La derecha española intenta un retroceso en salud reproductiva

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 24/01/2008

Con miras a la campaña electoral en España las posiciones de la derecha española se radicalizan; entre ellas se intenta un retroceso en la despenalización del aborto, una ley que las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer consiguieron hace más de 27 años.

El Partido Popular, la mayor formación política de derecha en España, ha radicalizado su discurso a medida que se acerca la consulta popular del nueve de marzo próximo. En los últimos días ha realizado purgas de representantes de sus sectores menos conservadores y, a imagen y semejanza de los “neocons” norteamericanos, han resucitado temas que la sociedad española había superado hace ya tiempo.

Como parte de esa campaña, algunas organizaciones ultraderechistas realizaron manifestaciones a las puertas de clínicas abortistas para acosar a las mujeres que acuden a atenderse y a los profesionales que allí trabajan. La administración madrileña del PP, por su parte, fue denunciada por las clínicas por obstaculizar su trabajo realizando muchas más inspecciones de lo normal.

La situación llegó a tal extremo que llevó a que las clínicas se declararan en huelga en protesta contra el acoso de la ultraderecha. Santiago Barambio, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en España, dijo que tanto los profesionales como sus pacientes “nos sentimos amenazados y criminalizados”.

Las autoridades policiales hicieron lo suyo llamando a declarar a varias mujeres que habían abortado legalmente. Varias organizaciones feministas y políticas de izquierda se solidarizaron con estas mujeres citadas por ejercer un derecho legal y sus miembros y dirigentes se autoinculparon, las mujeres de haber abortado y los hombres de haber acompañado a mujeres a abortar.

El pasado 20 de enero, Gaspar Llamazares, el coordinador general de Izquierda Unida, firmó un escrito de inculpación por haber ayudado a una mujer a abortar, al igual que otros 150 dirigentes de la federación.

La Conferencia Episcopal Española, una organización creada y dirigida hegemónicamente por hombres que reserva a la mujer un papel exclusivamente servil, es una de las instituciones de ultraderecha que promueve y sustenta los intentos de volver a las legislaciones de la dictadura franquista. La CEE no duda en publicar mentiras como: “La gran mayoría de los médicos, en España y en todo él mundo, se niegan terminantemente a practicar abortos…”

Obviamente a los curas de la CEE no les interesa que los electores lean las opiniones de asociaciones médicas como el Sindicato Médico del Uruguay, que en abril de 2004 emitió una declaración en la que afirma que "Ha quedado demostrado en forma científica, mas allá de credos, opiniones o valoraciones religiosas, filosóficas y políticas, que la despenalización del aborto lleva a una disminución del número de abortos provocados y a una drástica reducción de la mortalidad materna y del feto. Es en este marco teórico que el SMU considera su deber expresar su posición a favor de la despenalización del aborto".

La CEE no hace ninguna referencia a los derechos de la madre, a como evitar el aborto ilegal, ni a los riesgos que se corren en caso de que la operación se realice en condiciones clandestinas. El caso rumano es muy ilustrativo al respecto. En 1966 Rumania penalizó el aborto y los índices de mortalidad materna aumentaron a diez veces la taza promedio europea. En 1990, cuando el nuevo gobierno legalizó el aborto, esta cifra se redujo al 40 por ciento.

Otro caso totalmente gráfico es el de la Asociación de Salud Pública de Australia; esta institución emitió en 1989 una declaración que dice en parte: “…antes de 1971, el aborto (ilegal) era significativa causa de muerte materna en Australia. Desde entonces, las muertes por aborto (legal) han sido muy raras, y generalmente asociadas a serios problemas de salud previos. Toda referencia al aborto debe ser eliminada del Código Penal y ser regulada bajo la legislación de cuidado de salud, como lo son los demás servicios médicos."

