miércoles, octubre 17, 2007

Se democratiza el valle de los caídos

Es un día importante para los españoles, ha caído el máyor símbolo de la dictadura franquista. El martes 17 de octubre se aprobó en el Parlamento la Ley de Memoria Histórica y, como colorario, se declaró al Valle de los Caidos, el mausoleo del dictador fascista, como "El valle de todos los caídos". Desde ahora allí se honrará la memoria de los muertos de los dos bandos de la guerra civil y el fascista allí enterrado se revolverá en su tumba.

Obviamente no es la solución ideal, las víctimas de el terror franquista hubieran preferido que se derribara el monumento hasta la última piedra, pero todo sucede gradualmente. Como dijera el gran Alfredo Zitarrosa, "...no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie".

Nueva ley autorizará a los españoles a recordar su historia



Por Alejo Rivas Devecchi

Luego de varios meses de negociaciones los partidos políticos españoles llegaron a una fórmula de acuerdo para la aprobación de la ley de Memoria Histórica que anulará varias normas remanentes de la pasada dictadura y ordena retirar los símbolos de exaltación del régimen fascista de los edificios y lugares públicos que aún los mantienen.

El proyecto enviado al parlamento declara ilegítimos, no ilegales, los juicios de los tribunales de la dictadura. Esta fue la razón por la que Ezquerra Republicana de Cataluña, se opuso al proyecto al igual que el derechista Partido Popular, aunque este lo hiciera por razones diametralmente opuestas. Los republicanos catalanes consideran esta ley insuficiente en lo referente al tratamiento de la legislación franquista. El PP por su parte, acusa al PSOE de reabrir las viejas heridas de la Guerra Civil y así dividir la sociedad española.

Los muchachos de Aznar nunca se quejaron de la misma forma de las masacres de la dictadura que simplemente dividió la sociedad española de entonces entre vivos (callados) y muertos (aquellos que se atrevieran a hablar). De hecho, este partido se ha negado consecuentemente a condenar el ataque al estado de derecho perpetrado por la dictadura franquista. El pasado 15 de octubre, el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, afirmó que no va a condenar la dictadura franquista porque, a su juicio, el período dictatorial fue de “extraordinaria placidez”.

Pero el hecho de declarar ilegítimas las sentencias de los tribunales franquistas va más allá de su valor simbólico. Esta disposición inicia el mecanismo para eliminar varias normas represivas de la dictadura que se mantienen pese a que hace años que ningún juez las aplica. Los socialistas prefieren curarse en salud y evitar que en cualquier momento algún burócrata nostálgico decida desempolvarlas.

Varias organizaciones de afectados por la dictadura, reclamaron que la ley ordenara la elaboración de un pormenorizado censo de víctimas y que se incluyera el relato de lo ocurrido en los programas de estudio de historia en primaria y secundaria. El Foro por la Memoria, reclamó a su vez que se investiguen todos los crímenes aunque no se juzgue a los culpables, pero al menos se recoja el testimonio de esta época oscura para España. Pero no lo consiguieron, ni siquiera el PSOE acompañó la iniciativa.

La nueva ley obligará sí a que se retiren los símbolos franquistas de de todos los lugares públicos, ya sean de administración estatal o privada. En clara alusión a la Iglesia, la ley habilita a retirar las subvenciones y ayudas públicas a las instituciones que se nieguen a la “ retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.



En definitiva, España empieza a transitar tímidamente el camino de la justicia que, como es ya archisabido, es el único recurso para lograr una verdadera pacificación nacional y sanar en lo posible las heridas de la lucha fratricida. Mientras que la mayoría de los países latinoamericanos ya han conseguido, unos mejor que otros, juzgar y castigar a los responsables de los genocidios cometidos por las dictaduras fascistas que asolaron el continente en los años 70 y 80, aquí recién se está pidiendo permiso al parlamento para recordar lo que sucedió. Será por eso que, pese a los denodados esfuerzos del juez Garzón por apresar a Pinochet, el dictador chileno se fue lo más tranquilo, y al igual que sus colegas ibéricos, se rió a carcajadas de la justicia española.

