domingo, setiembre 16, 2007

Revancha contra la impunidad



Por Alejo Rivas Devecchi

El pasado cuatro de setiembre, con la asistencia de cientos de personalidades de la cultura, la política, el ejército y la sociedad uruguaya en general, se inició en el teatro El Galpón de Montevideo la recolección de firmas para la derogación de la Ley de impunidad; una segunda oportunidad que se plantean los uruguayos para corregir los vergonzosos errores del pasado y recuperar su dignidad como sociedad.

El integrante del Secretariado Ejecutivo de la central obrera, Luis Puig, que tuvo a su cargo parte de la oratoria del acto de lanzamiento de esta campaña, dijo que esta iniciativa "tiene que ver más con el futuro que con el pasado", ya que es “fundamental asegurarle a las nuevas generaciones que no sufrirán más el terrorismo de Estado y la única forma de hacerlo es terminar con la cultura de impunidad acuñada durante cuatro gobiernos".

Otro orador, el jurista especializado en derechos humanos Oscar López Goldaracena afirmó que el Estado "renunció ilegalmente a perseguir y juzgar los crímenes de lesa humanidad" al votar esa ley. Goldaracena agregó que esta legislación “violenta la separación de poderes”, fundamental en un estado democrático, como pretende ser el Uruguay, y es violatoria del derecho internacional.

La Ley de Impunidad, bautizada oficialmente “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado”, ley 15848, fué aprobada de apuro a fines de 1986. El 22 de diciembre estaban citados los primeros militares para declarar ante la justicia acerca de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura fascista que gobernó el país entre 1973 y 1985. El proyecto de ley fue enviado al parlamento un fin de semana, y aprobado casi a escondidas el domingo de madrugada, para que el lunes los militares genocidas no tuvieran que responder por sus crímenes. Cabe recordar que, como cortina de humo para desviar la atención de la ciudadanía, ese mismo fin de semana fue expulsado del parlamento el senador frenteamplista José Germán Araújo, que había sido el más votado. En las elecciones de 1989 la ciudadanía corrigió esa injusticia restituyendo su banca a Araújo, una vez más como el senador más votado.

En 1989 la ciudadanía realizó un esfuerzo sin precedentes para recolectar más de 600 mil firmas que habilitaron un referéndum para la anulación de la ley. Fué una campaña difícil, cargada de presiones, mentiras y amenazas. Personas que ocupaban, y ocupan hoy una banca en el parlamento, se ocuparon de llamar personalmente a los recolectores para amenazarlos. Fue anulado un gran porcentaje de las firmas por tecnicismos insignificantes. Pese a todo, se consiguieron los requisitos constitucionales y se realizó la votación.
La campaña por el voto también fue despiadada, el gobierno y los sectores conservadores pusieron todo su arsenal de influencias al servicio de los militares golpistas para amenazar a la ciudadanía con un nuevo golpe militar si se derogaba la ley. Pese a todo, el “voto verde” partidario de la anulación, resultó perdedor por un escaso margen, 43 contra 57 por ciento.

A casi veinte años de ese referéndum, las condiciones son diferentes, gobiernan los que entonces hicieron la campaña contra la ley, y pasaron suficientes años de democracia como para que la ciudadanía haya perdido el miedo y se resista a arrodillarse al primer retumbar de botas. Verdad es que la derecha que apoyó la dictadura y posteriormente la ley de impunidad sigue teniendo el dominio de los grandes capitales, fundamentalmente los medios de comunicación, pero esta campaña representa una nueva esperanza. Los uruguayos esperan que su país deje de ser el refugio de los delincuentes contra la humanidad, descubrir la verdad sobre esos crímenes, juzgar a los culpables y recuperar la poca dignidad que le va quedando al paisito.
 
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