jueves, mayo 15, 2008

El neocolonialismo español reclama los tesoros robados hace siglos

Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 11/05/2008
El gobierno “socialista” de España, se empeña en reclamar como suyo el tesoro hallado por la empresa norteamericana Odyssey Explorer, correspondiente a la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, que fuera hundida en 1804 bajo fuego inglés frente a las costas de Cádiz. La fragata, procedente de Perú vía Montevideo, transportaba una voluminosa carga de monedas de oro y plata usurpadas en las entonces colonias españolas.

Más allá de las consideraciones legales, sería una buena oportunidad para que el Reino de España empezara de una vez por todas a reparar su histórica deuda moral con sus ex colonias y para reconocer el genocidio y usurpación a que sometió a sus pueblos aplicando tempranamente el terrorismo de estado. Hubiera sido un acto de honestidad histórica y de inteligencia política el haber concertado con los verdaderos dueños de la carga de la fragata las reclamaciones a la empresa rescatadora.

Pero aunque España se vista de democracia, reino se queda. Ya su Jefe de Estado, o sea su rey, mostró a las claras su actitud para con los estados latinoamericanos cuando pretendió prepotentemente hacer callar a un presidente democrático en una reunión de jefes de estado. El ministro de cultura español, César Antonio Molina, sigue la misma línea que su jefe. Entrevistado acerca de los posibles reclamos del Perú sobre el tesoro de la fragata Mercedes contestó: “Ese barco tiene bandera española y el Perú en aquella época pertenecía a España”. Claro que el ministro no se detuvo a pensar que la reclamación se está haciendo actualmente, cuando ya el Perú no pertenece a España.

El ministro Molina tampoco se detuvo a pensar en la legitimidad de la “posesión” española del Perú en tiempos incaicos. Quizás el Ministro de Cultura no recuerde que los representantes del Estado y la Iglesia españoles que invadieron esas y otras regiones sudamericanas, no fueron invitados. Seguramente tampoco recuerde que en esa invasión cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad, por el que aún no se le ha pedido reparación al rey de España, aunque ya llegará el día, todo llega. También seguramente este señor opinaría de otro modo si las reliquias en cuestión hubieran sido tomadas por los musulmanes que ocuparon la península ibérica hasta 1492, aunque España no existiera entonces como país.

En un editorial publicado el 4 de setiembre de 2007, el New York Times (NYT) compara el derecho de los peruanos de reclamar esa carga con recientes casos de Italia, Etiopía, Libia y del propio Perú. Los museos Getty, Met y el Boston Museum of Fine Arts, reconocieron el derecho de Italia a reclamar sus antigüedades robadas y se comprometieron a devolverlas. El propio Perú está negociando con Yale para recuperar miles de piezas que Iram Bingham tomó “prestadas”de Machu Picchu en 1912 y llevó al museo Peabody

En 2005 Italia devolvió a Etiopía un obelisco de 1700 años de antigüedad llevado a Roma en 1937 siguiendo las órdenes de Mussolini. También prometió devolver una estatua de Venus del siglo segundo a Libia, que las tropas italianas robaron en 1913. También Grecia reclamó los llamados “Mármoles de Elgin”, que Lord Elgin robó del Partenón y llevó al British Museum en 1801.

El editorialista del NYT agrega que el pueblo Inca no entregó el oro voluntariamente a los españoles, sino que los invasores lo tomaron por la fuerza y concluye que los anteriores casos demuestran el derecho del Perú a reclamar como suya la carga de la fragata Mercedes. Claro que los países nombrados que han devuelto reliquias son Repúblicas democráticas que eligen a sus jefes de estado. La situación de España es diferente, es un Reino regido por un monarca vitalicio designado por un dictador fascista, que ya ha demostrado su sentir respecto a “sus colonias”.

El gobierno de “izquierda” uruguayo plantea leyes contra la libertad individual

Por Alejo Rivas Devecchi

El nuevo proyecto de ley de Procedimientos Policiales en Uruguay incluye algunos avances en lo referente al trato a menores infractores, pero también incluye cláusulas que representan un retroceso en las libertades individuales, una de las pocas razones de orgullo que les quedaban a los habitantes del patio trasero de Americalapobre (salú Pelo).