La monarquía española no admite críticas



Por Alejo Rivas Devecchi

El pasado 25 de julio, la revista humorística española “Jueves” fue censurada por un juez de la Audiencia Nacional y retirada de la venta por incluir en su portada una caricatura de los Príncipes de Asturias que el juez consideró “injuriosa”. Desde entonces se han sucedido una serie de episodios en que varios grupos de personas, en su mayoría nacionalistas, han expresado de varias formas su rechazo a la monarquía.

Parece paradójico, a más de dos siglos de existencia de la democracia moderna como sistema político, que aún se pueda escuchar a un presidente democráticamente electo defendiendo a la monarquía como institución, y más que paradójico si ese mandatario se dice “socialista”. Pero el presidente Zapatero, efectivamente dijo en su intervención ante la dirección del PSOE que los actos de rechazo a la monarquía son: “actitudes de jóvenes radicales, que son minoritarias” y agregó que “actuaciones de este tipo se dan en otros países del mundo y que los autores son minoría, pese a que las ofensas se amplifiquen con su difusión mediática.” Seguramente el presidente español nunca ha tenido noticia de las manifestaciones contra el presidente Bush, que se han dado a lo largo y ancho del planeta, y en ningún caso son minoritarias.

El rey Juan Carlos de Borbón, por su parte, defendió la institución que hace treinta años lo mantiene, valga la redundancia “a cuerpo de rey”. En un discurso pronunciado en la universidad de Oviedo a fines de setiembre, el monarca dijo: "La monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución" ha determinado "el más largo período de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España". Evidentemente, el monarca instalado en el trono por la dictadura franquista también padece de débil memoria. Lo más seguro es que no recuerde que antes que él España tuvo al menos 17 monarcas desde su existencia como reino unificado a partir de la invasión de Al-Andalus a fines del siglo XV, y no todo ese tiempo fue de estabilidad política y mucho menos de prosperidad. Lo que además escapa al razonamiento del rey es que el período al que él se refiere como de “estabilidad y prosperidad” coincide también con la primera vez en la historia española en que el estado de derecho democrático se mantuvo más de seis años seguidos. Obviamente, su perspectiva de monarca le impide pensar que quizás haya sido el sistema de libertades democráticas el que favoreció ese período y no su “presencia soberana”.

Pero, más allá de las declaraciones, las quemas de fotos, los ahorcamientos de muñecos y otras protestas antimonárquicas que representan más o menos el sentir de un pueblo, cabe analizar la posición de la figura real en la sociedad española del siglo XXI.

El primer argumento de los defensores de la monarquía es que el rey no tiene ningún poder efectivo, que es una institución meramente figurativa sin ninguna incidencia en la política del país. Ahora bien, en los presupuestos de 2008, se prevé una remuneración para el Presidente del Gobierno de 91.982 euros, mientras el rey recibirá 8,66 millones en el mismo período. Resulta como mínimo sospechoso que la misma institución (el estado español) pague a su empleado más importante 94 veces menos que a uno que no hace nada, y al que además le mantiene sus varias y suntuosas propiedades.



En cuanto a las funciones del rey, que sus defensores insisten en minimizar, incluyen según la constitución, “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”, así como “declarar la guerra y hacer la paz”, esto leído por cualquier hispano parlante de cualquiera de las 27 academias de la lengua hoy vigentes, significa que es el máximo responsable de la intervención de España en cualquier conflicto bélico, guerras de Irán y Afganistán incluidas. Si a esto es a lo que se intenta llamar atribuciones mínimas y sin importancia, asusta pensar en cuales serán las atribuciones importantes y en manos de quien puedan estar, sin hablar de lo que debe ganar esa persona.

La posición del rey Juan Carlos es totalmente entendible, su tiempo se acaba, el mundo contemporáneo no deja ya lugar a la transmisión del poder por herencia. Tampoco pertenece a estos tiempos el artículo 57 de la constitución donde se expresa el carácter fuertemente discriminatorio de ese sistema hereditario: “La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores;...; el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. La monarquía, como toda especie en peligro de extinción, se queja, utiliza los recursos a su alcance para intentar desautorizar a sus detractores, mientras se mantiene de espaldas al reloj de la historia, que no detiene su avance implacable.

