comerciales del planeta.

Por eso, sin investigar ni un poquito se podría sospechar que los interesados en esos datos no son otros que las grandes corporaciones para quienes la información personal de sus consumidores es de vital importancia. Obviamente estas empresas tienen sus departamentos de marketing con sus propios recursos para obtener esa información pero sin duda esta ley lo hace todo más barato.

O sea que, un observador un poquito desconfiado no tardaría en concluir que son los vendedores de bienes y servicios los reales responsables de la invasión total de nuestra privacidad, de que nos hagan sacar los zapatos, y hayamos adquirido una habilidad especial para abrocharnos el reloj al mismo tiempo que nos ponemos el cinturón, guardamos la laptop en el portafolios y corremos a la puerta de embarque. Mientras tanto los terroristas, o mejor dicho los que los mandan, seguirán matando a cuantos quieran donde quieran y como quieran, que unos miles de consumidores menos no afectan sensiblemente la cifra global de ganancias.

La cumbre hispanoamericana de la hipocresía



Alejo Rivas Devecchi. Madrid

El lenguaje cotidiano apenas diferencia las palabras diplomacia e hipocresía por los términos que se utilizan en uno y otro caso, por lo demás se los percibe como sinónimos. De hecho, si buscamos la palabra disimulo en el diccionario de sinónimos, los primeros términos que aparecen son: “diplomacia, disfraz, hipocresía, encubrimiento”. Esta dualidad se percibe claramente cada vez que se produce un encuentro internacional de políticos.

La XVII Cumbre Latinoamericana no fue la excepción. Allí hubo quienes dijeron cosas mientras pensaban lo opuesto, al mismo tiempo hubo quienes dejaron salir su verdadero pensamiento, donde deberían disfrazarlo. El presidente venezolano Hugo Chávez, como de costumbre, dio que hablar a todos los medios internacionales al decir verdades de la forma y en el lugar equivocados, o por lo menos incómodo. Concretamente Chávez dijo que las empresas españolas en Latinoamérica actúan ilegalmente y apoyan golpes de estado, y que el ex presidente español José Aznar es un fascista.

El hecho que estas dos verdades hayan sido dichas fuera de sitio y de mal modo, no las vuelve mentiras. Obviamente, la diplomacia española puso énfasis en las segunda de estas afirmaciones y organizó un escándalo mediático y diplomático que consiguió eclipsar la primera, al menos en las primeras planas, aunque es una reclamación compartida por muchos de los mandatarios asistentes a la cumbre.

El rey Juan Carlos, al escuchar críticas a las empresas que contribuyen a acrecentar su fortuna desde que la dictadura fascista de Franco lo coronó (como denunciara su compatriota Jesús Cacho, en su libro “El negocio de la libertad”), perdió la compostura, olvidó que los países latinoamericanos ya no son colonias españolas e intentó hacer callar a un jefe de estado que, a diferencia suya, fue democráticamente electo por su pueblo. Chávez, haciendo gala de un sentido de la ubicación que no le es típico, lo ignoró.

Pero las críticas a las empresas españolas siguieron y el rey, demostrando una enorme falta de respeto hacia los mandatarios democráticos allí reunidos, y ningún interés acerca de las denuncias de las actividades ilegales de empresas españolas en Latinoamérica, se retiró de la reunión. Si hacemos un simple análisis de las afirmaciones del presidente venezolano, vemos que al llamar fascista a José Aznar no se aleja mucho de la verdad. El ex mandatario español realizó toda su carrera en el Partido Popular, del que es actualmente Presidente de Honor.

El PP es una organización política heredera de la Alianza Popular. Fué fundado y dirigido hasta hace muy poco por ministros del gobierno fascista de Franco. Su actuación política se ha caracterizado por el apoyo incondicional a las invasiones neocolonialistas de su colega George Bush, por sus iniciativas legislativas contra la inmigración y por favorecer al capital financiero internacional. Actualmente es empleado del magnate mediático ultraderechista Rupert Murdoch. Con respecto al golpe de estado que intentó derrocar a Chávez en 2002.

El actual Ministro de Relaciones Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, denunció en 2004 en el parlamento el apoyo del gobierno de Aznar a ese golpe, y presentó como pruebas ocho telegramas cifrados remitidos por el entonces embajador de España en Caracas, Manuel Viturro, al Ministerio de Exteriores. Pero la de Chávez no fue la única crítica al respecto en esta cumbre. Los presidentes de Nicaragua, Argentina y Ecuador también denunciaron las actividades ilegales de las empresas españolas, que buscan por todos los medios maximizar sus ganancias, siempre a costa de los usuarios, como hacen también en la España.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió a las tácticas de la empresa eléctrica española Unión Fenosa, :“Son una mafia. Es una estructura mafiosa, que utiliza tácticas gangsteriles dentro de la economía global de las que son víctimas nuestros países”.

En Colombia, Repsol extrae una importante cantidad de petróleo pero ninguna de las empresas lleva su nombre ni son identificadas como de su grupo. Esto se debe a que la actividad petrolífera mantiene en ese país un vínculo muy estrecho con el desarrollo del paramilitarismo, los desplazamientos forzosos masivos de la población local y la brutal violencia dirigida contra las organizaciones sociales. Las actividades de esta petrolera en otros países latinoamericanos como Argentina, Ecuador y Bolivia, aparece también vinculada a violaciones de los derechos de los pueblos nativos, al fomento de la corrupción y al deterioro del medio ambiente.