El Uruguay cuenta (o contaba) con una legislación sumamente avanzada, en particular en materia de leyes laborales y derechos individuales. Esto es herencia de su pasado millonario, cuando los europeos se mataban unos a otros en estúpidas guerras (valga la redundancia) y los rioplatenses se enriquecían vendiéndoles carne a buenos precios, sin las barreras de las subvenciones. A los que nos ha tocado deambular por los barrios más remotos, aún siendo legos en materia jurídica, no para de sorprendernos el hecho que países considerados del “primer mundo”, tengan legislaciones mucho más primitivas que las uruguayas. Países de Europa que no cuentan en su marco legal con conceptos fundamentales como leyes que limiten a ocho horas el trabajo, o la ilegalidad de la prisión preventiva.

Pero parece que el mundo ha entrado en uno de esos períodos en que todo retrocede, (al menos si fuera para tomar carrera). Tanto que los gobiernos “socialistas” se han avocado a la labor de restringir las libertades que sus antepasados se mataron por conseguir, o mejor dicho los mataron. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) a firmó en la Cámara de Diputados que “las soluciones normativas más trascendentes que se proponen se encaminan a una rebaja de las garantías” respecto a la libertad personal, y que no respetan la Constitución, las normas internacionales sobre derechos humanos, ni los tratados firmados en la materia.

La nueva “ley de Procedimientos Policiales” del gobierno de Tabaré Vázques ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y sigue su camino hacia la promulgación y posterior aplicación. De sus más de 170 artículos, cabe analizar el número 125, referente a los allanamientos. La Constitución de la República Oriental del Uruguay (ROU), garantiza, en su artículo 11, la inviolabilidad del hogar, literalmente dice: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.” Pero el citado artículo de la nueva ley habilita a la policía a “ingresar a una morada cuando cuente con indicios razonablemente fundados del desarrollo de las siguientes situaciones: presencia de personas heridas o fallecidas; incendio; emanaciones de gas; riesgos a la integridad física o a la vida de sus ocupantes; pedidos de auxilio provenientes de su interior o cuando así lo indicaren vecinos o terceros; casos de flagrante delito”.

O sea, dicho en cristiano básico, la nueva ley habilita a la policía a allanar los hogares si previa orden judicial, en condiciones particulares, que todo el mundo sabe cuan fáciles de fraguar son, llegado el caso.
Además, hasta ahora, en esos casos extremos la policía sí entraba en domicilios y a ningún juez se le ocurrió procesar a un bombero por apagar un incendio o eliminar un escape de gas. Los uruguayos se preguntan por qué ahora resulta que se debe autorizar esos allanamientos y, de paso, algunos más.

Pero eso no es todo, el decreto 690/80, creado por la dictadura, permitía la detención en averiguaciones, las tristemente famosas “razzias”. Una de las primeras acciones de este gobierno fue derogar ese decreto, cosa que el Uruguay aplaudió. Ahora resulta que el maldito decreto se reimplanta, y no sólo permite detener a sospechosos, sino también a víctimas. Los artículos 42 y 43 del proyecto ya casi aprobado, habilitan a la policía a detener a un ciudadano “que interrogado … rehusare dar su nombre, estado, vecindad o cualquier otro antecedente, o los diere falsos”. Una pregunta sencilla sería cómo sabe el policía que el nombre que le da un transeúnte es falso, si no tiene documentos. Así que volvemos a la época de llevar los documentos encima o vamos presos, Pero ¿y si el policía ve la cédula y dice que es falsa?, pues marche preso “en averiguaciones”. O sea, diga lo que diga el ministro, volvemos a las razzias, y encima ahora son legales.