En respuesta a estas conclusiones y otras tantas del mismo tenor, en julio de 2002 la eurocámara reclamó a los países de la Unión Europea que para “proteger los derechos de las mujeres se legalice el aborto con objeto de hacerlo más accesible a todos y eliminar los riesgos de las prácticas ilegales”.

Pero a las organizaciones neoconservadoras españolas no les importan mucho los derechos de las mujeres. Su objetivo principal es recuperar las posiciones de poder y los privilegios que antes tenían garantizados y el avance de los derechos individuales en la sociedad contemporánea les quita cada día y en eso están.

Les dio vergüenza

Madrid - 16/01/2008

Por suerte, a los directivos del COE les queda un poco de sentido del ridículo y ante la carcajada generalizada retiraron su propuesta de letra, los pocos españoles a los que les importaba , aliviados.

La Letra Nacional de España

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 14/01/2008

El Comité Olímpico Español(COE) quiere que el himno tenga letra. Para ello convocó a autores españoles a escribir una letra para el himno y el jurado escogió una de las más de dos mil que se presentaron, y que será estrenada el 21 de enero, en la gala anual de la institución.

¡Viva España!/ Cantemos todos juntos/ con distinta voz/ y un solo corazón/ Ama a la Patria/ pues sabe abrazar/ bajo su cielo azul/ pueblos en libertad.
¡Viva España!/ desde los verdes valles/ al inmenso mar/ un himno de hermandad/ Gloria a los hijos/ que a la Historia dan/ justicia y grandeza/ democracia y paz.

La insípida letra propuesta por la dirigencia de la autoridad deportiva española no fue muy bien recibida por la población ni sus representantes. Carmen Calvo, vicepresidenta del Congreso, la considera anticuada, al igual que el dirigente de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. La vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega, en claro mensaje al Comité Olímpico, aclaró que las Cortes Generales son el marco adecuado para cualquier modificación del himno y para su aprobación definitiva. La vicepresidenta recordó que "el himno del país representa a todos los españoles" y que no solamente se emplea en acontecimientos deportivos, sino en todos los actos del Estado.

Los músicos han recibido con peor disposición la letra propuesta. Ismael Serrano y Antón Reixa, se mostraron contrarios a insertar letra a la Marcha Real. El gallego Iván Ferreiro, ex-líder de la banda Piratas, dijo que no cree en himnos y que le da "exactamente igual el español y también su letra". El conocido roquero Joaquín Sabina, por su parte, obviamente sí consideró una buena idea fonetizar el himno, y presentó dos borradores de letra, que sin llegar al nivel de muchas de sus canciones, claramente contrastan con la elegida por el COE:

Ciudadanos, / en guerra por la paz / y la diosa razón / mano en el corazón. / Ciudadanos, / ni súbditos ni amos / ni resignación / ni carne de cañón. / Pan amasado / con fe y dignidad / no hay nada más sagrado / que la libertad.

Ciudadanos, / ni héroes ni villanos, / hijos del ayer, / hay tanto por hacer. / Ciudadanos, / tan fieramente humanos, / tan paisanos del / hermano de Babel. / Alta montaña / con puerto de mar / clave de sol España / atrévete a soñar.

El Himno Nacional de España, la "Marcha Granadera" o "Marcha Real Española", no tiene letra. Fue la costumbre de interpretarla en los actos a que asistían el Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias que llevó a que se considerara himno, sin que mediara alguna disposición gubernamental. Durante la II República fue reemplazada por el Himno de Riego, pero una vez que los fascistas derrocaron al gobierno democrático, se volvió a la tradición monárquica. En 1997, el gobierno de Aznar decidió hacer del himno nacional una fuente de ingresos. El estado adquirió los derechos de explotación de la Marcha Granadera, de autor desconocido, pagando una abultada suma a los herederos del maestro Pérez Casas, cuya versión se interpreta en los actos oficiales. El estado cobra desde entonces derechos de autor por la emisión de la marcha, aunque aún no ha podido amortizar la inversión.

