La inoperancia de la justicia española costó la vida de una niña

Hace casi dos meses desapareció una niña de cinco años en Huelva, Andalucía. Desde el primero momento se inició un despliegue social y policial para recuperarla. Pero todo el esfuerzo resultó inútil, el cuerpo de la niña fue encontrado el siete de marzo en un muelle de la ría de Huelva. Entonces se alzan voces de reclamo, la mayoría apuntan a este caso particular, pero unas pocas exigen cambios estructurales.

Dos aspectos de este caso dejan al descubierto la inoperancia de dos instituciones estatales. Desde el primer día, el padre de la niña sospechaba del acusado pero, aún con ese dato, la policía tardó más de dos meses en ubicar al sospechoso, demasiado tarde para ella. Los “investigadores” no se dieron cuenta que el sospechoso se presentaba los días uno y cinco de cada mes en el juzgado de instrucción número ocho de Sevilla en cumplimiento de las medidas cautelares que se le impuso por tocamientos a una menor en diciembre de 2006. Lo que resulta incomprensible es que esta misma institución no tarda mucho en encontrar a personas denunciadas por multas de tránsito u otras faltas menores.

El otro aspecto que completa esta paradoja administrativa es que el supuesto asesino de Mari Luz Cortés es un hombre con antecedentes por pederastia, cinco de las nueve causas abiertas contra él son por ese motivo, y tiene incluso una condena pendiente. Fue condenado a cumplir dos años y ocho meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija de cinco años, y desde marzo de 2006 es buscado para encerrarle. O sea que, al mismo tiempo que este hombre concurría a un juzgado sevillano cada quince días, otro juzgado de la misma ciudad lo consideraba inubicable y por lo tanto no lo emplazaba a cumplir su condena.

Cuando este tipo de casos llegan a las primeras planas, los analistas sociales se preguntan acerca de la corrupción administrativa y sus consecuencias. Porque la característica mediática y la gravedad de este caso impidió que pasara desapercibido, pero por cada caso así hay miles de injusticias, miles de vidas y familias destrozadas por la corrupción y la inoperancia de las administraciones estatales.

Corrupción no es sólo el hecho que un funcionario exija dinero o favores especiales para cumplir, o no, su función. Como sucedía en el ayuntamiento de Madrid, a la vista y conocimiento de todo el mundo sin que nadie hiciera nada al respecto, por más que algunos medios se esforzaran esporádicamente en denunciarlo. Es que esos mismos juzgados que le pierden la pista a los pederastas aún cuando matan niñas, son igualmente efectivos cuando se trata de olvidar las denuncias contra sus colegas de otros institutos estatales.

Por eso es que muchos de los reclamos que se plantean en esta oportunidad piden un cambio estructural, un cambio en los sistemas que evite que estos casos se produzcan con mucho más frecuencia de la deseada o mejor dicho propagandeada. Claro que entonces se pondría en evidencia que hay miles de funcionarios cuya única función es entorpecer el proceso administrativo, y eso sería sumamente complicado de procesar para el sistema de clientelismo político. Habría que cambiar muchas estructuras y fundamentalmente muchas caras e intenciones, caras hoy intocables gracias a la amigocracia, intenciones inalterables gracias a la corrupción. Pero la sociedad evoluciona, llegará el día en que el estado cumpla las funciones para las que le pagamos gran parte de nuestros ingresos, mientras tanto sobran las vidas para arruinar y las niñas para matar.