Estos no son los únicos recortes a la libertad planeados por la nueva “izquierda” uruguaya, la lista sigue. El ciudadano común se puede preguntar legítimamente que puede hacer al respecto, y responderse vencido “nada”. Antes culpaba a los fascistas, pero la dictadura pasó y los políticos siguieron legislando contra el ciudadano de a pie. “Son los tradicionales” dijo entonces, pero blancos y colorados pasaron y ahora gobierna el Frente Amplio, la izquierda que lo venía a salvar. Pero la izquierda también lo ataca y le van quedando pocas esperanzas.

La crisis en España y las medidas de sus dirigentes

Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 27/04/2008
Los efectos de la crisis de las hipotecas “subprime” han afectado las economías de la mayor parte de los países occidentales, y en particular al Reino de España. El gobierno anuncia medidas que los sectores sociales consideran insuficientes, la economía cae y al final, como siempre, pagarán los trabajadores.

En principio, el gobierno del PSOE pasó los meses que duró la campaña electoral intentando esconder las señales de caída económica. Lógicamente eso afectaría su credibilidad como administrador y le quitaría votos. Claro que si se hubiera actuado antes, (como un buen administrador) los efectos en las economías domésticas españolas hubieran sido menores, pero las prioridades de los dirigentes son claras, y el bienestar de sus compatriotas nunca encabeza la lista, los votos si, obvio.
El Partido Popular si se ha pasado el último año alertando acerca de la crisis, pero como sus dirigentes sufren de un profundo síndrome de pastor mentiroso, ya nadie les cree nada.

En la edición del 18 de abril 2008 del matutino Público, se anunció la aprobación, en el primer consejo de ministros de la novena legislatura, de un paquete de medidas económicas impulsado por el gobierno, tendiente a paliar la crisis. Según el sitio web del PSOE, el paquete económico del gobierno consistirá en una inyección de 10.000 millones de euros en la economía del país. La vía de introducción de ese dinero será el pago de los 400 euros prometidos a cada contribuyente, que costará 6000 millones, y los 4000 restantes se dedicarán a medidas para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas, así como avales para que los bancos faciliten la compra de viviendas de protección oficial.

Ahora bien, más de la mitad de la ayuda económica con la que el gobierno español pretende detener la crisis consiste en aportar 400 euros (por única vez) a 15 de los 20 millones de trabajadores españoles. El sueldo promedio en España es de 1500 euros mensuales, la inflación del último año fue mayor al cuatro por ciento según cifras oficiales (aunque todos sabemos que triplica eso con creces), así que, sumando con los dedos, al trabajador promedio le faltarían 320 euros ese año, sólo para empatar la inflación oficial. Claro que el gobierno se olvida de los desempleados, que ya cuentan dos millones y según estimaciones optimistas, aumentarán en medio millón este año.
Claramente los 400 euros del gobierno son o una burla o un intento de tapar el sol con el dedo.

Uno de los sectores más afectado por la crisis en España es la industria de la construcción que, como cualquier abombau se da cuenta, arrastra al resto de la sociedad en su caída. Según la prensa local del sábado 26 de abril “la venta de viviendas ha caído un sesenta por ciento en los últimos ocho meses”. Se trata de una cifra confirmada por el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote, que evaluó en aproximadamente medio millón el número de viviendas en "stock" en la actualidad, es decir que no se han podido vender.

A pesar de la situación, Chicote descartó la posibilidad de una pronta bajada de los precios de la vivienda, aunque reconoció que habrá promotores que se verán obligados a bajarlos por problemas financieros. A su juicio, "la única forma de abaratar la vivienda es conseguir que el suelo sea mucho más barato".

Lo que Chicote se olvidó de explicar es que el precio de la vivienda en España aumentó exponencialmente en los últimos años. Según los informes anuales publicados por Idealista.com, el promedio del metro cuadrado de vivienda en Madrid subió desde 1849 euros el 31 de diciembre de 2000 a 4865 euros el mismo día de 2006, un 263 por ciento de aumento que significa un promedio anual de 37,6 por ciento.