Resulta coherente que el Reino de España descarte el himno elegido por la II República sin siquiera considerarlo. Por la misma razón mantiene la tradición musical de la monarquía heredada del gobierno fascista de Franco, que es lo que actualmente define al país. Lo que sonaría como mínimo paradójico sería que la gente de la tierra de Machado, de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, de Serrat y de Cervantes; eligiera para representarla unos versos tan faltos de gusto como de compromiso ideológico.

Los estados se unen contra los Estados Unidos

Madrid - 14/12/2007

Tras dos semanas de negociaciones, la cumbre de Bali llegó a un tímido consenso por el que 187 países se comprometieron a trabajar dos años para lograr otro consenso, en el que dicen que se van a comprometer a reducir sus respectivas agresiones contra el medio ambiente. Pese a la liviandad de la declaración, ha sido un gran triunfo; por primera vez en la historia la comunidad internacional consiguió que la prepotencia norteamericana se viera obligada a ceder.

A esta altura, el cambio climático no es un tema científico, sino del dominio público. Algunos más otros menos, todo el mundo sabe que el ser humano está afectando de algún modo el equilibrio planetario. Lo que también todos se han dado cuenta en algún grado es que, aunque los efectos no serán inmediatos, las acciones necesarias para mitigar su negatividad sí deben serlo.

Ante este convencimiento generalizado los gobernantes han hecho lo que acostumbran, culpar a la población de todos los males que ellos ocasionaron, y siguen ocasionando con sus políticas eco-depredadoras. A continuación los respectivos mandamases se avocan a exigir que sus gobernados hagan sacrificios en su vida cotidiana para, al fin y al cabo, no lograr nada porque ni fueron los causantes de la catástrofe, ni está en sus manos la solución.

Casi todos los países se gastan millones de sus unidades monetarias en campañas propagandísticas que reclaman a la población que no usen sus propios coches y si el transporte colectivo. Pero a ninguno hasta ahora se le ha ocurrido que la verdadera forma de convencer a la gente para que deje los coches es darles ventajas reales por no usarlos. Si el transporte público fuera gratuito, por ejemplo, Juan Pueblo lo pensaría dos veces antes de manejar diariamente al trabajo. No debe ser tan difícil, los balnearios de ski lo hacen, los casinos los hacen, un país debe poder hacerlo. A lo sumo tendrá que reducir un poquito su aparato profesional de matar, digo su ejército.

Pero lejos de ayudar con medidas concretas, o al menos buenos ejemplos, los gobiernos sólo aportan ejemplos de derroche, con miles de kilómetros de autopistas iluminadas como laboratorios durante toda la noche, por las que transitan coches que tienen sus propias luces, y sólo las tres primeras horas de oscuridad. O adornos de navidad como el de Madrid, que instaló ocho millones de lamparitas que mantuvo encendidas durante un mes.

Cuando el planeta se enfrentó al peligro del agujero en la capa de ozono que amenazaba con agrandarse hasta dejarnos a merced de las radiaciones del cosmos, no se le pidió a la población que dejara de usar heladeras, o que no se pusieran desodorante para desesperación de sus compañeros de vagón. Simplemente se legisló al respecto, los equipos de frío sustituyeron el cloroflúorcarbono por un gas que no afectara la atmósfera, y los fabricantes de desodorantes hicieron lo propio con el propelente de sus aerosoles. El problema se solucionó, o está en vías de, con medidas a escala industrial, nacional y, por sumatoria simple, planetaria.

En este caso se podrían plantear soluciones reales como limitar por ley la potencia de los coches actuales mientras se fabrica una nueva generación de coches impulsados por motores que se alimenten con fuentes energéticas renovables, todo lo que ya está inventado, solo hay que aplicarlo. Claro que inversiones de este tipo reducirían las ganancias de los gigantes de la industria actual, en particular a los petroleros, o sea los jefes de los gobernantes más poderosos en la actualidad.

