En los últimos días, parece que la Unión Europea hubiera dado un vuelco radical a la extrema derecha. Directivas y resoluciones dirigidas a maximizar las ganancias de los gigantes empresariales a costa de los trabajadores de la unión.
El 10 de junio la Unión Europea aprobó ampliar la semana laboral hasta 65 horas. La semana vigente, de 48 horas, había sido lograda por la OIT hace 91 años. De paso, al directiva elimina los convenios colectivos y deja a los trabajadores "negociar" sus condiciones individualmente con el empleador. También losmédicos caen en el sablazo, no se les contarán como trabajados los tiempos de espera entre pacientes.
Los eurodiputados socialistas opinan que la directiva "supone un grave retroceso que convierte el derecho laboral europeo en un material de usar y tirar". pero bien se ha demostrado que su opinión es muy cambiante.
El 16 de junio Viviane Reding, comisaria de Telecomunicaciones de la U.E se mostró a favor de una propuesta "para bajar los costos de la telefonía móvil", se plantea cobrar las llamadas entrantes.
El 18 de junio los eurodiputados "socialistas" dejaron caer su careta de progresistas y se unieron a la derecha más rancia para aprobar la llamada "Directiva de la vergüenza" que habilita a los países miembros a encarcelar a los inmigrantes ilegales hasta 18 meses, sin ningún tipo de derecho. Obvimente, con esta directiva no se frenará ni se disminuirá la inmigración. Eso sí, se conseguirá que los inmigrantes sin el privilegio de un papel caigan a un grado de desamparo mucho mayor y sean entonces presa más fácil de los empresarios que utilizan mano de obra esclava para aumentar sus ganancias. De paso, los estados europeos se ahorran algunos euros en los beneficios sociales a que estos trabajadores tendrían derecho si fuesen legales.
La lista continúa, y por mal que nos pese continuará.
miércoles, junio 18, 2008
La reunión de la que nadie esperaba nada
Alejo Rivas Devecchi - Madrid
La semana pasada se reunieron en Roma representantes de 193 países con el fin de encontrar soluciones a la actual crisis alimentaria mundial. Pero el propio José María Sumpsi, subdirector general de la FAO, dijo que el hambre del mundo no se resuelve en una reunión de tres días.
Sumpsi tenía mucha razón, aunque quizás no esperara que la reunión fuera tan inútil. En la antesala de la reunión, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propuso aumentar en un 50% la producción de alimentos en el planeta y desactivar las políticas proteccionistas de los países ricos. Por su parte Jacques Diouf, director de la FAO, reclamó 30 mil millones de dólares en ayudas para países en desarrollo para evitar el hambre.
Pero los representantes de los países intervinientes en la cumbre no fueron muy sensibles ante los reclamos de los dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un organismo supuestamente creado para dar soluciones alimentarias a los países miembros. Al final de la reunión poco había cambiado, ningún país comprometió cambios en sus políticas proteccionistas y ninguno planteó soluciones reales a los problemas urgentes de infla alimentación que aquejan a más de 850 millones de personas.
El único aporte de los países ricos consistió en la promesa, igual que otras que ya no se cumplieron, de un aporte de 6mil millones de dólares, o sea un quinto de lo calculado como mínimo absoluto necesario. Cabe recordar que el presupuesto militar mundial del año 2007 alcanzó 1,25 billones de dólares, más de doscientas veces lo que aportan para frenar el hambre. También cabe recordar que una de las principales causas del hambre son justamente las guerras causadas y peleadas con esas armas cuyo presupuesto impide que haya dinero para alimentar el planeta.
La delegación española, por su parte, tuvo la deferencia de comprometer un aporte de 500 millones de euros. Según datos del presupuesto del Reino de España publicados en el sitio catalán justiciaipau.org, el gasto militar para 2008 asciende a 18.910,32 millones de euros. Por lo tanto, el estado español está dispuesto a gastar en paliar el hambre en el mundo 38 veces menos de lo que gasta en crearla.
Durante la reunión se habló de los biocombustibles como causantes del aumento del precio de los cereales, pero la delegación brasileña defendió su producción de etanol a partir de caña de azúcar, Brasil lleva más de veinte años produciendo este combustible y no ha sufrido una crisis alimentaria por ello, actualmente un 80 por ciento de los coches que produce pueden funcionar tanto a gasolina como con etanol.
Pero en Roma hubo además temas excluidos; no se habló de las maniobras de especulación con los alimentos, ni de los mega capitales que están acumulando grano para que aumente su precio. Tampoco se habló del comercio monopólico que las grandes corporaciones hacen en diferentes sectores de la industria alimenticia mundial. El diario “Público” de Madrid recuerda en su edición del viernes pasado que no hubo discusión acerca de empresas como Monsanto, DuPont y Syngenta, que monopolizan la producción de semillas a nivel mundial; ni acerca de las que procesan alimentos, como Nestlé o Unilever; ni de aquellas que los distribuyen como Wal-Mart, Tesco y Carrefour. Lo que no se dijo en esta reunión es que este tipo de gigantes empresariales están obteniendo ganancias récord, casualmente en coincidencia con los aumentos récord de los precios de los alimentos y en consecuencia del hambre en el planeta.
Nada se habló del desarrollo de semillas estériles ya patentadas en varios países, conocidas con el sugerente nombre de “tecnología Terminador”. Estas semillas están genéticamente diseñadas para no producir otras semillas, de modo que las empresas productoras se aseguren la venta anual, el control de la producción de alimentos y, obviamente, su precio.
En la reunión de la FAO si se habló de una crisis de la producción alimentaria que no es real, el mismo diario madrileño aclara que la producción mundial de alimentos se triplicó desde los años sesenta mientras que la población sólo se duplicó. El problema actual no es de falta de alimentos, sino de aumento de sus precios; no de sus costos, sino de las ganancias de los que los comercializan.
Cuando termina una cumbre destinada a resolver la muerte inminente de más de 850 millones de personas por falta de alimentos sin ninguna solución, parece que no hay esperanzas. Los dirigentes mundiales esperan que el mundo se siente frente a sus televisores a esperar ver los titulares que anuncien la hambruna pandémica.
Pero la realidad es que se puede detener esta matanza. Muy fácilmente los gobiernos y las organizaciones supra gubernamentales dictan medidas proteccionistas para la producción de los países dominantes a la vez que liberalizan el comercio en los países dependientes. Con la misma facilidad se puede limitar las ganancias de los gigantes de la industria alimentaria, tarifar los precios de los alimentos de primera necesidad y prohibir la especulación en productos alimentarios. Se puede, y está en cada votante exigir que sus representantes hagan algo para salvar el planeta, en lugar de seguir con reuniones de las que nadie espera nada.
La semana pasada se reunieron en Roma representantes de 193 países con el fin de encontrar soluciones a la actual crisis alimentaria mundial. Pero el propio José María Sumpsi, subdirector general de la FAO, dijo que el hambre del mundo no se resuelve en una reunión de tres días.
Sumpsi tenía mucha razón, aunque quizás no esperara que la reunión fuera tan inútil. En la antesala de la reunión, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propuso aumentar en un 50% la producción de alimentos en el planeta y desactivar las políticas proteccionistas de los países ricos. Por su parte Jacques Diouf, director de la FAO, reclamó 30 mil millones de dólares en ayudas para países en desarrollo para evitar el hambre.
Pero los representantes de los países intervinientes en la cumbre no fueron muy sensibles ante los reclamos de los dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un organismo supuestamente creado para dar soluciones alimentarias a los países miembros. Al final de la reunión poco había cambiado, ningún país comprometió cambios en sus políticas proteccionistas y ninguno planteó soluciones reales a los problemas urgentes de infla alimentación que aquejan a más de 850 millones de personas.
El único aporte de los países ricos consistió en la promesa, igual que otras que ya no se cumplieron, de un aporte de 6mil millones de dólares, o sea un quinto de lo calculado como mínimo absoluto necesario. Cabe recordar que el presupuesto militar mundial del año 2007 alcanzó 1,25 billones de dólares, más de doscientas veces lo que aportan para frenar el hambre. También cabe recordar que una de las principales causas del hambre son justamente las guerras causadas y peleadas con esas armas cuyo presupuesto impide que haya dinero para alimentar el planeta.
La delegación española, por su parte, tuvo la deferencia de comprometer un aporte de 500 millones de euros. Según datos del presupuesto del Reino de España publicados en el sitio catalán justiciaipau.org, el gasto militar para 2008 asciende a 18.910,32 millones de euros. Por lo tanto, el estado español está dispuesto a gastar en paliar el hambre en el mundo 38 veces menos de lo que gasta en crearla.
Durante la reunión se habló de los biocombustibles como causantes del aumento del precio de los cereales, pero la delegación brasileña defendió su producción de etanol a partir de caña de azúcar, Brasil lleva más de veinte años produciendo este combustible y no ha sufrido una crisis alimentaria por ello, actualmente un 80 por ciento de los coches que produce pueden funcionar tanto a gasolina como con etanol.
Pero en Roma hubo además temas excluidos; no se habló de las maniobras de especulación con los alimentos, ni de los mega capitales que están acumulando grano para que aumente su precio. Tampoco se habló del comercio monopólico que las grandes corporaciones hacen en diferentes sectores de la industria alimenticia mundial. El diario “Público” de Madrid recuerda en su edición del viernes pasado que no hubo discusión acerca de empresas como Monsanto, DuPont y Syngenta, que monopolizan la producción de semillas a nivel mundial; ni acerca de las que procesan alimentos, como Nestlé o Unilever; ni de aquellas que los distribuyen como Wal-Mart, Tesco y Carrefour. Lo que no se dijo en esta reunión es que este tipo de gigantes empresariales están obteniendo ganancias récord, casualmente en coincidencia con los aumentos récord de los precios de los alimentos y en consecuencia del hambre en el planeta.
Nada se habló del desarrollo de semillas estériles ya patentadas en varios países, conocidas con el sugerente nombre de “tecnología Terminador”. Estas semillas están genéticamente diseñadas para no producir otras semillas, de modo que las empresas productoras se aseguren la venta anual, el control de la producción de alimentos y, obviamente, su precio.
En la reunión de la FAO si se habló de una crisis de la producción alimentaria que no es real, el mismo diario madrileño aclara que la producción mundial de alimentos se triplicó desde los años sesenta mientras que la población sólo se duplicó. El problema actual no es de falta de alimentos, sino de aumento de sus precios; no de sus costos, sino de las ganancias de los que los comercializan.
Cuando termina una cumbre destinada a resolver la muerte inminente de más de 850 millones de personas por falta de alimentos sin ninguna solución, parece que no hay esperanzas. Los dirigentes mundiales esperan que el mundo se siente frente a sus televisores a esperar ver los titulares que anuncien la hambruna pandémica.
Pero la realidad es que se puede detener esta matanza. Muy fácilmente los gobiernos y las organizaciones supra gubernamentales dictan medidas proteccionistas para la producción de los países dominantes a la vez que liberalizan el comercio en los países dependientes. Con la misma facilidad se puede limitar las ganancias de los gigantes de la industria alimentaria, tarifar los precios de los alimentos de primera necesidad y prohibir la especulación en productos alimentarios. Se puede, y está en cada votante exigir que sus representantes hagan algo para salvar el planeta, en lugar de seguir con reuniones de las que nadie espera nada.
Prohíben las bombas racimo, pero matar millones de personas sigue sin estar prohibido
Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 02/06/2008
El pasado 19 de mayo en Dublín, 193 países que participaron en conversaciones acerca de bombas de racimo, han logrado un "amplísimo consenso" sobre el último texto de la presidencia irlandesa, que aboga por la prohibición de las bombas de racimo y aborda la mayoría de demandas planteadas por la organización humanitaria Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC).
Los países participantes de estas conversaciones acordaron "prohibir, bajo cualquier circunstancia, el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento" de bombas de racimo, argumentando que sus la mayoría de las víctimas de ese tipo de armamento son civiles. Según el acuerdo, el texto final presentado por el gobierno irlandés en Dublín, será ratificado por los países firmantes en una ceremonia que se celebrará en Oslo el próximo dos de diciembre.
Durante los quince días que duraron las negociaciones, los delegados de los países donde hay fabricantes de estas bombas, España entre ellos, intentaron que se impusiera un tratado que eliminara las bombas antiguas, pero no las actuales. Su argumento fue que las bombas modernas son “seguras”. ¿A alguien se le ocurre alguna situación en que una bomba pueda ser segura? Obviamente estos señores piensan desde el lado del que las lanza.
Las bombas de racimo consisten en una bomba "contenedor" que se lanza desde tierra, mar o aire, y que al abrirse durante la trayectoria dejan caer cargas explosivas. De estas cargas explosivas, entre un cinco y un 30 por ciento no llega a explotar en el momento del impacto y permanece activa durante años actuando como una mina antipersona. Es la razón por la que estas armas son particularmente letales para la población civil.
La participación en este acuerdo es bastante pobre, basta tomar en cuenta que los principales productores de bombas de racimo (EEUU, Rusia, Israel, China, India y Pakistán entre otros). Además 109 países ni siquiera suman el 45 por ciento de los países del mundo actual. Por lo que los titulares de esta noticia deberían decir: “Unos pocos países, entre los que ni siquiera están los principales productotes de bombas racimo, acordaron una leve prohibición”. Es fácil darse cuenta que, incluso los países firmantes del tratado, pueden instalar sus fábricas en cualquiera de los 138 países restantes para seguir fabricando estas bombas y obteniendo así sus ganancias.
Pero frente a los argumentos referentes a este tratado, a cualquier abombau asalta una pregunta obvia; si estos países son tan bondadosos que decidieron juntarse para prohibir estas armas tan inhumanas ¿Por qué no las han prohibido ya unilateralmente cada uno de ellos? Siguiendo este razonamiento surgen muchas más preguntas “en racimo” como: ¿Porqué estos países tan humanitarios fabrican tantas armas, de racimo o no? , ¿será porque obtienen enormes ganancias a costa de la muerte de millones de personas cada año? Y la última pregunta y la más básica ¿Por qué se prohíben las bombas racimo y no todas las bombas y todas las condenadas armas de guerra en todo el planeta?
Resulta más que obvio que mientras haya fabricación de armas, una industria que, como todos saben, reporta más ganancias y causa más muertes, que incluso el tráfico de drogas; habrá enormes megacapitales interesados en que haya guerras, cuanto más permanentes, mejor.
Es ilustrativo el caso de España, desde su ingreso en OTAN, en 1982, se inició un proceso de crecimiento exponencial de la industria española de armamento. Para esto, el Estado español asignó ayudas multimillonarias para renovar las necesidades de defensa del país. Actualmente la industria armamentista excede largamente las necesidades del Estado, y España se ha convertido en uno de los mayores exportadores de armas a distintos lugares del planeta, independientemente de la orientación política de los gobiernos que se han sucedido desde 1982.
Según el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), ya en 2006 España era el octavo exportador de municiones para armas ligeras del mundo, y el principal exportador mundial de este material al África Subsahariana. Claro que cuando llegan a España los emigrados generados por las guerras que se pelearon gracias a sus balas, España los devuelve porque son “ilegales”.
Es más que obvio que este tratado firmado por los países que fabrican armas no es más que una nueva expresión de su infinito sarcasmo. Si se pudiera leer los pensamientos de los diplomáticos que firman estos tratados seguramente nos encontraríamos con algo como: “que me importa firmar esto si igual podemos seguir vendiendo billones de euros en otras bombas recién inventadas y mucho más mortíferas que las benditas racimo; al fin y al cabo alguien tiene que morir y de algo hay que vivir ”. Pero como dijo el gran Moliere “será corta la suerte del que vive de la muerte”.