Pero la economía española ciertamente no siguió el mismo ritmo, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (Employment Outlook, 2007) entre los años 2000 y 2005, los salarios en España descendieron una media anual de 0,3 por ciento. O sea, dicho todo esto en cristiano, en este período los españoles se vieron obligados a dedicar casi tres veces más dinero de sus ingresos a pagar sus viviendas y satisfacer la voracidad de los especuladores inmobiliarios, al tiempo que sus salarios se reducían. Los dueños de las empresas constructoras, los dueños de las tierras y los intermediarios inmobiliarios amasaron inconmensurables fortunas en los últimos años a costa de la reducción de la calidad de vida de los consumidores ante la vista y complacencia de los gobernantes de turno.
No es extraño que ahora se nieguen a reducir el precio de la vivienda, pues pese a la enorme disminución de la venta, sus ganancias seguirán siendo exorbitantes.

En resumen, la crisis no sólo proviene del gran imperio del norte, la economía local ya venía muy mal desde hace tiempo. Su llamado crecimiento económico, era en realidad aumento del endeudamiento de las familias, al tiempo que se multiplicaban las ganancias de las empresas gracias a la disminución de los salarios y la multiplicación incontenida de los precios. Y las medidas para detener esta situación parecen al ciudadano de a pié tan efectivas como arco y flecha contra tanques blindados.

Recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo; depresión es cuando lo pierdes tú (increíblemente, Ronald Reagan).

Los planes del viejo presidente del nuevo gobierno del Reino de España

Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 14/04/2008.-
José Luis Rodríguez Zapatero, al ser investido por segunda vez como presidente del gobierno, ahora para el noveno período legislativo del reinado de Juan Carlos I de Borbón, pronunció un discurso sin anunciar novedades para los ciudadanos de a pie, aunque si algunas decepciones para los inmigrantes, que ya constituyen un diez por ciento de la ciudadanía del país.

Escuchando a Zapatero uno se pregunta si lee los discursos para sí antes de pronunciarlos en voz alta frente a un micrófono. Afirmaciones como que planea "impulsar una clara idea de España... un país unido y diverso... y comprometido con la paz y el cambio climático", contrastan mucho con el paisaje que presenta la España del siglo XXI. Un país, lejos de diverso, intolerante con miles de casos anuales de violencia xenófoba; que tiene tropas de ocupación en Afganistán y en cuyas ciudades y pueblos prima el cemento y la luz artificial. La exageración constructiva indiscriminada y la iluminación eléctrica exacerbada no condicen con la expresión de intenciones de compromiso con el cambio climático, a menos que se refiera a acelerarlo.

Además da la impresión que el nuevo presidente no lee los diarios españoles cuando dice que pretende “alcanzar el pleno empleo y la igualdad definitiva entre hombre y mujeres", ya que hace semanas que su ministro de trabajo Jesús Caldera viene anunciando lo contrario, justamente el domingo 13 afirmó estar preocupado acerca del empleo “porque la evolución a lo largo de este año puede continuar en una senda descendente".

El Presidente del nuevo gobierno socialista anuncia medidas económicas realmente poco socialistas. A los autónomos, asalariados y pensionistas deducirá 400 euros de su pago de IRPF. A las empresas adelantará las devoluciones de IVA, reducirá en un 30 por ciento su carga fiscal administrativa. Además eliminará el impuesto al patrimonio. A simple vista, parecería que una persona dueña de una empresa o con un gran patrimonio (o sea aquellos a quienes la crisis afecta menos) obtendrá bastante más de 400 euros de las medidas del nuevo gobierno, lo que hace que no parezcan muy socialistas sus planteos.

En lo referente al tema de la inmigración su discurso es, como poco, contradictorio; por un lado, afirma en su introducción al tema que los inmigrantes “con su trabajo contribuyen a nuestra riqueza económica, social y cultural” y que la inmigración es un fenómeno “que juega un papel fundamental en nuestro crecimiento económico y en la sostenibilidad de nuestro modelo social; hasta el punto de contribuir a hacer sostenible nuestro sistema de pensiones”. Pero a renglón seguido desliza una duda acerca de todo lo anterior cuando asegura que “intensificaremos la cooperación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que ni un solo ciudadano se vea privado de cualquier derecho o ayuda social por la llegada de inmigrantes”. No parece que quede muy claro, ¿los inmigrantes aseguran el mantenimiento de la seguridad social o son una amenaza a los derechos de los nacionales?