Por eso por ahora sólo nos queda conformarnos con cambiar a un coche más pequeño y usarlo cada vez menos, no porque se nos proporcione un transporte colectivo barato y eficiente, sino porque el precio del combustible va subiendo a niveles pronto inaccesibles. A cambio se nos permite aplaudir cuando los que mandan se montan un numerito donde al menos nos dejan escuchar al representante de un pequeño país pobre decir a los yanquis que si no van a abrir el camino, mejor se aparten.

España contra Chávez

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 12/03/2007

Como en el resto del mundo, los medios de comunicación de masas españoles responden a diversos intereses y tendencias ideológicas. Los hay desde fascistas y monárquicos hasta de izquierda y, lógicamente, expresan un amplio abanico de opiniones. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo, ninguno simpatiza con Chávez.

Por eso, el lunes 3 de diciembre de 2007 todos los informativos abordaron una noticia desde el mismo ángulo, expresaron unánimemente su satisfacción por la derrota sufrida por el Presidente de Venezuela en su intento de modificar la constitución. Claro que ninguno dijo una palabra acerca de cómo aquel que todos llaman siempre “dictador”, mostrando su falta de ética periodística al desinformar a su audiencia, acató la decisión expresada en las urnas.

En efecto, si hay un secreto bien guardado en España, es que Chávez es un presidente constitucional, proclamado por la ciudadanía en elecciones democráticas que todos los observadores internacionales coincidieron en calificar de libres y transparentes. Quizás sea envidia, porque en España pocos saben lo que es votar un presidente; aquí lo elige el Congreso de los Diputados y lo nombra el Rey. Si, el Rey; porque cabe recordar que España, el mismo país que se autoproclama como democracia contemporánea, no es una república sino un reino.

En la campaña contra la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Chávez llevada a cabo por la prensa española, poco se pudo leer acerca de la propuesta en sí. Lo más publicitado fue que el proyecto habilitaría la reelección presidencial indefinida. Y así era, la reforma propuesta al Artículo 230 eliminaba la cláusula que restringe la reelección presidencial a una sola oportunidad. Pero los mismos periodistas que hacían tanto énfasis en la posibilidad de que Chávez se “entronizara” en el poder, obviaban al mismo tiempo el hecho que España tiene, hace más de 30 años, alguien “entronizado” en el poder, tanto que tiene un trono y todo.

El jefe del estado español no sólo es vitalicio, sino además hereditario, gana cien veces más que el presidente, fue designado y coronado por un genocida fascista y nunca nadie lo votó. Claro que a la prensa española ese hecho le parece maravillosamente democrático. Argumentan que el rey es sólo un personaje representativo y el poder efectivo recae en el presidente del gobierno, que la ciudadanía si vota, aunque en forma indirecta. Lo que tampoco se dice es que ese presidente puede ser reelecto indefinidamente, porque eso tampoco les parece antidemocrático. Lo que es bueno para España no necesariamente debe serlo para Venezuela.

Pero hay varios aspectos del proyecto de reforma constitucional venezolana que estos medios olvidaron mencionar. Uno interesante es el Artículo 90, que establece una jornada laboral máxima de seis horas diarias o 36 semanales. Será que en España la jornada laboral protegida de los abusos de los poderosos no es muy importante, y probablemente por esa razón la “ democracia” española no tiene una ley que limite el trabajo a ocho horas diarias.

Otro de los artículos olvidados es el 307, que prohíbe el latifundio, por considerarlo contrario al interés general, y prevé legislar el modo de convertir esas propiedades en bienes de uso social productivo. Obviamente en España esa pieza legislativa sería fuertemente rechazada, particularmente por los latifundistas que ostentan una buena porción del poder económico del reino. El propio rey Juan Carlos tiene 16.000 hectáreas en pleno Madrid, su coto de caza. Ese resabio feudal, impensable en una democracia moderna, es parte de la realidad actual del campo español, los latifundistas tienen incluso el descaro de cobrar ayudas de la Unión Europea por sus tierras improductivas.