El pasado 19 de mayo en Dublín, 193 países que participaron en conversaciones acerca de bombas de racimo, han logrado un "amplísimo consenso" sobre el último texto de la presidencia irlandesa, que aboga por la prohibición de las bombas de racimo y aborda la mayoría de demandas planteadas por la organización humanitaria Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC).
Los países participantes de estas conversaciones acordaron "prohibir, bajo cualquier circunstancia, el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento" de bombas de racimo, argumentando que sus la mayoría de las víctimas de ese tipo de armamento son civiles. Según el acuerdo, el texto final presentado por el gobierno irlandés en Dublín, será ratificado por los países firmantes en una ceremonia que se celebrará en Oslo el próximo dos de diciembre.
Durante los quince días que duraron las negociaciones, los delegados de los países donde hay fabricantes de estas bombas, España entre ellos, intentaron que se impusiera un tratado que eliminara las bombas antiguas, pero no las actuales. Su argumento fue que las bombas modernas son “seguras”. ¿A alguien se le ocurre alguna situación en que una bomba pueda ser segura? Obviamente estos señores piensan desde el lado del que las lanza.
Las bombas de racimo consisten en una bomba "contenedor" que se lanza desde tierra, mar o aire, y que al abrirse durante la trayectoria dejan caer cargas explosivas. De estas cargas explosivas, entre un cinco y un 30 por ciento no llega a explotar en el momento del impacto y permanece activa durante años actuando como una mina antipersona. Es la razón por la que estas armas son particularmente letales para la población civil.
La participación en este acuerdo es bastante pobre, basta tomar en cuenta que los principales productores de bombas de racimo (EEUU, Rusia, Israel, China, India y Pakistán entre otros). Además 109 países ni siquiera suman el 45 por ciento de los países del mundo actual. Por lo que los titulares de esta noticia deberían decir: “Unos pocos países, entre los que ni siquiera están los principales productotes de bombas racimo, acordaron una leve prohibición”. Es fácil darse cuenta que, incluso los países firmantes del tratado, pueden instalar sus fábricas en cualquiera de los 138 países restantes para seguir fabricando estas bombas y obteniendo así sus ganancias.
Pero frente a los argumentos referentes a este tratado, a cualquier abombau asalta una pregunta obvia; si estos países son tan bondadosos que decidieron juntarse para prohibir estas armas tan inhumanas ¿Por qué no las han prohibido ya unilateralmente cada uno de ellos? Siguiendo este razonamiento surgen muchas más preguntas “en racimo” como: ¿Porqué estos países tan humanitarios fabrican tantas armas, de racimo o no? , ¿será porque obtienen enormes ganancias a costa de la muerte de millones de personas cada año? Y la última pregunta y la más básica ¿Por qué se prohíben las bombas racimo y no todas las bombas y todas las condenadas armas de guerra en todo el planeta?
Resulta más que obvio que mientras haya fabricación de armas, una industria que, como todos saben, reporta más ganancias y causa más muertes, que incluso el tráfico de drogas; habrá enormes megacapitales interesados en que haya guerras, cuanto más permanentes, mejor.
Es ilustrativo el caso de España, desde su ingreso en OTAN, en 1982, se inició un proceso de crecimiento exponencial de la industria española de armamento. Para esto, el Estado español asignó ayudas multimillonarias para renovar las necesidades de defensa del país. Actualmente la industria armamentista excede largamente las necesidades del Estado, y España se ha convertido en uno de los mayores exportadores de armas a distintos lugares del planeta, independientemente de la orientación política de los gobiernos que se han sucedido desde 1982.
Según el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), ya en 2006 España era el octavo exportador de municiones para armas ligeras del mundo, y el principal exportador mundial de este material al África Subsahariana. Claro que cuando llegan a España los emigrados generados por las guerras que se pelearon gracias a sus balas, España los devuelve porque son “ilegales”.
Es más que obvio que este tratado firmado por los países que fabrican armas no es más que una nueva expresión de su infinito sarcasmo. Si se pudiera leer los pensamientos de los diplomáticos que firman estos tratados seguramente nos encontraríamos con algo como: “que me importa firmar esto si igual podemos seguir vendiendo billones de euros en otras bombas recién inventadas y mucho más mortíferas que las benditas racimo; al fin y al cabo alguien tiene que morir y de algo hay que vivir ”. Pero como dijo el gran Moliere “será corta la suerte del que vive de la muerte”.
miércoles, mayo 28, 2008
El origen verdadero de la crisis alimenticia
En los últimos meses hemos estado leyendo mentiras acerca de la crisis de las hipotecas "subprime" y los biocombustibles. Ahora resulta que reemplazar al petróleo como fuente principal de energía es imposible, que los combustibles renovables son malignos.
Pero la realidad es que esto se venía preparando hace décadas. Las dictaduras tercermundistas de los 70s y 80s y su gestión desindustrializadora no tenían más objetivo que preparar la dependencia global. Hasta inventaron las semillas de un solo uso para que los agricultores no puedan sembrar sus propias semillas.
- Tecnología Treminator
- Semillas estériles para Iraq
Este link lleva a una nota que explica claramente la crisis actual
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68025
Italia no quiere inmigrantes (ahora)
Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 05/25/2008 - 4:48 p.m. ET
El nuevamente nuevo Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, celebró su primer consejo de ministros en Nápoles. Entre montañas de basura, “Il Cavaliere” presentó su nuevo paquete de medidas de seguridad que incluye medidas como la criminalización de la inmigración ilegal y la militarización de los vertederos.
Lo más destacado de las medidas de "seguridad" del Duce contemporáneo, se encuentran las referidas a la inmigración. En pocas palabras, el Primer Ministro no quiere inmigración ilegal, ni legal, e intenta desviar las culpas de todos los males que aquejan hoy a los italianos sobre los que no nacieron en el país, al tiempo que protege a sus organizaciones leales como la mafia, que está tapando Nápoles de basura “por un puñado de liras”.
En virtud de uno de los decretos aprobados, ser inmigrante clandestino se considerará un agravante de un delito, y tendrá como consecuencia un aumento de la pena en un tercio. O sea que Italia ya introduce por decreto la “desigualdad” de las personas ante la ley, algo que, aunque sucede en todos los países del mundo, ninguno tenía el descaro de escribir (salvo las monarquías).
Ser inmigrante ilegal será considerado delito con la aplicación del paquete de Berlusconi, y acarreará penas de seis meses a los cuatro años. Pero la xenofobia del Duce-Cavaliere no se detiene en los ilegales. Los ciudadanos comunitarios deberán someterse al control gubernamental de sus circunstancias exactas de vida para evitar incurrir en un delito de inmigración ilegal o ser expulsados del Estado. También se endurecerán las condiciones para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero, esta último seguramente para preservar la unidad familiar.
Ni los propios italianos salen inmunes del fanatismo del Primer Ministro se penalizará a los que cooperen con los sin papeles, se multará y hasta se confiscarán las viviendas de quienes las hayan alquilado a inmigrantes indocumentados. Eso si, se exonera de la “razzia” a los leales sirvientes, se harán excepciones en los casos del personal doméstico y de las niñeras. Sin ellos, Italia "viviría un drama socioasistencial” dijo la ministra de Igualdad de Oportunidades, Mara Carfagna.
El gobierno de España, por su parte, acusó a Italia de impulsar una "política xenófoba" y racista. La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que: "El gobierno rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia y, por tanto, no puede compartir lo que está sucediendo en Italia". Claro que su preocupación real es que, endurecida la opción italiana, aumente considerablemente el flujo inmigratorio hacia España que, sin ser particularmente solidario ni siquiera con los descendientes de sus propios ancestros, es sin duda el país europeo que pone menos trabas al ingreso de inmigrantes.
Ya va siendo tiempo que las gentes de todos los países identifiquen al enemigo. La actual crisis económica que los Estados Unidos ha tenido la deferencia de exportar a toda su área de dependencia económica, léase mundo occidental y alrededores, no fue causada por los obreros de la construcción, sino por los grandes especuladores en esa industria. Claro que, para paliarla todos los gobiernos echarán mano de los salarios y beneficios sociales por los que los trabajadores llevan siglos luchando por obtener. A los que mandan nunca se les ocurrirá tocar las fortunas amasadas creando esta crisis, por la sencilla razón que coinciden en intereses con los que las amasan, eso cuando no son ellos mismos.
El mundo contemporáneo ha logrado globalizar los más diversos sectores de la sociedad; este es, sin embargo, el momento histórico en que más se ha restringido la libre circulación de las personas. Los capitales ya no tienen fronteras, las empresas tampoco; la ciencia y el conocimiento se comparten; pero para las personas se levantan muros o se hacen leyes para que los más osados se ahoguen intentando salvarlas. En el colmo de la mezquindad, los gobiernos más reaccionarios del planeta se avocan a la tarea de criminalizar a los inmigrantes, los desposeídos, aquellos a quienes nadie defenderá. “Il Cavaliere” está en plena tarea y muchos miles, quizás millones morirán gracias a él, mientras sus amigos aumentarán sus fortunas, pero caerá, igual que a Benito, su antecesor. Porque, como dicen acá en España, “a todo cerdo le llega su San Martín”.
jueves, mayo 15, 2008
El neocolonialismo español reclama los tesoros robados hace siglos
Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 11/05/2008
El gobierno “socialista” de España, se empeña en reclamar como suyo el tesoro hallado por la empresa norteamericana Odyssey Explorer, correspondiente a la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, que fuera hundida en 1804 bajo fuego inglés frente a las costas de Cádiz. La fragata, procedente de Perú vía Montevideo, transportaba una voluminosa carga de monedas de oro y plata usurpadas en las entonces colonias españolas.
Más allá de las consideraciones legales, sería una buena oportunidad para que el Reino de España empezara de una vez por todas a reparar su histórica deuda moral con sus ex colonias y para reconocer el genocidio y usurpación a que sometió a sus pueblos aplicando tempranamente el terrorismo de estado. Hubiera sido un acto de honestidad histórica y de inteligencia política el haber concertado con los verdaderos dueños de la carga de la fragata las reclamaciones a la empresa rescatadora.
Pero aunque España se vista de democracia, reino se queda. Ya su Jefe de Estado, o sea su rey, mostró a las claras su actitud para con los estados latinoamericanos cuando pretendió prepotentemente hacer callar a un presidente democrático en una reunión de jefes de estado. El ministro de cultura español, César Antonio Molina, sigue la misma línea que su jefe. Entrevistado acerca de los posibles reclamos del Perú sobre el tesoro de la fragata Mercedes contestó: “Ese barco tiene bandera española y el Perú en aquella época pertenecía a España”. Claro que el ministro no se detuvo a pensar que la reclamación se está haciendo actualmente, cuando ya el Perú no pertenece a España.
El ministro Molina tampoco se detuvo a pensar en la legitimidad de la “posesión” española del Perú en tiempos incaicos. Quizás el Ministro de Cultura no recuerde que los representantes del Estado y la Iglesia españoles que invadieron esas y otras regiones sudamericanas, no fueron invitados. Seguramente tampoco recuerde que en esa invasión cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad, por el que aún no se le ha pedido reparación al rey de España, aunque ya llegará el día, todo llega. También seguramente este señor opinaría de otro modo si las reliquias en cuestión hubieran sido tomadas por los musulmanes que ocuparon la península ibérica hasta 1492, aunque España no existiera entonces como país.
En un editorial publicado el 4 de setiembre de 2007, el New York Times (NYT) compara el derecho de los peruanos de reclamar esa carga con recientes casos de Italia, Etiopía, Libia y del propio Perú. Los museos Getty, Met y el Boston Museum of Fine Arts, reconocieron el derecho de Italia a reclamar sus antigüedades robadas y se comprometieron a devolverlas. El propio Perú está negociando con Yale para recuperar miles de piezas que Iram Bingham tomó “prestadas”de Machu Picchu en 1912 y llevó al museo Peabody
En 2005 Italia devolvió a Etiopía un obelisco de 1700 años de antigüedad llevado a Roma en 1937 siguiendo las órdenes de Mussolini. También prometió devolver una estatua de Venus del siglo segundo a Libia, que las tropas italianas robaron en 1913. También Grecia reclamó los llamados “Mármoles de Elgin”, que Lord Elgin robó del Partenón y llevó al British Museum en 1801.
El editorialista del NYT agrega que el pueblo Inca no entregó el oro voluntariamente a los españoles, sino que los invasores lo tomaron por la fuerza y concluye que los anteriores casos demuestran el derecho del Perú a reclamar como suya la carga de la fragata Mercedes. Claro que los países nombrados que han devuelto reliquias son Repúblicas democráticas que eligen a sus jefes de estado. La situación de España es diferente, es un Reino regido por un monarca vitalicio designado por un dictador fascista, que ya ha demostrado su sentir respecto a “sus colonias”.
El gobierno “socialista” de España, se empeña en reclamar como suyo el tesoro hallado por la empresa norteamericana Odyssey Explorer, correspondiente a la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, que fuera hundida en 1804 bajo fuego inglés frente a las costas de Cádiz. La fragata, procedente de Perú vía Montevideo, transportaba una voluminosa carga de monedas de oro y plata usurpadas en las entonces colonias españolas.
Más allá de las consideraciones legales, sería una buena oportunidad para que el Reino de España empezara de una vez por todas a reparar su histórica deuda moral con sus ex colonias y para reconocer el genocidio y usurpación a que sometió a sus pueblos aplicando tempranamente el terrorismo de estado. Hubiera sido un acto de honestidad histórica y de inteligencia política el haber concertado con los verdaderos dueños de la carga de la fragata las reclamaciones a la empresa rescatadora.
Pero aunque España se vista de democracia, reino se queda. Ya su Jefe de Estado, o sea su rey, mostró a las claras su actitud para con los estados latinoamericanos cuando pretendió prepotentemente hacer callar a un presidente democrático en una reunión de jefes de estado. El ministro de cultura español, César Antonio Molina, sigue la misma línea que su jefe. Entrevistado acerca de los posibles reclamos del Perú sobre el tesoro de la fragata Mercedes contestó: “Ese barco tiene bandera española y el Perú en aquella época pertenecía a España”. Claro que el ministro no se detuvo a pensar que la reclamación se está haciendo actualmente, cuando ya el Perú no pertenece a España.
El ministro Molina tampoco se detuvo a pensar en la legitimidad de la “posesión” española del Perú en tiempos incaicos. Quizás el Ministro de Cultura no recuerde que los representantes del Estado y la Iglesia españoles que invadieron esas y otras regiones sudamericanas, no fueron invitados. Seguramente tampoco recuerde que en esa invasión cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad, por el que aún no se le ha pedido reparación al rey de España, aunque ya llegará el día, todo llega. También seguramente este señor opinaría de otro modo si las reliquias en cuestión hubieran sido tomadas por los musulmanes que ocuparon la península ibérica hasta 1492, aunque España no existiera entonces como país.