En el plano internacional, el presidente Zapatero anuncia que se compromete a trabajar para “consolidar la democracia en América Latina” y que desearía “abrir un capítulo nuevo con EEUU, para intensificar nuestra cooperación". Esta intención es la más novedosa de las expresadas en el discurso de investidura. España es un país que entiende la democracia como una Monarquía en la que, según su Constitución, “la persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Un país que cuenta con un sistema electoral que permite la reelección indefinida del Presidente del gobierno, pero no su elección directa. Cabe preguntarse como un país así puede ayudar a consolidar la democracia en países sin monarcas ni nobles, que eligen directamente a sus representantes. Aunque más difícil aún es adivinar qué relación encuentra el presidente del gobierno socialista entre “consolidar la democracia” dondequiera que sea y “abrir un capítulo de cooperación con EEUU".

En definitiva, el discurso del presidente José Rodríguez no augura cambios estructurales, en ninguno de sus frentes de acción y no parece muy socialista en sus planteos. Claro que la alternativa, el derechista Partido Popular propone inclinar bastante más la balanza a favor de las clases dominantes en perjuicio de los dominados, y de su concepto neofranquista de democracia mejor no hablar.

La inoperancia de la justicia española costó la vida de una niña

Hace casi dos meses desapareció una niña de cinco años en Huelva, Andalucía. Desde el primero momento se inició un despliegue social y policial para recuperarla. Pero todo el esfuerzo resultó inútil, el cuerpo de la niña fue encontrado el siete de marzo en un muelle de la ría de Huelva. Entonces se alzan voces de reclamo, la mayoría apuntan a este caso particular, pero unas pocas exigen cambios estructurales.

Dos aspectos de este caso dejan al descubierto la inoperancia de dos instituciones estatales. Desde el primer día, el padre de la niña sospechaba del acusado pero, aún con ese dato, la policía tardó más de dos meses en ubicar al sospechoso, demasiado tarde para ella. Los “investigadores” no se dieron cuenta que el sospechoso se presentaba los días uno y cinco de cada mes en el juzgado de instrucción número ocho de Sevilla en cumplimiento de las medidas cautelares que se le impuso por tocamientos a una menor en diciembre de 2006. Lo que resulta incomprensible es que esta misma institución no tarda mucho en encontrar a personas denunciadas por multas de tránsito u otras faltas menores.

El otro aspecto que completa esta paradoja administrativa es que el supuesto asesino de Mari Luz Cortés es un hombre con antecedentes por pederastia, cinco de las nueve causas abiertas contra él son por ese motivo, y tiene incluso una condena pendiente. Fue condenado a cumplir dos años y ocho meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija de cinco años, y desde marzo de 2006 es buscado para encerrarle. O sea que, al mismo tiempo que este hombre concurría a un juzgado sevillano cada quince días, otro juzgado de la misma ciudad lo consideraba inubicable y por lo tanto no lo emplazaba a cumplir su condena.

Cuando este tipo de casos llegan a las primeras planas, los analistas sociales se preguntan acerca de la corrupción administrativa y sus consecuencias. Porque la característica mediática y la gravedad de este caso impidió que pasara desapercibido, pero por cada caso así hay miles de injusticias, miles de vidas y familias destrozadas por la corrupción y la inoperancia de las administraciones estatales.

Corrupción no es sólo el hecho que un funcionario exija dinero o favores especiales para cumplir, o no, su función. Como sucedía en el ayuntamiento de Madrid, a la vista y conocimiento de todo el mundo sin que nadie hiciera nada al respecto, por más que algunos medios se esforzaran esporádicamente en denunciarlo. Es que esos mismos juzgados que le pierden la pista a los pederastas aún cuando matan niñas, son igualmente efectivos cuando se trata de olvidar las denuncias contra sus colegas de otros institutos estatales.