La lista de violaciones a la ley de cada país, los derechos humanos y la libertad perpetradas por estas empresas continúa indefinidamente. Hay varias organizaciones sociales locales que mantienen un activismo permanente contra sus acciones criminales. Pero claro que al rey Juan Carlos y a la diplomacia española, no les importan los derechos de las personas afectadas ni su responsabilidad al respecto. Sólo les importa que un presidente llame fascista a alguien que si no tiene una camisa negra en el armario debe andar muy cerca, pero nació en España

La otra España, la racista



Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 4 noviembre 2007.

En las últimas dos semanas los medios de comunicación de España y el mundo han dedicado al tema del racismo quizás tanto o más tiempo que el que habían dedicado en toda su existencia. El catalizador de esta reacción mediática fue la agresión de un xenófobo contra una adolescente ecuatoriana en un tren de Barcelona que la cámara de seguridad grabó con lujo de detalles y ha sido retransmitida por cada medio audiovisual desde Catalunya a Quito, pasando por Manila para cortar camino.

La chica, de 16 años, viajaba en un tren catalán a la altura L'Hospitalet, cuando Sergi Xavier, de 21 años, que había abordado el vagón manteniendo una conversación de tono racista por su móvil, se percató de la presencia de la chica sudamericana. La imagen muestra como la agredió de palabra primero,luego la manoseó , y antes de bajarse le dio una patada de medio giro en la cara; nunca dejó de hablar por teléfono mientras asediaba a la chica. El testimonio posterior de la víctima confirmó que, mientras le pegaba, el agresor le gritaba insultos de corte racista como: "zorra", "inmigrante de mierda", la amenazaba de muerte y la “invitaba” a "irse a su país".

La actuación de la justicia española en lo referente a este caso ha sido, como poco, ineficiente. El agresor fue dejado en libertad por decisión de dos jueces y el fiscal ni siquiera acudió a la primera citación, aunque luego, en respuesta a la presión mediática y de la representación ecuatoriana en España, pidió la detención del violento racista. Una seman después del ataque, Sergi Xavier sigue en libertad y su víctima no quiere salir de su casa por temor.

Muchos se preguntan hoy por que razón este caso ha tenido tanta difusión dado que no es único, ni el más grave, ni siquiera raro. Jorge del Cura, portavoz del “Movimiento contra la Intolerancia” en Madrid, asegura que esa organización registra más de cuatro mil incidentes racistas al año en toda España. En febrero de 2006 en Alcalá de Henares, Miwa Buene, congoleño de 42 años, recibió una paliza que le propinó un hombre de 29 años “porque es negro”. Buene quedó parapléjico, sólo puede mover la boca. El agresor, que cuenta además con dos antecedentes por agresión y uno por robo con amenazas, fue interrogado por el juez siete meses después del ataque, y dejado en libertad. Tampoco en esta ocasión el fiscal acudió a la comparecencia.

En gran parte de los incidentes denunciados, los agresores son integrantes de cuerpos armados del estado: la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil. En 2006 hubo más de 600 denuncias por malos tratos policiales presentadas por inmigrantes. De los cuerpos de seguridad oficiales, el más denunciado son los Mossos d' Escuadra, la policía catalana. Tres personas fallecieron en cuarteles del Instituto Armado en 2006 y otras tres en dependencias de la Policía Local.

Pero hay otras formas de racismo, que los medios de comunicación omiten sistemáticamente. Cada verano, miles de inmigrantes ilegales, llegan a España, y a otros países de la Unión Europea, arriesgando su vida para cruzar cientos de kilómetros de océano en embarcaciones que apenas se mantienen a flote, las mejores de las veces. En 2006 se registraron 1167 muertos intentando la travesía. Obviamente esta cifra es mucho menor a la real, ya que es muy difícil cuantificar una actividad ilegal o contar cadáveres en alta mar. El precio del pasaje en patera desde Senegal hasta España ronda los 600 euros, mientras se puede comprar un pasaje en avión de Dakar a Madrid desde 343. (el salario mínimo en Senegal son 84 euros) La sencilla razón por la que miles de africanos se aventuran cada año a la travesía en la que tienen más probabilidades de perder la vida que llegar a destino en lugar de tomar un avión a mitad de precio, es que las autoridades de aduana españolas los devolverían a su país. Las leyes de inmigración de la Unión Europea, que permiten la entrada de unos y no la de otros, son la verdadera causa de miles de muertes al año y la principal fuente y expresión del racismo en toda Europa y en España en particular.

Lo que resulta más difícil de entender es que esta situación de verdadera catástrofe humanitaria se de en un país que no hace veinte años era un emisor de emigrantes. Pocas familias españolas no tienen un integrante que haya viajado a buscar una mejor vida. De hecho, recién en 2006 las remesas de trabajadores en España hacia el exterior superaron las que el país recibe de sus emigrados. Muchos de los inmigrantes que hoy son discriminados y maltratados, o simplemente rechazados en el aeropuerto, vienen de los países que recibieron a los españoles que no hace mucho huían de la violencia y el hambre en la Europa fratricida. Pero los pueblos no tienen buena memoria, y sus gobernantes mucho menos.


 
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