En un editorial publicado el 4 de setiembre de 2007, el New York Times (NYT) compara el derecho de los peruanos de reclamar esa carga con recientes casos de Italia, Etiopía, Libia y del propio Perú. Los museos Getty, Met y el Boston Museum of Fine Arts, reconocieron el derecho de Italia a reclamar sus antigüedades robadas y se comprometieron a devolverlas. El propio Perú está negociando con Yale para recuperar miles de piezas que Iram Bingham tomó “prestadas”de Machu Picchu en 1912 y llevó al museo Peabody
En 2005 Italia devolvió a Etiopía un obelisco de 1700 años de antigüedad llevado a Roma en 1937 siguiendo las órdenes de Mussolini. También prometió devolver una estatua de Venus del siglo segundo a Libia, que las tropas italianas robaron en 1913. También Grecia reclamó los llamados “Mármoles de Elgin”, que Lord Elgin robó del Partenón y llevó al British Museum en 1801.
El editorialista del NYT agrega que el pueblo Inca no entregó el oro voluntariamente a los españoles, sino que los invasores lo tomaron por la fuerza y concluye que los anteriores casos demuestran el derecho del Perú a reclamar como suya la carga de la fragata Mercedes. Claro que los países nombrados que han devuelto reliquias son Repúblicas democráticas que eligen a sus jefes de estado. La situación de España es diferente, es un Reino regido por un monarca vitalicio designado por un dictador fascista, que ya ha demostrado su sentir respecto a “sus colonias”.
El gobierno de “izquierda” uruguayo plantea leyes contra la libertad individual
Por Alejo Rivas Devecchi
El nuevo proyecto de ley de Procedimientos Policiales en Uruguay incluye algunos avances en lo referente al trato a menores infractores, pero también incluye cláusulas que representan un retroceso en las libertades individuales, una de las pocas razones de orgullo que les quedaban a los habitantes del patio trasero de Americalapobre (salú Pelo).
El Uruguay cuenta (o contaba) con una legislación sumamente avanzada, en particular en materia de leyes laborales y derechos individuales. Esto es herencia de su pasado millonario, cuando los europeos se mataban unos a otros en estúpidas guerras (valga la redundancia) y los rioplatenses se enriquecían vendiéndoles carne a buenos precios, sin las barreras de las subvenciones. A los que nos ha tocado deambular por los barrios más remotos, aún siendo legos en materia jurídica, no para de sorprendernos el hecho que países considerados del “primer mundo”, tengan legislaciones mucho más primitivas que las uruguayas. Países de Europa que no cuentan en su marco legal con conceptos fundamentales como leyes que limiten a ocho horas el trabajo, o la ilegalidad de la prisión preventiva.
Pero parece que el mundo ha entrado en uno de esos períodos en que todo retrocede, (al menos si fuera para tomar carrera). Tanto que los gobiernos “socialistas” se han avocado a la labor de restringir las libertades que sus antepasados se mataron por conseguir, o mejor dicho los mataron. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) a firmó en la Cámara de Diputados que “las soluciones normativas más trascendentes que se proponen se encaminan a una rebaja de las garantías” respecto a la libertad personal, y que no respetan la Constitución, las normas internacionales sobre derechos humanos, ni los tratados firmados en la materia.
La nueva “ley de Procedimientos Policiales” del gobierno de Tabaré Vázques ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y sigue su camino hacia la promulgación y posterior aplicación. De sus más de 170 artículos, cabe analizar el número 125, referente a los allanamientos. La Constitución de la República Oriental del Uruguay (ROU), garantiza, en su artículo 11, la inviolabilidad del hogar, literalmente dice: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.” Pero el citado artículo de la nueva ley habilita a la policía a “ingresar a una morada cuando cuente con indicios razonablemente fundados del desarrollo de las siguientes situaciones: presencia de personas heridas o fallecidas; incendio; emanaciones de gas; riesgos a la integridad física o a la vida de sus ocupantes; pedidos de auxilio provenientes de su interior o cuando así lo indicaren vecinos o terceros; casos de flagrante delito”.
O sea, dicho en cristiano básico, la nueva ley habilita a la policía a allanar los hogares si previa orden judicial, en condiciones particulares, que todo el mundo sabe cuan fáciles de fraguar son, llegado el caso.
Además, hasta ahora, en esos casos extremos la policía sí entraba en domicilios y a ningún juez se le ocurrió procesar a un bombero por apagar un incendio o eliminar un escape de gas. Los uruguayos se preguntan por qué ahora resulta que se debe autorizar esos allanamientos y, de paso, algunos más.
Pero eso no es todo, el decreto 690/80, creado por la dictadura, permitía la detención en averiguaciones, las tristemente famosas “razzias”. Una de las primeras acciones de este gobierno fue derogar ese decreto, cosa que el Uruguay aplaudió. Ahora resulta que el maldito decreto se reimplanta, y no sólo permite detener a sospechosos, sino también a víctimas. Los artículos 42 y 43 del proyecto ya casi aprobado, habilitan a la policía a detener a un ciudadano “que interrogado … rehusare dar su nombre, estado, vecindad o cualquier otro antecedente, o los diere falsos”. Una pregunta sencilla sería cómo sabe el policía que el nombre que le da un transeúnte es falso, si no tiene documentos. Así que volvemos a la época de llevar los documentos encima o vamos presos, Pero ¿y si el policía ve la cédula y dice que es falsa?, pues marche preso “en averiguaciones”. O sea, diga lo que diga el ministro, volvemos a las razzias, y encima ahora son legales.
Estos no son los únicos recortes a la libertad planeados por la nueva “izquierda” uruguaya, la lista sigue. El ciudadano común se puede preguntar legítimamente que puede hacer al respecto, y responderse vencido “nada”. Antes culpaba a los fascistas, pero la dictadura pasó y los políticos siguieron legislando contra el ciudadano de a pie. “Son los tradicionales” dijo entonces, pero blancos y colorados pasaron y ahora gobierna el Frente Amplio, la izquierda que lo venía a salvar. Pero la izquierda también lo ataca y le van quedando pocas esperanzas.
El nuevo proyecto de ley de Procedimientos Policiales en Uruguay incluye algunos avances en lo referente al trato a menores infractores, pero también incluye cláusulas que representan un retroceso en las libertades individuales, una de las pocas razones de orgullo que les quedaban a los habitantes del patio trasero de Americalapobre (salú Pelo).
El Uruguay cuenta (o contaba) con una legislación sumamente avanzada, en particular en materia de leyes laborales y derechos individuales. Esto es herencia de su pasado millonario, cuando los europeos se mataban unos a otros en estúpidas guerras (valga la redundancia) y los rioplatenses se enriquecían vendiéndoles carne a buenos precios, sin las barreras de las subvenciones. A los que nos ha tocado deambular por los barrios más remotos, aún siendo legos en materia jurídica, no para de sorprendernos el hecho que países considerados del “primer mundo”, tengan legislaciones mucho más primitivas que las uruguayas. Países de Europa que no cuentan en su marco legal con conceptos fundamentales como leyes que limiten a ocho horas el trabajo, o la ilegalidad de la prisión preventiva.
Pero parece que el mundo ha entrado en uno de esos períodos en que todo retrocede, (al menos si fuera para tomar carrera). Tanto que los gobiernos “socialistas” se han avocado a la labor de restringir las libertades que sus antepasados se mataron por conseguir, o mejor dicho los mataron. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) a firmó en la Cámara de Diputados que “las soluciones normativas más trascendentes que se proponen se encaminan a una rebaja de las garantías” respecto a la libertad personal, y que no respetan la Constitución, las normas internacionales sobre derechos humanos, ni los tratados firmados en la materia.
La nueva “ley de Procedimientos Policiales” del gobierno de Tabaré Vázques ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y sigue su camino hacia la promulgación y posterior aplicación. De sus más de 170 artículos, cabe analizar el número 125, referente a los allanamientos. La Constitución de la República Oriental del Uruguay (ROU), garantiza, en su artículo 11, la inviolabilidad del hogar, literalmente dice: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.” Pero el citado artículo de la nueva ley habilita a la policía a “ingresar a una morada cuando cuente con indicios razonablemente fundados del desarrollo de las siguientes situaciones: presencia de personas heridas o fallecidas; incendio; emanaciones de gas; riesgos a la integridad física o a la vida de sus ocupantes; pedidos de auxilio provenientes de su interior o cuando así lo indicaren vecinos o terceros; casos de flagrante delito”.
O sea, dicho en cristiano básico, la nueva ley habilita a la policía a allanar los hogares si previa orden judicial, en condiciones particulares, que todo el mundo sabe cuan fáciles de fraguar son, llegado el caso.
Además, hasta ahora, en esos casos extremos la policía sí entraba en domicilios y a ningún juez se le ocurrió procesar a un bombero por apagar un incendio o eliminar un escape de gas. Los uruguayos se preguntan por qué ahora resulta que se debe autorizar esos allanamientos y, de paso, algunos más.
Pero eso no es todo, el decreto 690/80, creado por la dictadura, permitía la detención en averiguaciones, las tristemente famosas “razzias”. Una de las primeras acciones de este gobierno fue derogar ese decreto, cosa que el Uruguay aplaudió. Ahora resulta que el maldito decreto se reimplanta, y no sólo permite detener a sospechosos, sino también a víctimas. Los artículos 42 y 43 del proyecto ya casi aprobado, habilitan a la policía a detener a un ciudadano “que interrogado … rehusare dar su nombre, estado, vecindad o cualquier otro antecedente, o los diere falsos”. Una pregunta sencilla sería cómo sabe el policía que el nombre que le da un transeúnte es falso, si no tiene documentos. Así que volvemos a la época de llevar los documentos encima o vamos presos, Pero ¿y si el policía ve la cédula y dice que es falsa?, pues marche preso “en averiguaciones”. O sea, diga lo que diga el ministro, volvemos a las razzias, y encima ahora son legales.
Estos no son los únicos recortes a la libertad planeados por la nueva “izquierda” uruguaya, la lista sigue. El ciudadano común se puede preguntar legítimamente que puede hacer al respecto, y responderse vencido “nada”. Antes culpaba a los fascistas, pero la dictadura pasó y los políticos siguieron legislando contra el ciudadano de a pie. “Son los tradicionales” dijo entonces, pero blancos y colorados pasaron y ahora gobierna el Frente Amplio, la izquierda que lo venía a salvar. Pero la izquierda también lo ataca y le van quedando pocas esperanzas.
La crisis en España y las medidas de sus dirigentes
Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 27/04/2008
Los efectos de la crisis de las hipotecas “subprime” han afectado las economías de la mayor parte de los países occidentales, y en particular al Reino de España. El gobierno anuncia medidas que los sectores sociales consideran insuficientes, la economía cae y al final, como siempre, pagarán los trabajadores.
En principio, el gobierno del PSOE pasó los meses que duró la campaña electoral intentando esconder las señales de caída económica. Lógicamente eso afectaría su credibilidad como administrador y le quitaría votos. Claro que si se hubiera actuado antes, (como un buen administrador) los efectos en las economías domésticas españolas hubieran sido menores, pero las prioridades de los dirigentes son claras, y el bienestar de sus compatriotas nunca encabeza la lista, los votos si, obvio.
El Partido Popular si se ha pasado el último año alertando acerca de la crisis, pero como sus dirigentes sufren de un profundo síndrome de pastor mentiroso, ya nadie les cree nada.
En la edición del 18 de abril 2008 del matutino Público, se anunció la aprobación, en el primer consejo de ministros de la novena legislatura, de un paquete de medidas económicas impulsado por el gobierno, tendiente a paliar la crisis. Según el sitio web del PSOE, el paquete económico del gobierno consistirá en una inyección de 10.000 millones de euros en la economía del país. La vía de introducción de ese dinero será el pago de los 400 euros prometidos a cada contribuyente, que costará 6000 millones, y los 4000 restantes se dedicarán a medidas para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas, así como avales para que los bancos faciliten la compra de viviendas de protección oficial.
Ahora bien, más de la mitad de la ayuda económica con la que el gobierno español pretende detener la crisis consiste en aportar 400 euros (por única vez) a 15 de los 20 millones de trabajadores españoles. El sueldo promedio en España es de 1500 euros mensuales, la inflación del último año fue mayor al cuatro por ciento según cifras oficiales (aunque todos sabemos que triplica eso con creces), así que, sumando con los dedos, al trabajador promedio le faltarían 320 euros ese año, sólo para empatar la inflación oficial. Claro que el gobierno se olvida de los desempleados, que ya cuentan dos millones y según estimaciones optimistas, aumentarán en medio millón este año.
Claramente los 400 euros del gobierno son o una burla o un intento de tapar el sol con el dedo.
Uno de los sectores más afectado por la crisis en España es la industria de la construcción que, como cualquier abombau se da cuenta, arrastra al resto de la sociedad en su caída. Según la prensa local del sábado 26 de abril “la venta de viviendas ha caído un sesenta por ciento en los últimos ocho meses”. Se trata de una cifra confirmada por el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote, que evaluó en aproximadamente medio millón el número de viviendas en "stock" en la actualidad, es decir que no se han podido vender.
A pesar de la situación, Chicote descartó la posibilidad de una pronta bajada de los precios de la vivienda, aunque reconoció que habrá promotores que se verán obligados a bajarlos por problemas financieros. A su juicio, "la única forma de abaratar la vivienda es conseguir que el suelo sea mucho más barato".
Lo que Chicote se olvidó de explicar es que el precio de la vivienda en España aumentó exponencialmente en los últimos años. Según los informes anuales publicados por Idealista.com, el promedio del metro cuadrado de vivienda en Madrid subió desde 1849 euros el 31 de diciembre de 2000 a 4865 euros el mismo día de 2006, un 263 por ciento de aumento que significa un promedio anual de 37,6 por ciento.
Pero la economía española ciertamente no siguió el mismo ritmo, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (Employment Outlook, 2007) entre los años 2000 y 2005, los salarios en España descendieron una media anual de 0,3 por ciento. O sea, dicho todo esto en cristiano, en este período los españoles se vieron obligados a dedicar casi tres veces más dinero de sus ingresos a pagar sus viviendas y satisfacer la voracidad de los especuladores inmobiliarios, al tiempo que sus salarios se reducían. Los dueños de las empresas constructoras, los dueños de las tierras y los intermediarios inmobiliarios amasaron inconmensurables fortunas en los últimos años a costa de la reducción de la calidad de vida de los consumidores ante la vista y complacencia de los gobernantes de turno.
No es extraño que ahora se nieguen a reducir el precio de la vivienda, pues pese a la enorme disminución de la venta, sus ganancias seguirán siendo exorbitantes.
En resumen, la crisis no sólo proviene del gran imperio del norte, la economía local ya venía muy mal desde hace tiempo. Su llamado crecimiento económico, era en realidad aumento del endeudamiento de las familias, al tiempo que se multiplicaban las ganancias de las empresas gracias a la disminución de los salarios y la multiplicación incontenida de los precios. Y las medidas para detener esta situación parecen al ciudadano de a pié tan efectivas como arco y flecha contra tanques blindados.
Recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo; depresión es cuando lo pierdes tú (increíblemente, Ronald Reagan).
Los efectos de la crisis de las hipotecas “subprime” han afectado las economías de la mayor parte de los países occidentales, y en particular al Reino de España. El gobierno anuncia medidas que los sectores sociales consideran insuficientes, la economía cae y al final, como siempre, pagarán los trabajadores.
En principio, el gobierno del PSOE pasó los meses que duró la campaña electoral intentando esconder las señales de caída económica. Lógicamente eso afectaría su credibilidad como administrador y le quitaría votos. Claro que si se hubiera actuado antes, (como un buen administrador) los efectos en las economías domésticas españolas hubieran sido menores, pero las prioridades de los dirigentes son claras, y el bienestar de sus compatriotas nunca encabeza la lista, los votos si, obvio.