Por eso es que muchos de los reclamos que se plantean en esta oportunidad piden un cambio estructural, un cambio en los sistemas que evite que estos casos se produzcan con mucho más frecuencia de la deseada o mejor dicho propagandeada. Claro que entonces se pondría en evidencia que hay miles de funcionarios cuya única función es entorpecer el proceso administrativo, y eso sería sumamente complicado de procesar para el sistema de clientelismo político. Habría que cambiar muchas estructuras y fundamentalmente muchas caras e intenciones, caras hoy intocables gracias a la amigocracia, intenciones inalterables gracias a la corrupción. Pero la sociedad evoluciona, llegará el día en que el estado cumpla las funciones para las que le pagamos gran parte de nuestros ingresos, mientras tanto sobran las vidas para arruinar y las niñas para matar.

El PSOE se mantiene en el gobierno y su ventaja sobre el PP

Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 9/03/2008
Los resultados oficiales de las elecciones generales españolas confirman lo adelantado por las encuestas a boca de urna divulgadas al las 20, al cierre de los colegios electorales. José Luis Rodríguez Zapatero continuará otros cuatro años en el cargo de Presidente del Gobierno y Mariano Rajoy se queda sin su ansiado sillón.

El resultado continúa la tradición, todos los presidentes españoles desde el final de la dictadura han sido reelectos al menos una vez, Felipe Gonzáles lidera la lista con tres reelecciones. En un primer análisis de los resultados, resulta evidente que los votos de la izquierda se han concentrado en el PSOE, ya que la representación de Izquierda Unida bajó de cinco a dos diputados y Ezquerra Republicana perdió cinco de sus ocho representantes. Los analistas coinciden en señalar que se evidencia una voluntad de los votantes de izquierda de frenar el posible avance del PP con el llamado “voto útil” que supone fortalecer al más fuerte de un lado para enfrentar a los contrarios.

La previa
El clima político con que España llegó a estas elecciones fue tenso, aunque este país parece ya acostumbrado a los comicios bajo amenazas. Luego de quince años sin debates televisados, este año los españoles pudieron ver al menos dos de sus candidatos en confrontación discursiva antes de las elecciones. Hubo dos debates en que se enfrentaron dos de los candidatos presidenciables, uno casi la repetición del otro. En las dos ocasiones se trataron temas circunstanciales de la actualidad política a modo de discurso alternado, sin debate propiamente dicho . No hubo diálogo ideológico, ni confrontación político-filosófica alguna. Las encuestas post-debates declararon ganador en ambas ocasiones a Rodríguez Zapatero, candidato del Partido Socialista Obrero Español, sobre Mariano Rajoy, candidato del derechista Partido Popular. Los demás partidos, que fueron excluidos por los medios de comunicación de estos debates electorales, protestaron por esa restricción mediática de la política española al bipartidismo.

Dos días antes de la concurrencia a las urnas, la banda terrorista ETA hizo su acostumbrada aparición del único modo que sabe. Mataron a Isaías Carrasco, un ex - concejal del PSOE, por la espalda y frente a su hija y su esposa; tan cobarde como suena. Este asesinato terrorista vino a desautorizar el argumento central de la campaña electoral del PP, que aseguraba que había un pacto entre PSOE y ETA.

El sistema
España está dando aún sus primeros pasos en el camino del ejercicio democrático. Apenas han transcurrido treinta años de monarquía constitucional. En este tiempo, el electorado español recién ha tenido oportunidad de participar en diez elecciones generales, de las que surgieron parlamentos que eligieron a sólo cuatro presidentes.
Desde el final de la dictadura fascista que derrocó el primer régimen democrático español, España es un Reino. El Jefe de Estado del Reino de España es el Rey, elegido por el dictador y su sucesor será hereditario.
Los comicios que se celebraron el domingo en España eligieron “Las Cortes”, o sea a los integrantes de las dos cámaras que componen el poder legislativo. Los legisladores designados elegirán a su vez al Presidente del Gobierno, jefe del poder ejecutivo. El cargo de Presidente del Gobierno es casi análogo al de Primer Ministro en el régimen inglés y también puede ser reelecto indefinidamente.