Muchas de estas grandes extensiones son propiedad de la Iglesia, uno de los mayores latifundistas de la historia, otras pertenecen a duques, duquesas y otros nobles. Porque los españloles no son todos iguales, algunos son “nobles”, otros plebeyos. Y justamente el artículo 70 del bloque B de la constitución venezolana, que proclama la invalidez de los títulos nobiliarios, habrá sido el que más irritó a los medios españoles y los decidió a oponerse de plano a semejante texto. Una norma típica de un país primitivo, que una “democracia moderna” como es el Reino de España (valga la contradicción) no debe dar a conocer a sus súbditos, no sea que se les ocurra seguir el ejemplo.

Quien quiere nuestros datos en realidad

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 18 noviembre 2007

A principios de noviembre la Comisión Europea anunció su plan para que los datos de los pasajeros aéreos sean registrados y guardados durante 13 años. Esta propuesta fue presentada a los 27 estados miembros por el comisario de Justicia y Seguridad de la unión, Franco Frattini, poco más de un año después que la UE acordara con Estados Unidos un reglamento similar, que ya ha demostrado ser absolutamente inútil. En octubre de 2006, la UE consintió en entregar al Departamento de Seguridad Interior (DSI) norteamericano una serie de datos acerca de los pasajeros que viajen al gigante americano.

Este departamento podría compartir esos datos con otras autoridades responsables en la prevención y combate del terrorismo y delitos relacionados. O sea que ya hace un año que esta política de “no protección” de datos personales está en funcionamiento. Pero hete aquí que la semana pasada supimos que esa política no tiene efectividad alguna, ya que un grupo de investigadores norteamericanos lograron pasar materiales explosivos a través de puntos de control de seguridad en 19 aeropuertos.

O sea que si alguna organización terrorista hubiera querido perpetrar una matanza, nada la hubiera detenido, ni los scanners donde nos hacen sacar los cinturones, los zapatos, móviles, latops, relojes, llaves y demás; ni el guardia que luego nos manosea cuando el aparato se empecina en pitar, ni las bolsitas transparentes para llevar los perfumes y las mamaderas, nada. Ni siquiera la infinidad de datos que desde hace más de un año almacena el DSI.

La primera pregunta que se hace cualquier abombau es por qué razón los todopoderosos servicios secretos de los países que hacen la historia, y en particular norteamericanos, se molestan ahora en pedir permiso, cuando llevan toda su existencia, no sólo recabando información sin consentimiento de nadie, sino también violando todas y cada una de las leyes que protegen al individuo en cualquiera de los países de este desprestigiado planeta. Mucho menos ahora, cuando la mayoría de los gobiernos que siguen sumisamente las órdenes del mandamás imperial han votado leyes calcadas del “Patriot Act”, que anulan de un plumazo todos los derechos individuales que llevaron más de 200 años y ríos de sangre lograr.

Estas legislaciones post-11S les permiten recabar cualquier dato que se les antoje sin pedir permiso a nadie, del mismo modo que a nadie piden permiso para secuestrar gente en todos los rincones del planeta, meterlos en Guantánamo, y en otras prisiones de las que no tenemos ni idea, y torturarlos hasta matarlos, todo esto es ahora legal. Por eso, cualquier ciudadano de a pie, sin acceso a ningún tipo de información especial, incluso uno que no dedique mucho tiempo a leer las noticias, se puede preguntar para qué son esos datos.

