Quien quiere nuestros datos en realidad

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 18 noviembre 2007

A principios de noviembre la Comisión Europea anunció su plan para que los datos de los pasajeros aéreos sean registrados y guardados durante 13 años. Esta propuesta fue presentada a los 27 estados miembros por el comisario de Justicia y Seguridad de la unión, Franco Frattini, poco más de un año después que la UE acordara con Estados Unidos un reglamento similar, que ya ha demostrado ser absolutamente inútil. En octubre de 2006, la UE consintió en entregar al Departamento de Seguridad Interior (DSI) norteamericano una serie de datos acerca de los pasajeros que viajen al gigante americano.

Este departamento podría compartir esos datos con otras autoridades responsables en la prevención y combate del terrorismo y delitos relacionados. O sea que ya hace un año que esta política de “no protección” de datos personales está en funcionamiento. Pero hete aquí que la semana pasada supimos que esa política no tiene efectividad alguna, ya que un grupo de investigadores norteamericanos lograron pasar materiales explosivos a través de puntos de control de seguridad en 19 aeropuertos.

O sea que si alguna organización terrorista hubiera querido perpetrar una matanza, nada la hubiera detenido, ni los scanners donde nos hacen sacar los cinturones, los zapatos, móviles, latops, relojes, llaves y demás; ni el guardia que luego nos manosea cuando el aparato se empecina en pitar, ni las bolsitas transparentes para llevar los perfumes y las mamaderas, nada. Ni siquiera la infinidad de datos que desde hace más de un año almacena el DSI.

La primera pregunta que se hace cualquier abombau es por qué razón los todopoderosos servicios secretos de los países que hacen la historia, y en particular norteamericanos, se molestan ahora en pedir permiso, cuando llevan toda su existencia, no sólo recabando información sin consentimiento de nadie, sino también violando todas y cada una de las leyes que protegen al individuo en cualquiera de los países de este desprestigiado planeta. Mucho menos ahora, cuando la mayoría de los gobiernos que siguen sumisamente las órdenes del mandamás imperial han votado leyes calcadas del “Patriot Act”, que anulan de un plumazo todos los derechos individuales que llevaron más de 200 años y ríos de sangre lograr.

Estas legislaciones post-11S les permiten recabar cualquier dato que se les antoje sin pedir permiso a nadie, del mismo modo que a nadie piden permiso para secuestrar gente en todos los rincones del planeta, meterlos en Guantánamo, y en otras prisiones de las que no tenemos ni idea, y torturarlos hasta matarlos, todo esto es ahora legal. Por eso, cualquier ciudadano de a pie, sin acceso a ningún tipo de información especial, incluso uno que no dedique mucho tiempo a leer las noticias, se puede preguntar para qué son esos datos.

Quizá en este caso como en tantos otros sirva aplicar la regla básica del periodismo que tuvo la deferencia de enseñarnos “garganta profunda”, el informante del caso Watergate; seguir la ruta del dinero. Si pensamos de donde viene el dinero que paga los privilegios de las infalibles agencias de seguridad de los diferentes países, en particular la de los EEUU, encontramos que su fuente de financiación son los impuestos de los contribuyentes. Ahora bien, esos impuestos son administrados por los gobiernos compuestos por políticos que responden a los intereses de los que los pusieron en sus sillones de poder.

Una visión romántica de las pseudo-democracias contemporáneas diría que fueron los electores, pero a esta altura hasta el más despistado sabe que los amos de estos esclavos de corbata son los que financian sus campañas y sus fortunas personales. Y esos con poder de financiar políticos no son otros que los gigantes comerciales del planeta.

Por eso, sin investigar ni un poquito se podría sospechar que los interesados en esos datos no son otros que las grandes corporaciones para quienes la información personal de sus consumidores es de vital importancia. Obviamente estas empresas tienen sus departamentos de marketing con sus propios recursos para obtener esa información pero sin duda esta ley lo hace todo más barato.

O sea que, un observador un poquito desconfiado no tardaría en concluir que son los vendedores de bienes y servicios los reales responsables de la invasión total de nuestra privacidad, de que nos hagan sacar los zapatos, y hayamos adquirido una habilidad especial para abrocharnos el reloj al mismo tiempo que nos ponemos el cinturón, guardamos la laptop en el portafolios y corremos a la puerta de embarque. Mientras tanto los terroristas, o mejor dicho los que los mandan, seguirán matando a cuantos quieran donde quieran y como quieran, que unos miles de consumidores menos no afectan sensiblemente la cifra global de ganancias.