Seguirán las horas de valoraciones y balances. En los próximos días se escucharán los “yo nunca dije eso” y los “ya lo decía yo”. Hoy queda la imagen clara de un electorado que demostró estar conforme con la conducción nacional de los últimos cuatro años y de una importante fuerza de derecha fiel a sus líderes y nostálgica de sus días de gloria.

La derecha de España exigirá un contrato a los inmigrantes

Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 24/02/2008.-
A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales en España, el Partido Popular que agrupa a la mayoría de la derecha española, hace promesas que lo sitúan cada vez más claramente en el sector de la ultraderecha. La última creación de los ideólogos del PP es un contrato, que obligarían a firmar a quien solicite residir por más de un año en España; obviamente en caso que accedan al gobierno.

Según Mariano Rajoy, presidente del PP, el “contrato de integración” tendría validez jurídica y comprometería al pretendido inmigrante a: "cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles", entre otras cuestiones; desgraciadamente aún no ha especificado las “otras cuestiones”.

Si se lee atentamente la propuesta de contrato, da la impresión que Rajoy no conociera en lo más mínimo la realidad de su propio país. En efecto, la primera condición de su propuesto contrato es que el inmigrante cumpla las leyes españolas. Parece que el candidato a presidente del PP no se ha enterado que los inmigrantes que viven ahora y han vivido hasta ahora en España, deben obedecer, y obedecen las leyes del país.

La segunda condición que Rajoy quiere imponer a los inmigrantes es igual de estéril: “aprender la lengua española”, aunque no especifica cuál de las cuatro lenguas españolas. Claro que, conociendo las posiciones de Rajoy podríamos descontar que se refiere al castellano. Cualquier abombau se da cuenta que lo primero que quiere un inmigrante es aprender el idioma del país que lo acoge, es el primer paso para integrarse y así tener posibilidades para sí y su familia. Fundamentalmente en un país como España donde el porcentaje de la población nativa que habla una lengua extranjera es casi nulo.

La tercera de las imposiciones contractuales se refiere a “las costumbres españolas” aunque no especifica cuales. Esto complica la cosa sobremanera para los inmigrantes en un país tan heterogéneo como España, donde los del norte odian a los del sur, los catalanes a los madrileños, los vascos a todo el planeta y todos odian a los madrileños. ¿A que costumbres se referirá Rajoy? Es de esperar que no se refiera a las de los funcionarios públicos españoles, porque si los inmigrantes las respetaran el país se detendría virtualmente. Pues al aplicar la tradicional doctrina del “vuelva usted mañana”, analizada en profundidad por el gran Larra, no trabajarían casi nada y aumentaría a niveles exorbitantes el consumo de té, café y demás ingestas típicas de las oficinas. Esperemos que tampoco se refiera a las costumbres de sus alcaldes, porque entonces ya no quedaría dinero por robar, perdón, debí decir “recalificar”. Confiamos que el candidato derechista se refiriera al café en el bar y a la caña con tapas a la salida del trabajo que, huelga comentar, constituye el motor de la economía, aunque es verdad que causa algunos problemas de tráfico.

Algunos de los políticos de centro e izquierda calificaron la propuesta del líder derechista de xenófoba, pero Rajoy, con la habitual profundidad en sus argumentos y razones, contestó que esas palabras le "traen sin cuidado". Es decir que sin llegar a pronunciar la celebre frase de de la ultraderechista australiana Pauline Hanson ante la misma pregunta: “Please explain”, tampoco dejó en claro que conociera el significado del término.

El contrato propuesto por Rajoy incluirá el requisito de "regresar a su país si durante un año no logra encontrar empleo". Esto ya culmina la acumulación de disparates rajoyanos y es la demostración más clara de lo lejos que vive este señor de la realidad cotidiana. Obviamente alguien que gana más de ocho mil euros del dinero de los contribuyentes no se habrá enterado aún que no es tarea fácil vivir un año en España sin trabajar, siempre referido a quienes no sean políticos, obvio.
 
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