El Partido Popular si se ha pasado el último año alertando acerca de la crisis, pero como sus dirigentes sufren de un profundo síndrome de pastor mentiroso, ya nadie les cree nada.
En la edición del 18 de abril 2008 del matutino Público, se anunció la aprobación, en el primer consejo de ministros de la novena legislatura, de un paquete de medidas económicas impulsado por el gobierno, tendiente a paliar la crisis. Según el sitio web del PSOE, el paquete económico del gobierno consistirá en una inyección de 10.000 millones de euros en la economía del país. La vía de introducción de ese dinero será el pago de los 400 euros prometidos a cada contribuyente, que costará 6000 millones, y los 4000 restantes se dedicarán a medidas para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas, así como avales para que los bancos faciliten la compra de viviendas de protección oficial.
Ahora bien, más de la mitad de la ayuda económica con la que el gobierno español pretende detener la crisis consiste en aportar 400 euros (por única vez) a 15 de los 20 millones de trabajadores españoles. El sueldo promedio en España es de 1500 euros mensuales, la inflación del último año fue mayor al cuatro por ciento según cifras oficiales (aunque todos sabemos que triplica eso con creces), así que, sumando con los dedos, al trabajador promedio le faltarían 320 euros ese año, sólo para empatar la inflación oficial. Claro que el gobierno se olvida de los desempleados, que ya cuentan dos millones y según estimaciones optimistas, aumentarán en medio millón este año.
Claramente los 400 euros del gobierno son o una burla o un intento de tapar el sol con el dedo.
Uno de los sectores más afectado por la crisis en España es la industria de la construcción que, como cualquier abombau se da cuenta, arrastra al resto de la sociedad en su caída. Según la prensa local del sábado 26 de abril “la venta de viviendas ha caído un sesenta por ciento en los últimos ocho meses”. Se trata de una cifra confirmada por el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote, que evaluó en aproximadamente medio millón el número de viviendas en "stock" en la actualidad, es decir que no se han podido vender.
A pesar de la situación, Chicote descartó la posibilidad de una pronta bajada de los precios de la vivienda, aunque reconoció que habrá promotores que se verán obligados a bajarlos por problemas financieros. A su juicio, "la única forma de abaratar la vivienda es conseguir que el suelo sea mucho más barato".
Lo que Chicote se olvidó de explicar es que el precio de la vivienda en España aumentó exponencialmente en los últimos años. Según los informes anuales publicados por Idealista.com, el promedio del metro cuadrado de vivienda en Madrid subió desde 1849 euros el 31 de diciembre de 2000 a 4865 euros el mismo día de 2006, un 263 por ciento de aumento que significa un promedio anual de 37,6 por ciento.
Pero la economía española ciertamente no siguió el mismo ritmo, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (Employment Outlook, 2007) entre los años 2000 y 2005, los salarios en España descendieron una media anual de 0,3 por ciento. O sea, dicho todo esto en cristiano, en este período los españoles se vieron obligados a dedicar casi tres veces más dinero de sus ingresos a pagar sus viviendas y satisfacer la voracidad de los especuladores inmobiliarios, al tiempo que sus salarios se reducían. Los dueños de las empresas constructoras, los dueños de las tierras y los intermediarios inmobiliarios amasaron inconmensurables fortunas en los últimos años a costa de la reducción de la calidad de vida de los consumidores ante la vista y complacencia de los gobernantes de turno.
No es extraño que ahora se nieguen a reducir el precio de la vivienda, pues pese a la enorme disminución de la venta, sus ganancias seguirán siendo exorbitantes.
En resumen, la crisis no sólo proviene del gran imperio del norte, la economía local ya venía muy mal desde hace tiempo. Su llamado crecimiento económico, era en realidad aumento del endeudamiento de las familias, al tiempo que se multiplicaban las ganancias de las empresas gracias a la disminución de los salarios y la multiplicación incontenida de los precios. Y las medidas para detener esta situación parecen al ciudadano de a pié tan efectivas como arco y flecha contra tanques blindados.
Recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo; depresión es cuando lo pierdes tú (increíblemente, Ronald Reagan).
Los planes del viejo presidente del nuevo gobierno del Reino de España
Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 14/04/2008.-
José Luis Rodríguez Zapatero, al ser investido por segunda vez como presidente del gobierno, ahora para el noveno período legislativo del reinado de Juan Carlos I de Borbón, pronunció un discurso sin anunciar novedades para los ciudadanos de a pie, aunque si algunas decepciones para los inmigrantes, que ya constituyen un diez por ciento de la ciudadanía del país.
Escuchando a Zapatero uno se pregunta si lee los discursos para sí antes de pronunciarlos en voz alta frente a un micrófono. Afirmaciones como que planea "impulsar una clara idea de España... un país unido y diverso... y comprometido con la paz y el cambio climático", contrastan mucho con el paisaje que presenta la España del siglo XXI. Un país, lejos de diverso, intolerante con miles de casos anuales de violencia xenófoba; que tiene tropas de ocupación en Afganistán y en cuyas ciudades y pueblos prima el cemento y la luz artificial. La exageración constructiva indiscriminada y la iluminación eléctrica exacerbada no condicen con la expresión de intenciones de compromiso con el cambio climático, a menos que se refiera a acelerarlo.
Además da la impresión que el nuevo presidente no lee los diarios españoles cuando dice que pretende “alcanzar el pleno empleo y la igualdad definitiva entre hombre y mujeres", ya que hace semanas que su ministro de trabajo Jesús Caldera viene anunciando lo contrario, justamente el domingo 13 afirmó estar preocupado acerca del empleo “porque la evolución a lo largo de este año puede continuar en una senda descendente".
El Presidente del nuevo gobierno socialista anuncia medidas económicas realmente poco socialistas. A los autónomos, asalariados y pensionistas deducirá 400 euros de su pago de IRPF. A las empresas adelantará las devoluciones de IVA, reducirá en un 30 por ciento su carga fiscal administrativa. Además eliminará el impuesto al patrimonio. A simple vista, parecería que una persona dueña de una empresa o con un gran patrimonio (o sea aquellos a quienes la crisis afecta menos) obtendrá bastante más de 400 euros de las medidas del nuevo gobierno, lo que hace que no parezcan muy socialistas sus planteos.
En lo referente al tema de la inmigración su discurso es, como poco, contradictorio; por un lado, afirma en su introducción al tema que los inmigrantes “con su trabajo contribuyen a nuestra riqueza económica, social y cultural” y que la inmigración es un fenómeno “que juega un papel fundamental en nuestro crecimiento económico y en la sostenibilidad de nuestro modelo social; hasta el punto de contribuir a hacer sostenible nuestro sistema de pensiones”. Pero a renglón seguido desliza una duda acerca de todo lo anterior cuando asegura que “intensificaremos la cooperación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que ni un solo ciudadano se vea privado de cualquier derecho o ayuda social por la llegada de inmigrantes”. No parece que quede muy claro, ¿los inmigrantes aseguran el mantenimiento de la seguridad social o son una amenaza a los derechos de los nacionales?
En el plano internacional, el presidente Zapatero anuncia que se compromete a trabajar para “consolidar la democracia en América Latina” y que desearía “abrir un capítulo nuevo con EEUU, para intensificar nuestra cooperación". Esta intención es la más novedosa de las expresadas en el discurso de investidura. España es un país que entiende la democracia como una Monarquía en la que, según su Constitución, “la persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Un país que cuenta con un sistema electoral que permite la reelección indefinida del Presidente del gobierno, pero no su elección directa. Cabe preguntarse como un país así puede ayudar a consolidar la democracia en países sin monarcas ni nobles, que eligen directamente a sus representantes. Aunque más difícil aún es adivinar qué relación encuentra el presidente del gobierno socialista entre “consolidar la democracia” dondequiera que sea y “abrir un capítulo de cooperación con EEUU".
En definitiva, el discurso del presidente José Rodríguez no augura cambios estructurales, en ninguno de sus frentes de acción y no parece muy socialista en sus planteos. Claro que la alternativa, el derechista Partido Popular propone inclinar bastante más la balanza a favor de las clases dominantes en perjuicio de los dominados, y de su concepto neofranquista de democracia mejor no hablar.
José Luis Rodríguez Zapatero, al ser investido por segunda vez como presidente del gobierno, ahora para el noveno período legislativo del reinado de Juan Carlos I de Borbón, pronunció un discurso sin anunciar novedades para los ciudadanos de a pie, aunque si algunas decepciones para los inmigrantes, que ya constituyen un diez por ciento de la ciudadanía del país.
Escuchando a Zapatero uno se pregunta si lee los discursos para sí antes de pronunciarlos en voz alta frente a un micrófono. Afirmaciones como que planea "impulsar una clara idea de España... un país unido y diverso... y comprometido con la paz y el cambio climático", contrastan mucho con el paisaje que presenta la España del siglo XXI. Un país, lejos de diverso, intolerante con miles de casos anuales de violencia xenófoba; que tiene tropas de ocupación en Afganistán y en cuyas ciudades y pueblos prima el cemento y la luz artificial. La exageración constructiva indiscriminada y la iluminación eléctrica exacerbada no condicen con la expresión de intenciones de compromiso con el cambio climático, a menos que se refiera a acelerarlo.
Además da la impresión que el nuevo presidente no lee los diarios españoles cuando dice que pretende “alcanzar el pleno empleo y la igualdad definitiva entre hombre y mujeres", ya que hace semanas que su ministro de trabajo Jesús Caldera viene anunciando lo contrario, justamente el domingo 13 afirmó estar preocupado acerca del empleo “porque la evolución a lo largo de este año puede continuar en una senda descendente".
El Presidente del nuevo gobierno socialista anuncia medidas económicas realmente poco socialistas. A los autónomos, asalariados y pensionistas deducirá 400 euros de su pago de IRPF. A las empresas adelantará las devoluciones de IVA, reducirá en un 30 por ciento su carga fiscal administrativa. Además eliminará el impuesto al patrimonio. A simple vista, parecería que una persona dueña de una empresa o con un gran patrimonio (o sea aquellos a quienes la crisis afecta menos) obtendrá bastante más de 400 euros de las medidas del nuevo gobierno, lo que hace que no parezcan muy socialistas sus planteos.
En lo referente al tema de la inmigración su discurso es, como poco, contradictorio; por un lado, afirma en su introducción al tema que los inmigrantes “con su trabajo contribuyen a nuestra riqueza económica, social y cultural” y que la inmigración es un fenómeno “que juega un papel fundamental en nuestro crecimiento económico y en la sostenibilidad de nuestro modelo social; hasta el punto de contribuir a hacer sostenible nuestro sistema de pensiones”. Pero a renglón seguido desliza una duda acerca de todo lo anterior cuando asegura que “intensificaremos la cooperación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que ni un solo ciudadano se vea privado de cualquier derecho o ayuda social por la llegada de inmigrantes”. No parece que quede muy claro, ¿los inmigrantes aseguran el mantenimiento de la seguridad social o son una amenaza a los derechos de los nacionales?
En el plano internacional, el presidente Zapatero anuncia que se compromete a trabajar para “consolidar la democracia en América Latina” y que desearía “abrir un capítulo nuevo con EEUU, para intensificar nuestra cooperación". Esta intención es la más novedosa de las expresadas en el discurso de investidura. España es un país que entiende la democracia como una Monarquía en la que, según su Constitución, “la persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Un país que cuenta con un sistema electoral que permite la reelección indefinida del Presidente del gobierno, pero no su elección directa. Cabe preguntarse como un país así puede ayudar a consolidar la democracia en países sin monarcas ni nobles, que eligen directamente a sus representantes. Aunque más difícil aún es adivinar qué relación encuentra el presidente del gobierno socialista entre “consolidar la democracia” dondequiera que sea y “abrir un capítulo de cooperación con EEUU".
En definitiva, el discurso del presidente José Rodríguez no augura cambios estructurales, en ninguno de sus frentes de acción y no parece muy socialista en sus planteos. Claro que la alternativa, el derechista Partido Popular propone inclinar bastante más la balanza a favor de las clases dominantes en perjuicio de los dominados, y de su concepto neofranquista de democracia mejor no hablar.
La inoperancia de la justicia española costó la vida de una niña
Hace casi dos meses desapareció una niña de cinco años en Huelva, Andalucía. Desde el primero momento se inició un despliegue social y policial para recuperarla. Pero todo el esfuerzo resultó inútil, el cuerpo de la niña fue encontrado el siete de marzo en un muelle de la ría de Huelva. Entonces se alzan voces de reclamo, la mayoría apuntan a este caso particular, pero unas pocas exigen cambios estructurales.
Dos aspectos de este caso dejan al descubierto la inoperancia de dos instituciones estatales. Desde el primer día, el padre de la niña sospechaba del acusado pero, aún con ese dato, la policía tardó más de dos meses en ubicar al sospechoso, demasiado tarde para ella. Los “investigadores” no se dieron cuenta que el sospechoso se presentaba los días uno y cinco de cada mes en el juzgado de instrucción número ocho de Sevilla en cumplimiento de las medidas cautelares que se le impuso por tocamientos a una menor en diciembre de 2006. Lo que resulta incomprensible es que esta misma institución no tarda mucho en encontrar a personas denunciadas por multas de tránsito u otras faltas menores.
El otro aspecto que completa esta paradoja administrativa es que el supuesto asesino de Mari Luz Cortés es un hombre con antecedentes por pederastia, cinco de las nueve causas abiertas contra él son por ese motivo, y tiene incluso una condena pendiente. Fue condenado a cumplir dos años y ocho meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija de cinco años, y desde marzo de 2006 es buscado para encerrarle. O sea que, al mismo tiempo que este hombre concurría a un juzgado sevillano cada quince días, otro juzgado de la misma ciudad lo consideraba inubicable y por lo tanto no lo emplazaba a cumplir su condena.
Cuando este tipo de casos llegan a las primeras planas, los analistas sociales se preguntan acerca de la corrupción administrativa y sus consecuencias. Porque la característica mediática y la gravedad de este caso impidió que pasara desapercibido, pero por cada caso así hay miles de injusticias, miles de vidas y familias destrozadas por la corrupción y la inoperancia de las administraciones estatales.
Corrupción no es sólo el hecho que un funcionario exija dinero o favores especiales para cumplir, o no, su función. Como sucedía en el ayuntamiento de Madrid, a la vista y conocimiento de todo el mundo sin que nadie hiciera nada al respecto, por más que algunos medios se esforzaran esporádicamente en denunciarlo. Es que esos mismos juzgados que le pierden la pista a los pederastas aún cuando matan niñas, son igualmente efectivos cuando se trata de olvidar las denuncias contra sus colegas de otros institutos estatales.
Por eso es que muchos de los reclamos que se plantean en esta oportunidad piden un cambio estructural, un cambio en los sistemas que evite que estos casos se produzcan con mucho más frecuencia de la deseada o mejor dicho propagandeada. Claro que entonces se pondría en evidencia que hay miles de funcionarios cuya única función es entorpecer el proceso administrativo, y eso sería sumamente complicado de procesar para el sistema de clientelismo político. Habría que cambiar muchas estructuras y fundamentalmente muchas caras e intenciones, caras hoy intocables gracias a la amigocracia, intenciones inalterables gracias a la corrupción. Pero la sociedad evoluciona, llegará el día en que el estado cumpla las funciones para las que le pagamos gran parte de nuestros ingresos, mientras tanto sobran las vidas para arruinar y las niñas para matar.