Quizá en este caso como en tantos otros sirva aplicar la regla básica del periodismo que tuvo la deferencia de enseñarnos “garganta profunda”, el informante del caso Watergate; seguir la ruta del dinero. Si pensamos de donde viene el dinero que paga los privilegios de las infalibles agencias de seguridad de los diferentes países, en particular la de los EEUU, encontramos que su fuente de financiación son los impuestos de los contribuyentes. Ahora bien, esos impuestos son administrados por los gobiernos compuestos por políticos que responden a los intereses de los que los pusieron en sus sillones de poder.

Una visión romántica de las pseudo-democracias contemporáneas diría que fueron los electores, pero a esta altura hasta el más despistado sabe que los amos de estos esclavos de corbata son los que financian sus campañas y sus fortunas personales. Y esos con poder de financiar políticos no son otros que los gigantes comerciales del planeta.

Por eso, sin investigar ni un poquito se podría sospechar que los interesados en esos datos no son otros que las grandes corporaciones para quienes la información personal de sus consumidores es de vital importancia. Obviamente estas empresas tienen sus departamentos de marketing con sus propios recursos para obtener esa información pero sin duda esta ley lo hace todo más barato.

O sea que, un observador un poquito desconfiado no tardaría en concluir que son los vendedores de bienes y servicios los reales responsables de la invasión total de nuestra privacidad, de que nos hagan sacar los zapatos, y hayamos adquirido una habilidad especial para abrocharnos el reloj al mismo tiempo que nos ponemos el cinturón, guardamos la laptop en el portafolios y corremos a la puerta de embarque. Mientras tanto los terroristas, o mejor dicho los que los mandan, seguirán matando a cuantos quieran donde quieran y como quieran, que unos miles de consumidores menos no afectan sensiblemente la cifra global de ganancias.

La cumbre hispanoamericana de la hipocresía

Alejo Rivas Devecchi. Madrid

El lenguaje cotidiano apenas diferencia las palabras diplomacia e hipocresía por los términos que se utilizan en uno y otro caso, por lo demás se los percibe como sinónimos. De hecho, si buscamos la palabra disimulo en el diccionario de sinónimos, los primeros términos que aparecen son: “diplomacia, disfraz, hipocresía, encubrimiento”. Esta dualidad se percibe claramente cada vez que se produce un encuentro internacional de políticos.

La XVII Cumbre Latinoamericana no fue la excepción. Allí hubo quienes dijeron cosas mientras pensaban lo opuesto, al mismo tiempo hubo quienes dejaron salir su verdadero pensamiento, donde deberían disfrazarlo. El presidente venezolano Hugo Chávez, como de costumbre, dio que hablar a todos los medios internacionales al decir verdades de la forma y en el lugar equivocados, o por lo menos incómodo. Concretamente Chávez dijo que las empresas españolas en Latinoamérica actúan ilegalmente y apoyan golpes de estado, y que el ex presidente español José Aznar es un fascista.

El hecho que estas dos verdades hayan sido dichas fuera de sitio y de mal modo, no las vuelve mentiras. Obviamente, la diplomacia española puso énfasis en las segunda de estas afirmaciones y organizó un escándalo mediático y diplomático que consiguió eclipsar la primera, al menos en las primeras planas, aunque es una reclamación compartida por muchos de los mandatarios asistentes a la cumbre.

El rey Juan Carlos, al escuchar críticas a las empresas que contribuyen a acrecentar su fortuna desde que la dictadura fascista de Franco lo coronó (como denunciara su compatriota Jesús Cacho, en su libro “El negocio de la libertad”), perdió la compostura, olvidó que los países latinoamericanos ya no son colonias españolas e intentó hacer callar a un jefe de estado que, a diferencia suya, fue democráticamente electo por su pueblo. Chávez, haciendo gala de un sentido de la ubicación que no le es típico, lo ignoró.

Pero las críticas a las empresas españolas siguieron y el rey, demostrando una enorme falta de respeto hacia los mandatarios democráticos allí reunidos, y ningún interés acerca de las denuncias de las actividades ilegales de empresas españolas en Latinoamérica, se retiró de la reunión. Si hacemos un simple análisis de las afirmaciones del presidente venezolano, vemos que al llamar fascista a José Aznar no se aleja mucho de la verdad. El ex mandatario español realizó toda su carrera en el Partido Popular, del que es actualmente Presidente de Honor.

