La derecha española intenta un retroceso en salud reproductiva

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 24/01/2008

Con miras a la campaña electoral en España las posiciones de la derecha española se radicalizan; entre ellas se intenta un retroceso en la despenalización del aborto, una ley que las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer consiguieron hace más de 27 años.

El Partido Popular, la mayor formación política de derecha en España, ha radicalizado su discurso a medida que se acerca la consulta popular del nueve de marzo próximo. En los últimos días ha realizado purgas de representantes de sus sectores menos conservadores y, a imagen y semejanza de los “neocons” norteamericanos, han resucitado temas que la sociedad española había superado hace ya tiempo.

Como parte de esa campaña, algunas organizaciones ultraderechistas realizaron manifestaciones a las puertas de clínicas abortistas para acosar a las mujeres que acuden a atenderse y a los profesionales que allí trabajan. La administración madrileña del PP, por su parte, fue denunciada por las clínicas por obstaculizar su trabajo realizando muchas más inspecciones de lo normal.

La situación llegó a tal extremo que llevó a que las clínicas se declararan en huelga en protesta contra el acoso de la ultraderecha. Santiago Barambio, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España, dijo que tanto los profesionales como sus pacientes “nos sentimos amenazados y criminalizados”.

Las autoridades policiales hicieron lo suyo llamando a declarar a varias mujeres que habían abortado legalmente. Varias organizaciones feministas y políticas de izquierda se solidarizaron con estas mujeres citadas por ejercer un derecho legal y sus miembros y dirigentes se autoinculparon, las mujeres de haber abortado y los hombres de haber acompañado a mujeres a abortar.

El pasado 20 de enero, Gaspar Llamazares, el coordinador general de Izquierda Unida, firmó un escrito de inculpación por haber ayudado a una mujer a abortar, al igual que otros 150 dirigentes de la federación.

La Conferencia Episcopal Española, una organización creada y dirigida hegemónicamente por hombres que reserva a la mujer un papel exclusivamente servil, es una de las instituciones de ultraderecha que promueve y sustenta los intentos de volver a las legislaciones de la dictadura franquista. La CEE no duda en publicar mentiras como: “La gran mayoría de los médicos, en España y en todo él mundo, se niegan terminantemente a practicar abortos…”

Obviamente a los curas de la CEE no les interesa que los electores lean las opiniones de asociaciones médicas como el Sindicato Médico del Uruguay, que en abril de 2004 emitió una declaración en la que afirma que "Ha quedado demostrado en forma científica, mas allá de credos, opiniones o valoraciones religiosas, filosóficas y políticas, que la despenalización del aborto lleva a una disminución del número de abortos provocados y a una drástica reducción de la mortalidad materna y del feto. Es en este marco teórico que el SMU considera su deber expresar su posición a favor de la despenalización del aborto".

La CEE no hace ninguna referencia a los derechos de la madre, a como evitar el aborto ilegal, ni a los riesgos que se corren en caso de que la operación se realice en condiciones clandestinas. El caso rumano es muy ilustrativo al respecto. En 1966 Rumania penalizó el aborto y los índices de mortalidad materna aumentaron a diez veces la taza promedio europea. En 1990, cuando el nuevo gobierno legalizó el aborto, esta cifra se redujo al 40 por ciento.

Otro caso totalmente gráfico es el de la Asociación de Salud Pública de Australia; esta institución emitió en 1989 una declaración que dice en parte: “…antes de 1971, el aborto (ilegal) era significativa causa de muerte materna en Australia. Desde entonces, las muertes por aborto (legal) han sido muy raras, y generalmente asociadas a serios problemas de salud previos. Toda referencia al aborto debe ser eliminada del Código Penal y ser regulada bajo la legislación de cuidado de salud, como lo son los demás servicios médicos."

En respuesta a estas conclusiones y otras tantas del mismo tenor, en julio de 2002 la eurocámara reclamó a los países de la Unión Europea que para “proteger los derechos de las mujeres se legalice el aborto con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar los riesgos de las prácticas ilegales”.

Pero a las organizaciones neoconservadoras españolas no les importan mucho los derechos de las mujeres. Su objetivo principal es recuperar las posiciones de poder y los privilegios que antes tenían garantizados y el avance de los derechos individuales en la sociedad contemporánea les quita cada día y en eso están.