Dos aspectos de este caso dejan al descubierto la inoperancia de dos instituciones estatales. Desde el primer día, el padre de la niña sospechaba del acusado pero, aún con ese dato, la policía tardó más de dos meses en ubicar al sospechoso, demasiado tarde para ella. Los “investigadores” no se dieron cuenta que el sospechoso se presentaba los días uno y cinco de cada mes en el juzgado de instrucción número ocho de Sevilla en cumplimiento de las medidas cautelares que se le impuso por tocamientos a una menor en diciembre de 2006. Lo que resulta incomprensible es que esta misma institución no tarda mucho en encontrar a personas denunciadas por multas de tránsito u otras faltas menores.
El otro aspecto que completa esta paradoja administrativa es que el supuesto asesino de Mari Luz Cortés es un hombre con antecedentes por pederastia, cinco de las nueve causas abiertas contra él son por ese motivo, y tiene incluso una condena pendiente. Fue condenado a cumplir dos años y ocho meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija de cinco años, y desde marzo de 2006 es buscado para encerrarle. O sea que, al mismo tiempo que este hombre concurría a un juzgado sevillano cada quince días, otro juzgado de la misma ciudad lo consideraba inubicable y por lo tanto no lo emplazaba a cumplir su condena.
Cuando este tipo de casos llegan a las primeras planas, los analistas sociales se preguntan acerca de la corrupción administrativa y sus consecuencias. Porque la característica mediática y la gravedad de este caso impidió que pasara desapercibido, pero por cada caso así hay miles de injusticias, miles de vidas y familias destrozadas por la corrupción y la inoperancia de las administraciones estatales.
Corrupción no es sólo el hecho que un funcionario exija dinero o favores especiales para cumplir, o no, su función. Como sucedía en el ayuntamiento de Madrid, a la vista y conocimiento de todo el mundo sin que nadie hiciera nada al respecto, por más que algunos medios se esforzaran esporádicamente en denunciarlo. Es que esos mismos juzgados que le pierden la pista a los pederastas aún cuando matan niñas, son igualmente efectivos cuando se trata de olvidar las denuncias contra sus colegas de otros institutos estatales.
Por eso es que muchos de los reclamos que se plantean en esta oportunidad piden un cambio estructural, un cambio en los sistemas que evite que estos casos se produzcan con mucho más frecuencia de la deseada o mejor dicho propagandeada. Claro que entonces se pondría en evidencia que hay miles de funcionarios cuya única función es entorpecer el proceso administrativo, y eso sería sumamente complicado de procesar para el sistema de clientelismo político. Habría que cambiar muchas estructuras y fundamentalmente muchas caras e intenciones, caras hoy intocables gracias a la amigocracia, intenciones inalterables gracias a la corrupción. Pero la sociedad evoluciona, llegará el día en que el estado cumpla las funciones para las que le pagamos gran parte de nuestros ingresos, mientras tanto sobran las vidas para arruinar y las niñas para matar.
El PSOE se mantiene en el gobierno y su ventaja sobre el PP
Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 9/03/2008
Los resultados oficiales de las elecciones generales españolas confirman lo adelantado por las encuestas a boca de urna divulgadas al las 20, al cierre de los colegios electorales. José Luis Rodríguez Zapatero continuará otros cuatro años en el cargo de Presidente del Gobierno y Mariano Rajoy se queda sin su ansiado sillón.
El resultado continúa la tradición, todos los presidentes españoles desde el final de la dictadura han sido reelectos al menos una vez, Felipe Gonzáles lidera la lista con tres reelecciones. En un primer análisis de los resultados, resulta evidente que los votos de la izquierda se han concentrado en el PSOE, ya que la representación de Izquierda Unida bajó de cinco a dos diputados y Ezquerra Republicana perdió cinco de sus ocho representantes. Los analistas coinciden en señalar que se evidencia una voluntad de los votantes de izquierda de frenar el posible avance del PP con el llamado “voto útil” que supone fortalecer al más fuerte de un lado para enfrentar a los contrarios.
La previa
El clima político con que España llegó a estas elecciones fue tenso, aunque este país parece ya acostumbrado a los comicios bajo amenazas. Luego de quince años sin debates televisados, este año los españoles pudieron ver al menos dos de sus candidatos en confrontación discursiva antes de las elecciones. Hubo dos debates en que se enfrentaron dos de los candidatos presidenciables, uno casi la repetición del otro. En las dos ocasiones se trataron temas circunstanciales de la actualidad política a modo de discurso alternado, sin debate propiamente dicho . No hubo diálogo ideológico, ni confrontación político-filosófica alguna. Las encuestas post-debates declararon ganador en ambas ocasiones a Rodríguez Zapatero, candidato del Partido Socialista Obrero Español, sobre Mariano Rajoy, candidato del derechista Partido Popular. Los demás partidos, que fueron excluidos por los medios de comunicación de estos debates electorales, protestaron por esa restricción mediática de la política española al bipartidismo.
Dos días antes de la concurrencia a las urnas, la banda terrorista ETA hizo su acostumbrada aparición del único modo que sabe. Mataron a Isaías Carrasco, un ex - concejal del PSOE, por la espalda y frente a su hija y su esposa; tan cobarde como suena. Este asesinato terrorista vino a desautorizar el argumento central de la campaña electoral del PP, que aseguraba que había un pacto entre PSOE y ETA.
El sistema
España está dando aún sus primeros pasos en el camino del ejercicio democrático. Apenas han transcurrido treinta años de monarquía constitucional. En este tiempo, el electorado español recién ha tenido oportunidad de participar en diez elecciones generales, de las que surgieron parlamentos que eligieron a sólo cuatro presidentes.
Desde el final de la dictadura fascista que derrocó el primer régimen democrático español, España es un Reino. El Jefe de Estado del Reino de España es el Rey, elegido por el dictador y su sucesor será hereditario.
Los comicios que se celebraron el domingo en España eligieron “Las Cortes”, o sea a los integrantes de las dos cámaras que componen el poder legislativo. Los legisladores designados elegirán a su vez al Presidente del Gobierno, jefe del poder ejecutivo. El cargo de Presidente del Gobierno es casi análogo al de Primer Ministro en el régimen inglés y también puede ser reelecto indefinidamente.
Seguirán las horas de valoraciones y balances. En los próximos días se escucharán los “yo nunca dije eso” y los “ya lo decía yo”. Hoy queda la imagen clara de un electorado que demostró estar conforme con la conducción nacional de los últimos cuatro años y de una importante fuerza de derecha fiel a sus líderes y nostálgica de sus días de gloria.
Los resultados oficiales de las elecciones generales españolas confirman lo adelantado por las encuestas a boca de urna divulgadas al las 20, al cierre de los colegios electorales. José Luis Rodríguez Zapatero continuará otros cuatro años en el cargo de Presidente del Gobierno y Mariano Rajoy se queda sin su ansiado sillón.
El resultado continúa la tradición, todos los presidentes españoles desde el final de la dictadura han sido reelectos al menos una vez, Felipe Gonzáles lidera la lista con tres reelecciones. En un primer análisis de los resultados, resulta evidente que los votos de la izquierda se han concentrado en el PSOE, ya que la representación de Izquierda Unida bajó de cinco a dos diputados y Ezquerra Republicana perdió cinco de sus ocho representantes. Los analistas coinciden en señalar que se evidencia una voluntad de los votantes de izquierda de frenar el posible avance del PP con el llamado “voto útil” que supone fortalecer al más fuerte de un lado para enfrentar a los contrarios.
La previa
El clima político con que España llegó a estas elecciones fue tenso, aunque este país parece ya acostumbrado a los comicios bajo amenazas. Luego de quince años sin debates televisados, este año los españoles pudieron ver al menos dos de sus candidatos en confrontación discursiva antes de las elecciones. Hubo dos debates en que se enfrentaron dos de los candidatos presidenciables, uno casi la repetición del otro. En las dos ocasiones se trataron temas circunstanciales de la actualidad política a modo de discurso alternado, sin debate propiamente dicho . No hubo diálogo ideológico, ni confrontación político-filosófica alguna. Las encuestas post-debates declararon ganador en ambas ocasiones a Rodríguez Zapatero, candidato del Partido Socialista Obrero Español, sobre Mariano Rajoy, candidato del derechista Partido Popular. Los demás partidos, que fueron excluidos por los medios de comunicación de estos debates electorales, protestaron por esa restricción mediática de la política española al bipartidismo.
Dos días antes de la concurrencia a las urnas, la banda terrorista ETA hizo su acostumbrada aparición del único modo que sabe. Mataron a Isaías Carrasco, un ex - concejal del PSOE, por la espalda y frente a su hija y su esposa; tan cobarde como suena. Este asesinato terrorista vino a desautorizar el argumento central de la campaña electoral del PP, que aseguraba que había un pacto entre PSOE y ETA.
El sistema
España está dando aún sus primeros pasos en el camino del ejercicio democrático. Apenas han transcurrido treinta años de monarquía constitucional. En este tiempo, el electorado español recién ha tenido oportunidad de participar en diez elecciones generales, de las que surgieron parlamentos que eligieron a sólo cuatro presidentes.
Desde el final de la dictadura fascista que derrocó el primer régimen democrático español, España es un Reino. El Jefe de Estado del Reino de España es el Rey, elegido por el dictador y su sucesor será hereditario.
Los comicios que se celebraron el domingo en España eligieron “Las Cortes”, o sea a los integrantes de las dos cámaras que componen el poder legislativo. Los legisladores designados elegirán a su vez al Presidente del Gobierno, jefe del poder ejecutivo. El cargo de Presidente del Gobierno es casi análogo al de Primer Ministro en el régimen inglés y también puede ser reelecto indefinidamente.
Seguirán las horas de valoraciones y balances. En los próximos días se escucharán los “yo nunca dije eso” y los “ya lo decía yo”. Hoy queda la imagen clara de un electorado que demostró estar conforme con la conducción nacional de los últimos cuatro años y de una importante fuerza de derecha fiel a sus líderes y nostálgica de sus días de gloria.
La derecha de España exigirá un contrato a los inmigrantes
Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 24/02/2008.-
A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales en España, el Partido Popular que agrupa a la mayoría de la derecha española, hace promesas que lo sitúan cada vez más claramente en el sector de la ultraderecha. La última creación de los ideólogos del PP es un contrato, que obligarían a firmar a quien solicite residir por más de un año en España; obviamente en caso que accedan al gobierno.
Según Mariano Rajoy, presidente del PP, el “contrato de integración” tendría validez jurídica y comprometería al pretendido inmigrante a: "cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles", entre otras cuestiones; desgraciadamente aún no ha especificado las “otras cuestiones”.
Si se lee atentamente la propuesta de contrato, da la impresión que Rajoy no conociera en lo más mínimo la realidad de su propio país. En efecto, la primera condición de su propuesto contrato es que el inmigrante cumpla las leyes españolas. Parece que el candidato a presidente del PP no se ha enterado que los inmigrantes que viven ahora y han vivido hasta ahora en España, deben obedecer, y obedecen las leyes del país.
La segunda condición que Rajoy quiere imponer a los inmigrantes es igual de estéril: “aprender la lengua española”, aunque no especifica cuál de las cuatro lenguas españolas. Claro que, conociendo las posiciones de Rajoy podríamos descontar que se refiere al castellano. Cualquier abombau se da cuenta que lo primero que quiere un inmigrante es aprender el idioma del país que lo acoge, es el primer paso para integrarse y así tener posibilidades para sí y su familia. Fundamentalmente en un país como España donde el porcentaje de la población nativa que habla una lengua extranjera es casi nulo.
La tercera de las imposiciones contractuales se refiere a “las costumbres españolas” aunque no especifica cuales. Esto complica la cosa sobremanera para los inmigrantes en un país tan heterogéneo como España, donde los del norte odian a los del sur, los catalanes a los madrileños, los vascos a todo el planeta y todos odian a los madrileños. ¿A que costumbres se referirá Rajoy? Es de esperar que no se refiera a las de los funcionarios públicos españoles, porque si los inmigrantes las respetaran el país se detendría virtualmente. Pues al aplicar la tradicional doctrina del “vuelva usted mañana”, analizada en profundidad por el gran Larra, no trabajarían casi nada y aumentaría a niveles exorbitantes el consumo de té, café y demás ingestas típicas de las oficinas. Esperemos que tampoco se refiera a las costumbres de sus alcaldes, porque entonces ya no quedaría dinero por robar, perdón, debí decir “recalificar”. Confiamos que el candidato derechista se refiriera al café en el bar y a la caña con tapas a la salida del trabajo que, huelga comentar, constituye el motor de la economía, aunque es verdad que causa algunos problemas de tráfico.
Algunos de los políticos de centro e izquierda calificaron la propuesta del líder derechista de xenófoba, pero Rajoy, con la habitual profundidad en sus argumentos y razones, contestó que esas palabras le "traen sin cuidado". Es decir que sin llegar a pronunciar la celebre frase de de la ultraderechista australiana Pauline Hanson ante la misma pregunta: “Please explain”, tampoco dejó en claro que conociera el significado del término.
El contrato propuesto por Rajoy incluirá el requisito de "regresar a su país si durante un año no logra encontrar empleo". Esto ya culmina la acumulación de disparates rajoyanos y es la demostración más clara de lo lejos que vive este señor de la realidad cotidiana. Obviamente alguien que gana más de ocho mil euros del dinero de los contribuyentes no se habrá enterado aún que no es tarea fácil vivir un año en España sin trabajar, siempre referido a quienes no sean políticos, obvio.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales en España, el Partido Popular que agrupa a la mayoría de la derecha española, hace promesas que lo sitúan cada vez más claramente en el sector de la ultraderecha. La última creación de los ideólogos del PP es un contrato, que obligarían a firmar a quien solicite residir por más de un año en España; obviamente en caso que accedan al gobierno.
Según Mariano Rajoy, presidente del PP, el “contrato de integración” tendría validez jurídica y comprometería al pretendido inmigrante a: "cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles", entre otras cuestiones; desgraciadamente aún no ha especificado las “otras cuestiones”.
Si se lee atentamente la propuesta de contrato, da la impresión que Rajoy no conociera en lo más mínimo la realidad de su propio país. En efecto, la primera condición de su propuesto contrato es que el inmigrante cumpla las leyes españolas. Parece que el candidato a presidente del PP no se ha enterado que los inmigrantes que viven ahora y han vivido hasta ahora en España, deben obedecer, y obedecen las leyes del país.
La segunda condición que Rajoy quiere imponer a los inmigrantes es igual de estéril: “aprender la lengua española”, aunque no especifica cuál de las cuatro lenguas españolas. Claro que, conociendo las posiciones de Rajoy podríamos descontar que se refiere al castellano. Cualquier abombau se da cuenta que lo primero que quiere un inmigrante es aprender el idioma del país que lo acoge, es el primer paso para integrarse y así tener posibilidades para sí y su familia. Fundamentalmente en un país como España donde el porcentaje de la población nativa que habla una lengua extranjera es casi nulo.