El PP es una organización política heredera de la Alianza Popular. Fué fundado y dirigido hasta hace muy poco por ministros del gobierno fascista de Franco. Su actuación política se ha caracterizado por el apoyo incondicional a las invasiones neocolonialistas de su colega George Bush, por sus iniciativas legislativas contra la inmigración y por favorecer al capital financiero internacional. Actualmente es empleado del magnate mediático ultraderechista Rupert Murdoch. Con respecto al golpe de estado que intentó derrocar a Chávez en 2002.

El actual Ministro de Relaciones Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, denunció en 2004 en el parlamento el apoyo del gobierno de Aznar a ese golpe, y presentó como pruebas ocho telegramas cifrados remitidos por el entonces embajador de España en Caracas, Manuel Viturro, al Ministerio de Exteriores. Pero la de Chávez no fue la única crítica al respecto en esta cumbre. Los presidentes de Nicaragua, Argentina y Ecuador también denunciaron las actividades ilegales de las empresas españolas, que buscan por todos los medios maximizar sus ganancias, siempre a costa de los usuarios, como hacen también en la España.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió a las tácticas de la empresa eléctrica española Unión Fenosa, :“Son una mafia. Es una estructura mafiosa, que utiliza tácticas gangsteriles dentro de la economía global de las que son víctimas nuestros países”.

En Colombia, Repsol extrae una importante cantidad de petróleo pero ninguna de las empresas lleva su nombre ni son identificadas como de su grupo. Esto se debe a que la actividad petrolífera mantiene en ese país un vínculo muy estrecho con el desarrollo del paramilitarismo, los desplazamientos forzosos masivos de la población local y la brutal violencia dirigida contra las organizaciones sociales. Las actividades de esta petrolera en otros países latinoamericanos como Argentina, Ecuador y Bolivia, aparece también vinculada a violaciones de los derechos de los pueblos nativos, al fomento de la corrupción y al deterioro del medio ambiente.

La lista de violaciones a la ley de cada país, los derechos humanos y la libertad perpetradas por estas empresas continúa indefinidamente. Hay varias organizaciones sociales locales que mantienen un activismo permanente contra sus acciones criminales. Pero claro que al rey Juan Carlos y a la diplomacia española, no les importan los derechos de las personas afectadas ni su responsabilidad al respecto. Sólo les importa que un presidente llame fascista a alguien que si no tiene una camisa negra en el armario debe andar muy cerca, pero nació en España

La otra España, la racista

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 4 noviembre 2007.

En las últimas dos semanas los medios de comunicación de España y el mundo han dedicado al tema del racismo quizás tanto o más tiempo que el que habían dedicado en toda su existencia. El catalizador de esta reacción mediática fue la agresión de un xenófobo contra una adolescente ecuatoriana en un tren de Barcelona que la cámara de seguridad grabó con lujo de detalles y ha sido retransmitida por cada medio audiovisual desde Catalunya a Quito, pasando por Manila para cortar camino.

La chica, de 16 años, viajaba en un tren catalán a la altura L'Hospitalet, cuando Sergi Xavier, de 21 años, que había abordado el vagón manteniendo una conversación de tono racista por su móvil, se percató de la presencia de la chica sudamericana. La imagen muestra como la agredió de palabra primero,luego la manoseó , y antes de bajarse le dio una patada de medio giro en la cara; nunca dejó de hablar por teléfono mientras asediaba a la chica. El testimonio posterior de la víctima confirmó que, mientras le pegaba, el agresor le gritaba insultos de corte racista como: "zorra", "inmigrante de mierda", la amenazaba de muerte y la “invitaba” a "irse a su país".

