El gobierno de “izquierda” uruguayo plantea leyes contra la libertad individual

Por Alejo Rivas Devecchi

El nuevo proyecto de ley de Procedimientos Policiales en Uruguay incluye algunos avances en lo referente al trato a menores infractores, pero también incluye cláusulas que representan un retroceso en las libertades individuales, una de las pocas razones de orgullo que les quedaban a los habitantes del patio trasero de Americalapobre (salú Pelo).

El Uruguay cuenta (o contaba) con una legislación sumamente avanzada, en particular en materia de leyes laborales y derechos individuales. Esto es herencia de su pasado millonario, cuando los europeos se mataban unos a otros en estúpidas guerras (valga la redundancia) y los rioplatenses se enriquecían vendiéndoles carne a buenos precios, sin las barreras de las subvenciones. A los que nos ha tocado deambular por los barrios más remotos, aún siendo legos en materia jurídica, no para de sorprendernos el hecho que países considerados del “primer mundo”, tengan legislaciones mucho más primitivas que las uruguayas. Países de Europa que no cuentan en su marco legal con conceptos fundamentales como leyes que limiten a ocho horas el trabajo, o la ilegalidad de la prisión preventiva.

Pero parece que el mundo ha entrado en uno de esos períodos en que todo retrocede, (al menos si fuera para tomar carrera). Tanto que los gobiernos “socialistas” se han avocado a la labor de restringir las libertades que sus antepasados se mataron por conseguir, o mejor dicho los mataron. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) a firmó en la Cámara de Diputados que “las soluciones normativas más trascendentes que se proponen se encaminan a una rebaja de las garantías” respecto a la libertad personal, y que no respetan la Constitución, las normas internacionales sobre derechos humanos, ni los tratados firmados en la materia.

La nueva “ley de Procedimientos Policiales” del gobierno de Tabaré Vázques ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y sigue su camino hacia la promulgación y posterior aplicación. De sus más de 170 artículos, cabe analizar el número 125, referente a los allanamientos. La Constitución de la República Oriental del Uruguay (ROU), garantiza, en su artículo 11, la inviolabilidad del hogar, literalmente dice: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.” Pero el citado artículo de la nueva ley habilita a la policía a “ingresar a una morada cuando cuente con indicios razonablemente fundados del desarrollo de las siguientes situaciones: presencia de personas heridas o fallecidas; incendio; emanaciones de gas; riesgos a la integridad física o a la vida de sus ocupantes; pedidos de auxilio provenientes de su interior o cuando así lo indicaren vecinos o terceros; casos de flagrante delito”.

O sea, dicho en cristiano básico, la nueva ley habilita a la policía a allanar los hogares si previa orden judicial, en condiciones particulares, que todo el mundo sabe cuan fáciles de fraguar son, llegado el caso.
Además, hasta ahora, en esos casos extremos la policía sí entraba en domicilios y a ningún juez se le ocurrió procesar a un bombero por apagar un incendio o eliminar un escape de gas. Los uruguayos se preguntan por qué ahora resulta que se debe autorizar esos allanamientos y, de paso, algunos más.

Pero eso no es todo, el decreto 690/80, creado por la dictadura, permitía la detención en averiguaciones, las tristemente famosas “razzias”. Una de las primeras acciones de este gobierno fue derogar ese decreto, cosa que el Uruguay aplaudió. Ahora resulta que el maldito decreto se reimplanta, y no sólo permite detener a sospechosos, sino también a víctimas. Los artículos 42 y 43 del proyecto ya casi aprobado, habilitan a la policía a detener a un ciudadano “que interrogado … rehusare dar su nombre, estado, vecindad o cualquier otro antecedente, o los diere falsos”. Una pregunta sencilla sería cómo sabe el policía que el nombre que le da un transeúnte es falso, si no tiene documentos. Así que volvemos a la época de llevar los documentos encima o vamos presos, Pero ¿y si el policía ve la cédula y dice que es falsa?, pues marche preso “en averiguaciones”. O sea, diga lo que diga el ministro, volvemos a las razzias, y encima ahora son legales.

Estos no son los únicos recortes a la libertad planeados por la nueva “izquierda” uruguaya, la lista sigue. El ciudadano común se puede preguntar legítimamente que puede hacer al respecto, y responderse vencido “nada”. Antes culpaba a los fascistas, pero la dictadura pasó y los políticos siguieron legislando contra el ciudadano de a pie. “Son los tradicionales” dijo entonces, pero blancos y colorados pasaron y ahora gobierna el Frente Amplio, la izquierda que lo venía a salvar. Pero la izquierda también lo ataca y le van quedando pocas esperanzas.