La tercera de las imposiciones contractuales se refiere a “las costumbres españolas” aunque no especifica cuales. Esto complica la cosa sobremanera para los inmigrantes en un país tan heterogéneo como España, donde los del norte odian a los del sur, los catalanes a los madrileños, los vascos a todo el planeta y todos odian a los madrileños. ¿A que costumbres se referirá Rajoy? Es de esperar que no se refiera a las de los funcionarios públicos españoles, porque si los inmigrantes las respetaran el país se detendría virtualmente. Pues al aplicar la tradicional doctrina del “vuelva usted mañana”, analizada en profundidad por el gran Larra, no trabajarían casi nada y aumentaría a niveles exorbitantes el consumo de té, café y demás ingestas típicas de las oficinas. Esperemos que tampoco se refiera a las costumbres de sus alcaldes, porque entonces ya no quedaría dinero por robar, perdón, debí decir “recalificar”. Confiamos que el candidato derechista se refiriera al café en el bar y a la caña con tapas a la salida del trabajo que, huelga comentar, constituye el motor de la economía, aunque es verdad que causa algunos problemas de tráfico.
Algunos de los políticos de centro e izquierda calificaron la propuesta del líder derechista de xenófoba, pero Rajoy, con la habitual profundidad en sus argumentos y razones, contestó que esas palabras le "traen sin cuidado". Es decir que sin llegar a pronunciar la celebre frase de de la ultraderechista australiana Pauline Hanson ante la misma pregunta: “Please explain”, tampoco dejó en claro que conociera el significado del término.
El contrato propuesto por Rajoy incluirá el requisito de "regresar a su país si durante un año no logra encontrar empleo". Esto ya culmina la acumulación de disparates rajoyanos y es la demostración más clara de lo lejos que vive este señor de la realidad cotidiana. Obviamente alguien que gana más de ocho mil euros del dinero de los contribuyentes no se habrá enterado aún que no es tarea fácil vivir un año en España sin trabajar, siempre referido a quienes no sean políticos, obvio.
sábado, marzo 22, 2008
La Chocleada solidaria
Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 03/17/2008
(Basado en el informe del periodista argentino Gustavo Molina)
Un sistema de producción que conjuga trabajo voluntario y solidaridad colectiva puesto en marcha hace tres años, conseguirá en 2008 ayudar a más de cien mil personas de bajos recursos de la cuenca del Plata, sus creadores planean extender el proyecto a más ciudades para lograr proporcionar alimentos a medio millón de personas para el 2010.
“Cruzamos el Charco y nos animamos a contar nuestra historia en Uruguay. El pasado viernes 7 de marzo hicimos realidad la Chocleada en un campo de Mercedes, allí lo coordinó Carola Piriz y participaron unas 200 personas entre chicos y adultos de la escuela Uruguayan American School (UAS) y el colegio San Miguel. En Uruguay no hay un Banco de Alimentos como acá, entonces estos amigos productores se encargaron de distribuir unas 20 toneladas de maíz en comedores de los departamentos Soriano, Río Negro y Colonia”, explicó Sebastián Deym, productor rural de la zona e impulsor de esta cadena solidaria.
Este proyecto fue iniciado en 2006 en Alejandro Roca, un pueblo cordobés de 6000 habitantes, a 300 km al sureste de la capital de esta provincia argentina. La idea inicial fue de Deym que decidió involucrarse en el tema cuando Mónica Carranza, fundadora del comedor popular “Carasucias” le contó que la falta de recursos hacía que la continuidad del comedor peligrara seriamente y con él la alimentación miles de chicos de la zona.
El sistema consiste en obtener una hectárea de campo en donación de parte de un productor local que es sembrada por los chicos de una escuela local y sus padres. El producto de la cosecha se dona al banco de alimentos en Argentina, o a los comedores populares en los lugares donde no existe esa institución.
Este año, la cadena suma ciudades en territorio uruguayo. “Sumamos a Mercedes (Uruguay), y cinco ciudades más: Lincoln, Alejo Ledesma, San Francisco, Laboulaye, Venado Tuerto y Azul; en total, si el tiempo nos acompaña, ayudaremos a alimentar a 100 mil personas”, contó Sebastián Deym.
La exportación a Uruguay es sólo el primer paso, los promotores de la Chocleada planean extender el proyecto a todo el Mercosur. “en el año del Bicentenario – de la independencia argentina - queremos ayudar a alimentar a medio millón de personas”, dijo Deym. Parece una cifra difícil de alcanzar pero la mayor bondad de este sistema es su capacidad de multiplicación. Cada población que se suma asume el compromiso de, a su vez, involucrar en el proyecto a otra ciudad vecina. Este año se triplicará la cantidad de beneficiarios respecto a 2007.
El productor cordobés explicó que este sistema se expande rápidamente: “Lo maravilloso de este modelo es que es muy sencillo y replicable. En Uruguay lo tomaron enseguida, apuntamos a Paraguay y a Brasil, pero hace falta que alguien se anime a llevarlo adelante, por ahora lo estamos llevando adelante como un monocultivo. Pero la idea es que se coseche lo que crece naturalmente en tu zona geográfica: desde peras y manzanas en el Sur, pasando por uvas y tomates en Cuyo y naranjas y mandarinas del Litoral”.
El sábado próximo se realizará la tercera edición en Alejandro Roca, donde se inició la Chocleada. Los alumnos del “Instituto Privado Alejandro”, liderados por su rector Eduardo Galimberti, vienen trabajando desde hace semanas en el proyecto. Este año sumaron otras escuelas del pueblo y de los alrededores, el dinero recaudado se destinará a esos colegios.
En tiempos que los supuestos representantes del pueblo se corrompen y no cumplen la función para la que la sociedad los eligió y los puso en sus puestos, la gente crea sus sistemas de autogestión solidaria para satisfacer sus necesidades. Es obviamente con los productos de la cosecha, y no con burocracia, ejércitos y actos oficiales con lo que se alimenta a los que necesitan. Los pobladores de Alejandro Roca ya lo entendieron, y están haciendo correr la voz.
(Basado en el informe del periodista argentino Gustavo Molina)
Un sistema de producción que conjuga trabajo voluntario y solidaridad colectiva puesto en marcha hace tres años, conseguirá en 2008 ayudar a más de cien mil personas de bajos recursos de la cuenca del Plata, sus creadores planean extender el proyecto a más ciudades para lograr proporcionar alimentos a medio millón de personas para el 2010.
“Cruzamos el Charco y nos animamos a contar nuestra historia en Uruguay. El pasado viernes 7 de marzo hicimos realidad la Chocleada en un campo de Mercedes, allí lo coordinó Carola Piriz y participaron unas 200 personas entre chicos y adultos de la escuela Uruguayan American School (UAS) y el colegio San Miguel. En Uruguay no hay un Banco de Alimentos como acá, entonces estos amigos productores se encargaron de distribuir unas 20 toneladas de maíz en comedores de los departamentos Soriano, Río Negro y Colonia”, explicó Sebastián Deym, productor rural de la zona e impulsor de esta cadena solidaria.
Este proyecto fue iniciado en 2006 en Alejandro Roca, un pueblo cordobés de 6000 habitantes, a 300 km al sureste de la capital de esta provincia argentina. La idea inicial fue de Deym que decidió involucrarse en el tema cuando Mónica Carranza, fundadora del comedor popular “Carasucias” le contó que la falta de recursos hacía que la continuidad del comedor peligrara seriamente y con él la alimentación miles de chicos de la zona.
El sistema consiste en obtener una hectárea de campo en donación de parte de un productor local que es sembrada por los chicos de una escuela local y sus padres. El producto de la cosecha se dona al banco de alimentos en Argentina, o a los comedores populares en los lugares donde no existe esa institución.
Este año, la cadena suma ciudades en territorio uruguayo. “Sumamos a Mercedes (Uruguay), y cinco ciudades más: Lincoln, Alejo Ledesma, San Francisco, Laboulaye, Venado Tuerto y Azul; en total, si el tiempo nos acompaña, ayudaremos a alimentar a 100 mil personas”, contó Sebastián Deym.
La exportación a Uruguay es sólo el primer paso, los promotores de la Chocleada planean extender el proyecto a todo el Mercosur. “en el año del Bicentenario – de la independencia argentina - queremos ayudar a alimentar a medio millón de personas”, dijo Deym. Parece una cifra difícil de alcanzar pero la mayor bondad de este sistema es su capacidad de multiplicación. Cada población que se suma asume el compromiso de, a su vez, involucrar en el proyecto a otra ciudad vecina. Este año se triplicará la cantidad de beneficiarios respecto a 2007.
El productor cordobés explicó que este sistema se expande rápidamente: “Lo maravilloso de este modelo es que es muy sencillo y replicable. En Uruguay lo tomaron enseguida, apuntamos a Paraguay y a Brasil, pero hace falta que alguien se anime a llevarlo adelante, por ahora lo estamos llevando adelante como un monocultivo. Pero la idea es que se coseche lo que crece naturalmente en tu zona geográfica: desde peras y manzanas en el Sur, pasando por uvas y tomates en Cuyo y naranjas y mandarinas del Litoral”.
El sábado próximo se realizará la tercera edición en Alejandro Roca, donde se inició la Chocleada. Los alumnos del “Instituto Privado Alejandro”, liderados por su rector Eduardo Galimberti, vienen trabajando desde hace semanas en el proyecto. Este año sumaron otras escuelas del pueblo y de los alrededores, el dinero recaudado se destinará a esos colegios.
En tiempos que los supuestos representantes del pueblo se corrompen y no cumplen la función para la que la sociedad los eligió y los puso en sus puestos, la gente crea sus sistemas de autogestión solidaria para satisfacer sus necesidades. Es obviamente con los productos de la cosecha, y no con burocracia, ejércitos y actos oficiales con lo que se alimenta a los que necesitan. Los pobladores de Alejandro Roca ya lo entendieron, y están haciendo correr la voz.
sábado, febrero 23, 2008
La derecha española intenta un retroceso en salud reproductiva
Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 24/01/2008
Con miras a la campaña electoral en España las posiciones de la derecha española se radicalizan; entre ellas se intenta un retroceso en la despenalización del aborto, una ley que las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer consiguieron hace más de 27 años.
El Partido Popular, la mayor formación política de derecha en España, ha radicalizado su discurso a medida que se acerca la consulta popular del nueve de marzo próximo. En los últimos días ha realizado purgas de representantes de sus sectores menos conservadores y, a imagen y semejanza de los “neocons” norteamericanos, han resucitado temas que la sociedad española había superado hace ya tiempo.
Como parte de esa campaña, algunas organizaciones ultraderechistas realizaron manifestaciones a las puertas de clínicas abortistas para acosar a las mujeres que acuden a atenderse y a los profesionales que allí trabajan. La administración madrileña del PP, por su parte, fue denunciada por las clínicas por obstaculizar su trabajo realizando muchas más inspecciones de lo normal.
La situación llegó a tal extremo que llevó a que las clínicas se declararan en huelga en protesta contra el acoso de la ultraderecha. Santiago Barambio, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España, dijo que tanto los profesionales como sus pacientes “nos sentimos amenazados y criminalizados”.
Las autoridades policiales hicieron lo suyo llamando a declarar a varias mujeres que habían abortado legalmente. Varias organizaciones feministas y políticas de izquierda se solidarizaron con estas mujeres citadas por ejercer un derecho legal y sus miembros y dirigentes se autoinculparon, las mujeres de haber abortado y los hombres de haber acompañado a mujeres a abortar.
El pasado 20 de enero, Gaspar Llamazares, el coordinador general de Izquierda Unida, firmó un escrito de inculpación por haber ayudado a una mujer a abortar, al igual que otros 150 dirigentes de la federación.
La Conferencia Episcopal Española, una organización creada y dirigida hegemónicamente por hombres que reserva a la mujer un papel exclusivamente servil, es una de las instituciones de ultraderecha que promueve y sustenta los intentos de volver a las legislaciones de la dictadura franquista. La CEE no duda en publicar mentiras como: “La gran mayoría de los médicos, en España y en todo él mundo, se niegan terminantemente a practicar abortos…”
Obviamente a los curas de la CEE no les interesa que los electores lean las opiniones de asociaciones médicas como el Sindicato Médico del Uruguay, que en abril de 2004 emitió una declaración en la que afirma que "Ha quedado demostrado en forma científica, mas allá de credos, opiniones o valoraciones religiosas, filosóficas y políticas, que la despenalización del aborto lleva a una disminución del número de abortos provocados y a una drástica reducción de la mortalidad materna y del feto. Es en este marco teórico que el SMU considera su deber expresar su posición a favor de la despenalización del aborto".
La CEE no hace ninguna referencia a los derechos de la madre, a como evitar el aborto ilegal, ni a los riesgos que se corren en caso de que la operación se realice en condiciones clandestinas. El caso rumano es muy ilustrativo al respecto. En 1966 Rumania penalizó el aborto y los índices de mortalidad materna aumentaron a diez veces la taza promedio europea. En 1990, cuando el nuevo gobierno legalizó el aborto, esta cifra se redujo al 40 por ciento.
Otro caso totalmente gráfico es el de la Asociación de Salud Pública de Australia; esta institución emitió en 1989 una declaración que dice en parte: “…antes de 1971, el aborto (ilegal) era significativa causa de muerte materna en Australia. Desde entonces, las muertes por aborto (legal) han sido muy raras, y generalmente asociadas a serios problemas de salud previos. Toda referencia al aborto debe ser eliminada del Código Penal y ser regulada bajo la legislación de cuidado de salud, como lo son los demás servicios médicos."
En respuesta a estas conclusiones y otras tantas del mismo tenor, en julio de 2002 la eurocámara reclamó a los países de la Unión Europea que para “proteger los derechos de las mujeres se legalice el aborto con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar los riesgos de las prácticas ilegales”.
Pero a las organizaciones neoconservadoras españolas no les importan mucho los derechos de las mujeres. Su objetivo principal es recuperar las posiciones de poder y los privilegios que antes tenían garantizados y el avance de los derechos individuales en la sociedad contemporánea les quita cada día y en eso están.
Con miras a la campaña electoral en España las posiciones de la derecha española se radicalizan; entre ellas se intenta un retroceso en la despenalización del aborto, una ley que las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer consiguieron hace más de 27 años.
El Partido Popular, la mayor formación política de derecha en España, ha radicalizado su discurso a medida que se acerca la consulta popular del nueve de marzo próximo. En los últimos días ha realizado purgas de representantes de sus sectores menos conservadores y, a imagen y semejanza de los “neocons” norteamericanos, han resucitado temas que la sociedad española había superado hace ya tiempo.
Como parte de esa campaña, algunas organizaciones ultraderechistas realizaron manifestaciones a las puertas de clínicas abortistas para acosar a las mujeres que acuden a atenderse y a los profesionales que allí trabajan. La administración madrileña del PP, por su parte, fue denunciada por las clínicas por obstaculizar su trabajo realizando muchas más inspecciones de lo normal.
La situación llegó a tal extremo que llevó a que las clínicas se declararan en huelga en protesta contra el acoso de la ultraderecha. Santiago Barambio, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España, dijo que tanto los profesionales como sus pacientes “nos sentimos amenazados y criminalizados”.
Las autoridades policiales hicieron lo suyo llamando a declarar a varias mujeres que habían abortado legalmente. Varias organizaciones feministas y políticas de izquierda se solidarizaron con estas mujeres citadas por ejercer un derecho legal y sus miembros y dirigentes se autoinculparon, las mujeres de haber abortado y los hombres de haber acompañado a mujeres a abortar.
El pasado 20 de enero, Gaspar Llamazares, el coordinador general de Izquierda Unida, firmó un escrito de inculpación por haber ayudado a una mujer a abortar, al igual que otros 150 dirigentes de la federación.