La mentira repetida mil veces



Por Alejo Rivas Devecchi

El martes 25 de setiembre, el matutino El País de Madrid publicó las actas de una reunión que mantuvieron el ex presidente español José María Aznar, George W. Bush y sus respectivos asesores cuatro semanas antes de la invasión a Irak, en el rancho de Crawford, Texas. La importancia de esa conversación y su actual revelación radica en el hecho de que tuvo lugar cuando aún ni siquiera se había enviado a la ONU la segunda resolución referente a Irak, que al final ni siquiera llegó a considerarse. Sin embargo, el presidente norteamericano ya tenía los movimientos previos en marcha, e incluso había decidido la fecha de la invasión.

Bush dijo que el ataque era inminente, con resolución favorable o no, "Quedan dos semanas. En dos semanas estaremos militarmente listos. Estaremos en Bagdad a finales de marzo". Aznar, por su parte, le aseguró su apoyo y sólo pidió que le ayudara con la opinión pública de su país. Esto significa que, cuando al día siguiente el presidente español se dirigió a la población por televisión y aseguró que el régimen de Irak era un enorme peligro para el planeta y que se estaba haciendo todo lo posible por evitar el conflicto, mentía descaradamente.

A partir de ese momento, Aznar se dedicó a justificar su actitud ante la ciudadanía, sumando una mentira a otra y repitiéndolas frente a los medios de comunicación sin el más mínimo pudor, en cada oportunidad que se le presentaba. Un año después de la invasión, el 11 de marzo de 2004 (11M), tuvo lugar en la estación central de trenes de Madrid el mayor atentado que sufrió la nación española desde la Guerra Civil, consecuencia directa de la participación del país en la guerra de Irak. El gobierno de Aznar continuó su sumatoria de mentiras atribuyendo el atentado a la organización terrorista vasca ETA cuando ya era clara la autoría del fundamentalismo islámico; pero esta vez el electorado le dijo basta. El Partido Popular (PP) de Aznar perdió las elecciones que se celebraron tres días después y consideraban ganadas.

Pero el PP no perdió las elecciones por amplio margen, más de un 40 por ciento del electorado siguió fiel a los populares, pese a sus mentiras. Por eso los socios políticos de Aznar insisten en su modus operandi, y día a día agregan nuevas creaciones a su ya conocido repertorio de mentiras. Desde 2003 han continuado, y continúan hoy, repitiendo la mentira de la autoría de ETA en los atentados del 11M, que fue rebatida una y otra vez, incluso en los tribunales.

Esta forma de hacer política no es exclusiva de España, ni siquiera novedosa. Cambiando un par de nombres y algunas fechas, podemos trasladar esta crónica a casi cualquier país del planeta. De un modo u otro, todos suponemos que cuando los responsables de la política mundial se reúnen, se dicen cosas como las que ahora se revelan sobre la reunión del 22 de febrero de 2003 en Crawford, e inmediatamente después esos hombres poderosos se dedican a mentir sistemáticamente a sus respectivos votantes. Obviamente, hay una razón por la que esas reuniones son secretas, es lógico suponer que los participantes no quieren que la opinión pública sepa lo que realmente sucede en tales ocasiones, sino la distorsionada versión que ellos darán luego a los medios. Lo que resulta verdaderamente indignante es verlos luego llenarse la boca una y otra vez anunciando a los cuatro vientos la transparencia y honestidad de sus actos. Y más curioso es ver que sus electores, sabiendo de sus constantes patrañas, les crean (o simulen creerles) y los vuelvan a votar.

Dicho más claramente, el actual sistema político mundial se basa en un entramado de falsedades, fraguadas por los que detentan el poder, y aceptadas por un electorado conformista que simula creerlas y les entrega sus impuestos y sus votos; sólo piden a cambio que se las repitan mil veces.
 
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