La Conferencia Episcopal Española, una organización creada y dirigida hegemónicamente por hombres que reserva a la mujer un papel exclusivamente servil, es una de las instituciones de ultraderecha que promueve y sustenta los intentos de volver a las legislaciones de la dictadura franquista. La CEE no duda en publicar mentiras como: “La gran mayoría de los médicos, en España y en todo él mundo, se niegan terminantemente a practicar abortos…”
Obviamente a los curas de la CEE no les interesa que los electores lean las opiniones de asociaciones médicas como el Sindicato Médico del Uruguay, que en abril de 2004 emitió una declaración en la que afirma que "Ha quedado demostrado en forma científica, mas allá de credos, opiniones o valoraciones religiosas, filosóficas y políticas, que la despenalización del aborto lleva a una disminución del número de abortos provocados y a una drástica reducción de la mortalidad materna y del feto. Es en este marco teórico que el SMU considera su deber expresar su posición a favor de la despenalización del aborto".
La CEE no hace ninguna referencia a los derechos de la madre, a como evitar el aborto ilegal, ni a los riesgos que se corren en caso de que la operación se realice en condiciones clandestinas. El caso rumano es muy ilustrativo al respecto. En 1966 Rumania penalizó el aborto y los índices de mortalidad materna aumentaron a diez veces la taza promedio europea. En 1990, cuando el nuevo gobierno legalizó el aborto, esta cifra se redujo al 40 por ciento.
Otro caso totalmente gráfico es el de la Asociación de Salud Pública de Australia; esta institución emitió en 1989 una declaración que dice en parte: “…antes de 1971, el aborto (ilegal) era significativa causa de muerte materna en Australia. Desde entonces, las muertes por aborto (legal) han sido muy raras, y generalmente asociadas a serios problemas de salud previos. Toda referencia al aborto debe ser eliminada del Código Penal y ser regulada bajo la legislación de cuidado de salud, como lo son los demás servicios médicos."
En respuesta a estas conclusiones y otras tantas del mismo tenor, en julio de 2002 la eurocámara reclamó a los países de la Unión Europea que para “proteger los derechos de las mujeres se legalice el aborto con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar los riesgos de las prácticas ilegales”.
Pero a las organizaciones neoconservadoras españolas no les importan mucho los derechos de las mujeres. Su objetivo principal es recuperar las posiciones de poder y los privilegios que antes tenían garantizados y el avance de los derechos individuales en la sociedad contemporánea les quita cada día y en eso están.
Les dio vergüenza
Madrid - 16/01/2008
Por suerte, a los directivos del COE les queda un poco de sentido del ridículo y ante la carcajada generalizada retiraron su propuesta de letra, los pocos españoles a los que les importaba , aliviados.
Por suerte, a los directivos del COE les queda un poco de sentido del ridículo y ante la carcajada generalizada retiraron su propuesta de letra, los pocos españoles a los que les importaba , aliviados.
La Letra Nacional de España
Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 14/01/2008
El Comité Olímpico Español(COE) quiere que el himno tenga letra. Para ello convocó a autores españoles a escribir una letra para el himno y el jurado escogió una de las más de dos mil que se presentaron, y que será estrenada el 21 de enero, en la gala anual de la institución.
¡Viva España!/ Cantemos todos juntos/ con distinta voz/ y un solo corazón/ Ama a la Patria/ pues sabe abrazar/ bajo su cielo azul/ pueblos en libertad.
¡Viva España!/ desde los verdes valles/ al inmenso mar/ un himno de hermandad/ Gloria a los hijos/ que a la Historia dan/ justicia y grandeza/ democracia y paz.
La insípida letra propuesta por la dirigencia de la autoridad deportiva española no fue muy bien recibida por la población ni sus representantes. Carmen Calvo, vicepresidenta del Congreso, la considera anticuada, al igual que el dirigente de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. La vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega, en claro mensaje al Comité Olímpico, aclaró que las Cortes Generales son el marco adecuado para cualquier modificación del himno y para su aprobación definitiva. La vicepresidenta recordó que "el himno del país representa a todos los españoles" y que no solamente se emplea en acontecimientos deportivos, sino en todos los actos del Estado.
Los músicos han recibido con peor disposición la letra propuesta. Ismael Serrano y Antón Reixa, se mostraron contrarios a insertar letra a la Marcha Real. El gallego Iván Ferreiro, ex-líder de la banda Piratas, dijo que no cree en himnos y que le da "exactamente igual el español y también su letra". El conocido roquero Joaquín Sabina, por su parte, obviamente sí consideró una buena idea fonetizar el himno, y presentó dos borradores de letra, que sin llegar al nivel de muchas de sus canciones, claramente contrastan con la elegida por el COE:
Ciudadanos, / en guerra por la paz / y la diosa razón / mano en el corazón. / Ciudadanos, / ni súbditos ni amos / ni resignación / ni carne de cañón. / Pan amasado / con fe y dignidad / no hay nada más sagrado / que la libertad.
Ciudadanos, / ni héroes ni villanos, / hijos del ayer, / hay tanto por hacer. / Ciudadanos, / tan fieramente humanos, / tan paisanos del / hermano de Babel. / Alta montaña / con puerto de mar / clave de sol España / atrévete a soñar.
El Himno Nacional de España, la "Marcha Granadera" o "Marcha Real Española", no tiene letra. Fue la costumbre de interpretarla en los actos a que asistían el Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias que llevó a que se considerara himno, sin que mediara alguna disposición gubernamental. Durante la II República fue reemplazada por el Himno de Riego, pero una vez que los fascistas derrocaron al gobierno democrático, se volvió a la tradición monárquica. En 1997, el gobierno de Aznar decidió hacer del himno nacional una fuente de ingresos. El estado adquirió los derechos de explotación de la Marcha Granadera, de autor desconocido, pagando una abultada suma a los herederos del maestro Pérez Casas, cuya versión se interpreta en los actos oficiales. El estado cobra desde entonces derechos de autor por la emisión de la marcha, aunque aún no ha podido amortizar la inversión.
Resulta coherente que el Reino de España descarte el himno elegido por la II República sin siquiera considerarlo. Por la misma razón mantiene la tradición musical de la monarquía heredada del gobierno fascista de Franco, que es lo que actualmente define al país. Lo que sonaría como mínimo paradójico sería que la gente de la tierra de Machado, de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, de Serrat y de Cervantes; eligiera para representarla unos versos tan faltos de gusto como de compromiso ideológico.
El Comité Olímpico Español(COE) quiere que el himno tenga letra. Para ello convocó a autores españoles a escribir una letra para el himno y el jurado escogió una de las más de dos mil que se presentaron, y que será estrenada el 21 de enero, en la gala anual de la institución.
¡Viva España!/ Cantemos todos juntos/ con distinta voz/ y un solo corazón/ Ama a la Patria/ pues sabe abrazar/ bajo su cielo azul/ pueblos en libertad.
¡Viva España!/ desde los verdes valles/ al inmenso mar/ un himno de hermandad/ Gloria a los hijos/ que a la Historia dan/ justicia y grandeza/ democracia y paz.
La insípida letra propuesta por la dirigencia de la autoridad deportiva española no fue muy bien recibida por la población ni sus representantes. Carmen Calvo, vicepresidenta del Congreso, la considera anticuada, al igual que el dirigente de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. La vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega, en claro mensaje al Comité Olímpico, aclaró que las Cortes Generales son el marco adecuado para cualquier modificación del himno y para su aprobación definitiva. La vicepresidenta recordó que "el himno del país representa a todos los españoles" y que no solamente se emplea en acontecimientos deportivos, sino en todos los actos del Estado.
Los músicos han recibido con peor disposición la letra propuesta. Ismael Serrano y Antón Reixa, se mostraron contrarios a insertar letra a la Marcha Real. El gallego Iván Ferreiro, ex-líder de la banda Piratas, dijo que no cree en himnos y que le da "exactamente igual el español y también su letra". El conocido roquero Joaquín Sabina, por su parte, obviamente sí consideró una buena idea fonetizar el himno, y presentó dos borradores de letra, que sin llegar al nivel de muchas de sus canciones, claramente contrastan con la elegida por el COE:
Ciudadanos, / en guerra por la paz / y la diosa razón / mano en el corazón. / Ciudadanos, / ni súbditos ni amos / ni resignación / ni carne de cañón. / Pan amasado / con fe y dignidad / no hay nada más sagrado / que la libertad.
Ciudadanos, / ni héroes ni villanos, / hijos del ayer, / hay tanto por hacer. / Ciudadanos, / tan fieramente humanos, / tan paisanos del / hermano de Babel. / Alta montaña / con puerto de mar / clave de sol España / atrévete a soñar.
El Himno Nacional de España, la "Marcha Granadera" o "Marcha Real Española", no tiene letra. Fue la costumbre de interpretarla en los actos a que asistían el Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias que llevó a que se considerara himno, sin que mediara alguna disposición gubernamental. Durante la II República fue reemplazada por el Himno de Riego, pero una vez que los fascistas derrocaron al gobierno democrático, se volvió a la tradición monárquica. En 1997, el gobierno de Aznar decidió hacer del himno nacional una fuente de ingresos. El estado adquirió los derechos de explotación de la Marcha Granadera, de autor desconocido, pagando una abultada suma a los herederos del maestro Pérez Casas, cuya versión se interpreta en los actos oficiales. El estado cobra desde entonces derechos de autor por la emisión de la marcha, aunque aún no ha podido amortizar la inversión.
Resulta coherente que el Reino de España descarte el himno elegido por la II República sin siquiera considerarlo. Por la misma razón mantiene la tradición musical de la monarquía heredada del gobierno fascista de Franco, que es lo que actualmente define al país. Lo que sonaría como mínimo paradójico sería que la gente de la tierra de Machado, de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, de Serrat y de Cervantes; eligiera para representarla unos versos tan faltos de gusto como de compromiso ideológico.
viernes, enero 11, 2008
Los estados se unen contra los Estados Unidos
Madrid - 14/12/2007
Tras dos semanas de negociaciones, la cumbre de Bali llegó a un tímido consenso por el que 187 países se comprometieron a trabajar dos años para lograr otro consenso, en el que dicen que se van a comprometer a reducir sus respectivas agresiones contra el medio ambiente. Pese a la liviandad de la declaración, ha sido un gran triunfo; por primera vez en la historia la comunidad internacional consiguió que la prepotencia norteamericana se viera obligada a ceder.
A esta altura, el cambio climático no es un tema científico, sino del dominio público. Algunos más otros menos, todo el mundo sabe que el ser humano está afectando de algún modo el equilibrio planetario. Lo que también todos se han dado cuenta en algún grado es que, aunque los efectos no serán inmediatos, las acciones necesarias para mitigar su negatividad sí deben serlo.
Ante este convencimiento generalizado los gobernantes han hecho lo que acostumbran, culpar a la población de todos los males que ellos ocasionaron, y siguen ocasionando con sus políticas eco-depredadoras. A continuación los respectivos mandamases se avocan a exigir que sus gobernados hagan sacrificios en su vida cotidiana para, al fin y al cabo, no lograr nada porque ni fueron los causantes de la catástrofe, ni está en sus manos la solución.
Casi todos los países se gastan millones de sus unidades monetarias en campañas propagandísticas que reclaman a la población que no usen sus propios coches y si el transporte colectivo. Pero a ninguno hasta ahora se le ha ocurrido que la verdadera forma de convencer a la gente para que deje los coches es darles ventajas reales por no usarlos. Si el transporte público fuera gratuito, por ejemplo, Juan Pueblo lo pensaría dos veces antes de manejar diariamente al trabajo. No debe ser tan difícil, los balnearios de ski lo hacen, los casinos los hacen, un país debe poder hacerlo. A lo sumo tendrá que reducir un poquito su aparato profesional de matar, digo su ejército.
Pero lejos de ayudar con medidas concretas, o al menos buenos ejemplos, los gobiernos sólo aportan ejemplos de derroche, con miles de kilómetros de autopistas iluminadas como laboratorios durante toda la noche, por las que transitan coches que tienen sus propias luces, y sólo las tres primeras horas de oscuridad. O adornos de navidad como el de Madrid, que instaló ocho millones de lamparitas que mantuvo encendidas durante un mes.
Cuando el planeta se enfrentó al peligro del agujero en la capa de ozono que amenazaba con agrandarse hasta dejarnos a merced de las radiaciones del cosmos, no se le pidió a la población que dejara de usar heladeras, o que no se pusieran desodorante para desesperación de sus compañeros de vagón. Simplemente se legisló al respecto, los equipos de frío sustituyeron el cloroflúorcarbono por un gas que no afectara la atmósfera, y los fabricantes de desodorantes hicieron lo propio con el propelente de sus aerosoles. El problema se solucionó, o está en vías de, con medidas a escala industrial, nacional y, por sumatoria simple, planetaria.
En este caso se podrían plantear soluciones reales como limitar por ley la potencia de los coches actuales mientras se fabrica una nueva generación de coches impulsados por motores que se alimenten con fuentes energéticas renovables, todo lo que ya está inventado, solo hay que aplicarlo. Claro que inversiones de este tipo reducirían las ganancias de los gigantes de la industria actual, en particular a los petroleros, o sea los jefes de los gobernantes más poderosos en la actualidad.
Por eso por ahora sólo nos queda conformarnos con cambiar a un coche más pequeño y usarlo cada vez menos, no porque se nos proporcione un transporte colectivo barato y eficiente, sino porque el precio del combustible va subiendo a niveles pronto inaccesibles. A cambio se nos permite aplaudir cuando los que mandan se montan un numerito donde al menos nos dejan escuchar al representante de un pequeño país pobre decir a los yanquis que si no van a abrir el camino, mejor se aparten.
viernes, diciembre 07, 2007
España contra Chávez
Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 12/03/2007
Como en el resto del mundo, los medios de comunicación de masas españoles responden a diversos intereses y tendencias ideológicas. Los hay desde fascistas y monárquicos hasta de izquierda y, lógicamente, expresan un amplio abanico de opiniones. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo, ninguno simpatiza con Chávez.
Por eso, el lunes 3 de diciembre de 2007 todos los informativos abordaron una noticia desde el mismo ángulo, expresaron unánimemente su satisfacción por la derrota sufrida por el Presidente de Venezuela en su intento de modificar la constitución. Claro que ninguno dijo una palabra acerca de cómo aquel que todos llaman siempre “dictador”, mostrando su falta de ética periodística al desinformar a su audiencia, acató la decisión expresada en las urnas.
En efecto, si hay un secreto bien guardado en España, es que Chávez es un presidente constitucional, proclamado por la ciudadanía en elecciones democráticas que todos los observadores internacionales coincidieron en calificar de libres y transparentes. Quizás sea envidia, porque en España pocos saben lo que es votar un presidente; aquí lo elige el Congreso de los Diputados y lo nombra el Rey. Si, el Rey; porque cabe recordar que España, el mismo país que se autoproclama como democracia contemporánea, no es una república sino un reino.
En la campaña contra la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Chávez llevada a cabo por la prensa española, poco se pudo leer acerca de la propuesta en sí. Lo más publicitado fue que el proyecto habilitaría la reelección presidencial indefinida. Y así era, la reforma propuesta al Artículo 230 eliminaba la cláusula que restringe la reelección presidencial a una sola oportunidad. Pero los mismos periodistas que hacían tanto énfasis en la posibilidad de que Chávez se “entronizara” en el poder, obviaban al mismo tiempo el hecho que España tiene, hace más de 30 años, alguien “entronizado” en el poder, tanto que tiene un trono y todo.
El jefe del estado español no sólo es vitalicio, sino además hereditario, gana cien veces más que el presidente, fue designado y coronado por un genocida fascista y nunca nadie lo votó. Claro que a la prensa española ese hecho le parece maravillosamente democrático. Argumentan que el rey es sólo un personaje representativo y el poder efectivo recae en el presidente del gobierno, que la ciudadanía si vota, aunque en forma indirecta. Lo que tampoco se dice es que ese presidente puede ser reelecto indefinidamente, porque eso tampoco les parece antidemocrático. Lo que es bueno para España no necesariamente debe serlo para Venezuela.
Pero hay varios aspectos del proyecto de reforma constitucional venezolana que estos medios olvidaron mencionar. Uno interesante es el Artículo 90, que establece una jornada laboral máxima de seis horas diarias o 36 semanales. Será que en España la jornada laboral protegida de los abusos de los poderosos no es muy importante, y probablemente por esa razón la “ democracia” española no tiene una ley que limite el trabajo a ocho horas diarias.
Otro de los artículos olvidados es el 307, que prohíbe el latifundio, por considerarlo contrario al interés general, y prevé legislar el modo de convertir esas propiedades en bienes de uso social productivo. Obviamente en España esa pieza legislativa sería fuertemente rechazada, particularmente por los latifundistas que ostentan una buena porción del poder económico del reino. El propio rey Juan Carlos tiene 16.000 hectáreas en pleno Madrid, su coto de caza. Ese resabio feudal, impensable en una democracia moderna, es parte de la realidad actual del campo español, los latifundistas tienen incluso el descaro de cobrar ayudas de la Unión Europea por sus tierras improductivas.
Muchas de estas grandes extensiones son propiedad de la Iglesia, uno de los mayores latifundistas de la historia, otras pertenecen a duques, duquesas y otros nobles. Porque los españloles no son todos iguales, algunos son “nobles”, otros plebeyos. Y justamente el artículo 70 del bloque B de la constitución venezolana, que proclama la invalidez de los títulos nobiliarios, habrá sido el que más irritó a los medios españoles y los decidió a oponerse de plano a semejante texto. Una norma típica de un país primitivo, que una “democracia moderna” como es el Reino de España (valga la contradicción) no debe dar a conocer a sus súbditos, no sea que se les ocurra seguir el ejemplo.
Como en el resto del mundo, los medios de comunicación de masas españoles responden a diversos intereses y tendencias ideológicas. Los hay desde fascistas y monárquicos hasta de izquierda y, lógicamente, expresan un amplio abanico de opiniones. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo, ninguno simpatiza con Chávez.
Por eso, el lunes 3 de diciembre de 2007 todos los informativos abordaron una noticia desde el mismo ángulo, expresaron unánimemente su satisfacción por la derrota sufrida por el Presidente de Venezuela en su intento de modificar la constitución. Claro que ninguno dijo una palabra acerca de cómo aquel que todos llaman siempre “dictador”, mostrando su falta de ética periodística al desinformar a su audiencia, acató la decisión expresada en las urnas.
En efecto, si hay un secreto bien guardado en España, es que Chávez es un presidente constitucional, proclamado por la ciudadanía en elecciones democráticas que todos los observadores internacionales coincidieron en calificar de libres y transparentes. Quizás sea envidia, porque en España pocos saben lo que es votar un presidente; aquí lo elige el Congreso de los Diputados y lo nombra el Rey. Si, el Rey; porque cabe recordar que España, el mismo país que se autoproclama como democracia contemporánea, no es una república sino un reino.
En la campaña contra la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Chávez llevada a cabo por la prensa española, poco se pudo leer acerca de la propuesta en sí. Lo más publicitado fue que el proyecto habilitaría la reelección presidencial indefinida. Y así era, la reforma propuesta al Artículo 230 eliminaba la cláusula que restringe la reelección presidencial a una sola oportunidad. Pero los mismos periodistas que hacían tanto énfasis en la posibilidad de que Chávez se “entronizara” en el poder, obviaban al mismo tiempo el hecho que España tiene, hace más de 30 años, alguien “entronizado” en el poder, tanto que tiene un trono y todo.
El jefe del estado español no sólo es vitalicio, sino además hereditario, gana cien veces más que el presidente, fue designado y coronado por un genocida fascista y nunca nadie lo votó. Claro que a la prensa española ese hecho le parece maravillosamente democrático. Argumentan que el rey es sólo un personaje representativo y el poder efectivo recae en el presidente del gobierno, que la ciudadanía si vota, aunque en forma indirecta. Lo que tampoco se dice es que ese presidente puede ser reelecto indefinidamente, porque eso tampoco les parece antidemocrático. Lo que es bueno para España no necesariamente debe serlo para Venezuela.
Pero hay varios aspectos del proyecto de reforma constitucional venezolana que estos medios olvidaron mencionar. Uno interesante es el Artículo 90, que establece una jornada laboral máxima de seis horas diarias o 36 semanales. Será que en España la jornada laboral protegida de los abusos de los poderosos no es muy importante, y probablemente por esa razón la “ democracia” española no tiene una ley que limite el trabajo a ocho horas diarias.
Otro de los artículos olvidados es el 307, que prohíbe el latifundio, por considerarlo contrario al interés general, y prevé legislar el modo de convertir esas propiedades en bienes de uso social productivo. Obviamente en España esa pieza legislativa sería fuertemente rechazada, particularmente por los latifundistas que ostentan una buena porción del poder económico del reino. El propio rey Juan Carlos tiene 16.000 hectáreas en pleno Madrid, su coto de caza. Ese resabio feudal, impensable en una democracia moderna, es parte de la realidad actual del campo español, los latifundistas tienen incluso el descaro de cobrar ayudas de la Unión Europea por sus tierras improductivas.
Muchas de estas grandes extensiones son propiedad de la Iglesia, uno de los mayores latifundistas de la historia, otras pertenecen a duques, duquesas y otros nobles. Porque los españloles no son todos iguales, algunos son “nobles”, otros plebeyos. Y justamente el artículo 70 del bloque B de la constitución venezolana, que proclama la invalidez de los títulos nobiliarios, habrá sido el que más irritó a los medios españoles y los decidió a oponerse de plano a semejante texto. Una norma típica de un país primitivo, que una “democracia moderna” como es el Reino de España (valga la contradicción) no debe dar a conocer a sus súbditos, no sea que se les ocurra seguir el ejemplo.
sábado, noviembre 24, 2007
Quien quiere nuestros datos en realidad
Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 18 noviembre 2007
A principios de noviembre la Comisión Europea anunció su plan para que los datos de los pasajeros aéreos sean registrados y guardados durante 13 años. Esta propuesta fue presentada a los 27 estados miembros por el comisario de Justicia y Seguridad de la unión, Franco Frattini, poco más de un año después que la UE acordara con Estados Unidos un reglamento similar, que ya ha demostrado ser absolutamente inútil. En octubre de 2006, la UE consintió en entregar al Departamento de Seguridad Interior (DSI) norteamericano una serie de datos acerca de los pasajeros que viajen al gigante americano.
Este departamento podría compartir esos datos con otras autoridades responsables en la prevención y combate del terrorismo y delitos relacionados. O sea que ya hace un año que esta política de “no protección” de datos personales está en funcionamiento. Pero hete aquí que la semana pasada supimos que esa política no tiene efectividad alguna, ya que un grupo de investigadores norteamericanos lograron pasar materiales explosivos a través de puntos de control de seguridad en 19 aeropuertos.
O sea que si alguna organización terrorista hubiera querido perpetrar una matanza, nada la hubiera detenido, ni los scanners donde nos hacen sacar los cinturones, los zapatos, móviles, latops, relojes, llaves y demás; ni el guardia que luego nos manosea cuando el aparato se empecina en pitar, ni las bolsitas transparentes para llevar los perfumes y las mamaderas, nada. Ni siquiera la infinidad de datos que desde hace más de un año almacena el DSI.
La primera pregunta que se hace cualquier abombau es por qué razón los todopoderosos servicios secretos de los países que hacen la historia, y en particular norteamericanos, se molestan ahora en pedir permiso, cuando llevan toda su existencia, no sólo recabando información sin consentimiento de nadie, sino también violando todas y cada una de las leyes que protegen al individuo en cualquiera de los países de este desprestigiado planeta. Mucho menos ahora, cuando la mayoría de los gobiernos que siguen sumisamente las órdenes del mandamás imperial han votado leyes calcadas del “Patriot Act”, que anulan de un plumazo todos los derechos individuales que llevaron más de 200 años y ríos de sangre lograr.
Estas legislaciones post-11S les permiten recabar cualquier dato que se les antoje sin pedir permiso a nadie, del mismo modo que a nadie piden permiso para secuestrar gente en todos los rincones del planeta, meterlos en Guantánamo, y en otras prisiones de las que no tenemos ni idea, y torturarlos hasta matarlos, todo esto es ahora legal. Por eso, cualquier ciudadano de a pie, sin acceso a ningún tipo de información especial, incluso uno que no dedique mucho tiempo a leer las noticias, se puede preguntar para qué son esos datos.
Quizá en este caso como en tantos otros sirva aplicar la regla básica del periodismo que tuvo la deferencia de enseñarnos “garganta profunda”, el informante del caso Watergate; seguir la ruta del dinero. Si pensamos de donde viene el dinero que paga los privilegios de las infalibles agencias de seguridad de los diferentes países, en particular la de los EEUU, encontramos que su fuente de financiación son los impuestos de los contribuyentes. Ahora bien, esos impuestos son administrados por los gobiernos compuestos por políticos que responden a los intereses de los que los pusieron en sus sillones de poder.
Una visión romántica de las pseudo-democracias contemporáneas diría que fueron los electores, pero a esta altura hasta el más despistado sabe que los amos de estos esclavos de corbata son los que financian sus campañas y sus fortunas personales. Y esos con poder de financiar políticos no son otros que los gigantes comerciales del planeta.
Por eso, sin investigar ni un poquito se podría sospechar que los interesados en esos datos no son otros que las grandes corporaciones para quienes la información personal de sus consumidores es de vital importancia. Obviamente estas empresas tienen sus departamentos de marketing con sus propios recursos para obtener esa información pero sin duda esta ley lo hace todo más barato.
O sea que, un observador un poquito desconfiado no tardaría en concluir que son los vendedores de bienes y servicios los reales responsables de la invasión total de nuestra privacidad, de que nos hagan sacar los zapatos, y hayamos adquirido una habilidad especial para abrocharnos el reloj al mismo tiempo que nos ponemos el cinturón, guardamos la laptop en el portafolios y corremos a la puerta de embarque. Mientras tanto los terroristas, o mejor dicho los que los mandan, seguirán matando a cuantos quieran donde quieran y como quieran, que unos miles de consumidores menos no afectan sensiblemente la cifra global de ganancias.
La cumbre hispanoamericana de la hipocresía
Alejo Rivas Devecchi. Madrid
El lenguaje cotidiano apenas diferencia las palabras diplomacia e hipocresía por los términos que se utilizan en uno y otro caso, por lo demás se los percibe como sinónimos. De hecho, si buscamos la palabra disimulo en el diccionario de sinónimos, los primeros términos que aparecen son: “diplomacia, disfraz, hipocresía, encubrimiento”. Esta dualidad se percibe claramente cada vez que se produce un encuentro internacional de políticos.
La XVII Cumbre Latinoamericana no fue la excepción. Allí hubo quienes dijeron cosas mientras pensaban lo opuesto, al mismo tiempo hubo quienes dejaron salir su verdadero pensamiento, donde deberían disfrazarlo. El presidente venezolano Hugo Chávez, como de costumbre, dio que hablar a todos los medios internacionales al decir verdades de la forma y en el lugar equivocados, o por lo menos incómodo. Concretamente Chávez dijo que las empresas españolas en Latinoamérica actúan ilegalmente y apoyan golpes de estado, y que el ex presidente español José Aznar es un fascista.
El hecho que estas dos verdades hayan sido dichas fuera de sitio y de mal modo, no las vuelve mentiras. Obviamente, la diplomacia española puso énfasis en las segunda de estas afirmaciones y organizó un escándalo mediático y diplomático que consiguió eclipsar la primera, al menos en las primeras planas, aunque es una reclamación compartida por muchos de los mandatarios asistentes a la cumbre.
El rey Juan Carlos, al escuchar críticas a las empresas que contribuyen a acrecentar su fortuna desde que la dictadura fascista de Franco lo coronó (como denunciara su compatriota Jesús Cacho, en su libro “El negocio de la libertad”), perdió la compostura, olvidó que los países latinoamericanos ya no son colonias españolas e intentó hacer callar a un jefe de estado que, a diferencia suya, fue democráticamente electo por su pueblo. Chávez, haciendo gala de un sentido de la ubicación que no le es típico, lo ignoró.
Pero las críticas a las empresas españolas siguieron y el rey, demostrando una enorme falta de respeto hacia los mandatarios democráticos allí reunidos, y ningún interés acerca de las denuncias de las actividades ilegales de empresas españolas en Latinoamérica, se retiró de la reunión. Si hacemos un simple análisis de las afirmaciones del presidente venezolano, vemos que al llamar fascista a José Aznar no se aleja mucho de la verdad. El ex mandatario español realizó toda su carrera en el Partido Popular, del que es actualmente Presidente de Honor.
El PP es una organización política heredera de la Alianza Popular. Fué fundado y dirigido hasta hace muy poco por ministros del gobierno fascista de Franco. Su actuación política se ha caracterizado por el apoyo incondicional a las invasiones neocolonialistas de su colega George Bush, por sus iniciativas legislativas contra la inmigración y por favorecer al capital financiero internacional. Actualmente es empleado del magnate mediático ultraderechista Rupert Murdoch. Con respecto al golpe de estado que intentó derrocar a Chávez en 2002.
El actual Ministro de Relaciones Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, denunció en 2004 en el parlamento el apoyo del gobierno de Aznar a ese golpe, y presentó como pruebas ocho telegramas cifrados remitidos por el entonces embajador de España en Caracas, Manuel Viturro, al Ministerio de Exteriores. Pero la de Chávez no fue la única crítica al respecto en esta cumbre. Los presidentes de Nicaragua, Argentina y Ecuador también denunciaron las actividades ilegales de las empresas españolas, que buscan por todos los medios maximizar sus ganancias, siempre a costa de los usuarios, como hacen también en la España.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió a las tácticas de la empresa eléctrica española Unión Fenosa, :“Son una mafia. Es una estructura mafiosa, que utiliza tácticas gangsteriles dentro de la economía global de las que son víctimas nuestros países”.
En Colombia, Repsol extrae una importante cantidad de petróleo pero ninguna de las empresas lleva su nombre ni son identificadas como de su grupo. Esto se debe a que la actividad petrolífera mantiene en ese país un vínculo muy estrecho con el desarrollo del paramilitarismo, los desplazamientos forzosos masivos de la población local y la brutal violencia dirigida contra las organizaciones sociales. Las actividades de esta petrolera en otros países latinoamericanos como Argentina, Ecuador y Bolivia, aparece también vinculada a violaciones de los derechos de los pueblos nativos, al fomento de la corrupción y al deterioro del medio ambiente.
La lista de violaciones a la ley de cada país, los derechos humanos y la libertad perpetradas por estas empresas continúa indefinidamente. Hay varias organizaciones sociales locales que mantienen un activismo permanente contra sus acciones criminales. Pero claro que al rey Juan Carlos y a la diplomacia española, no les importan los derechos de las personas afectadas ni su responsabilidad al respecto. Sólo les importa que un presidente llame fascista a alguien que si no tiene una camisa negra en el armario debe andar muy cerca, pero nació en España
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