La actuación de la justicia española en lo referente a este caso ha sido, como poco, ineficiente. El agresor fue dejado en libertad por decisión de dos jueces y el fiscal ni siquiera acudió a la primera citación, aunque luego, en respuesta a la presión mediática y de la representación ecuatoriana en España, pidió la detención del violento racista. Una seman después del ataque, Sergi Xavier sigue en libertad y su víctima no quiere salir de su casa por temor.

Muchos se preguntan hoy por que razón este caso ha tenido tanta difusión dado que no es único, ni el más grave, ni siquiera raro. Jorge del Cura, portavoz del “Movimiento contra la Intolerancia” en Madrid, asegura que esa organización registra más de cuatro mil incidentes racistas al año en toda España. En febrero de 2006 en Alcalá de Henares, Miwa Buene, congoleño de 42 años, recibió una paliza que le propinó un hombre de 29 años “porque es negro”. Buene quedó parapléjico, sólo puede mover la boca. El agresor, que cuenta además con dos antecedentes por agresión y uno por robo con amenazas, fue interrogado por el juez siete meses después del ataque, y dejado en libertad. Tampoco en esta ocasión el fiscal acudió a la comparecencia.

En gran parte de los incidentes denunciados, los agresores son integrantes de cuerpos armados del estado: la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil. En 2006 hubo más de 600 denuncias por malos tratos policiales presentadas por inmigrantes. De los cuerpos de seguridad oficiales, el más denunciado son los Mossos d' Escuadra, la policía catalana. Tres personas fallecieron en cuarteles del Instituto Armado en 2006 y otras tres en dependencias de la Policía Local.

Pero hay otras formas de racismo, que los medios de comunicación omiten sistemáticamente. Cada verano, miles de inmigrantes ilegales, llegan a España, y a otros países de la Unión Europea, arriesgando su vida para cruzar cientos de kilómetros de océano en embarcaciones que apenas se mantienen a flote, las mejores de las veces. En 2006 se registraron 1167 muertos intentando la travesía. Obviamente esta cifra es mucho menor a la real, ya que es muy difícil cuantificar una actividad ilegal o contar cadáveres en alta mar. El precio del pasaje en patera desde Senegal hasta España ronda los 600 euros, mientras se puede comprar un pasaje en avión de Dakar a Madrid desde 343. (el salario mínimo en Senegal son 84 euros) La sencilla razón por la que miles de africanos se aventuran cada año a la travesía en la que tienen más probabilidades de perder la vida que llegar a destino en lugar de tomar un avión a mitad de precio, es que las autoridades de aduana españolas los devolverían a su país. Las leyes de inmigración de la Unión Europea, que permiten la entrada de unos y no la de otros, son la verdadera causa de miles de muertes al año y la principal fuente y expresión del racismo en toda Europa y en España en particular.

Lo que resulta más difícil de entender es que esta situación de verdadera catástrofe humanitaria se de en un país que no hace veinte años era un emisor de emigrantes. Pocas familias españolas no tienen un integrante que haya viajado a buscar una mejor vida. De hecho, recién en 2006 las remesas de trabajadores en España hacia el exterior superaron las que el país recibe de sus emigrados. Muchos de los inmigrantes que hoy son discriminados y maltratados, o simplemente rechazados en el aeropuerto, vienen de los países que recibieron a los españoles que no hace mucho huían de la violencia y el hambre en la Europa fratricida. Pero los pueblos no tienen buena memoria, y sus gobernantes mucho menos.

Una de piratas

El ladrón entró a casa de sus anfitriones con cautela, había escuchado varias historias acerca de la enorme fortuna que allí se guardaba, así que aprovechó cada instante para buscar vestigios de oro, plata y objetos valiosos. Los dueños de casa notaron el nerviosismo de su huésped y le preguntaron la razón. Él les contó las historias que sabía, y se mostró muy interesado en la naturaleza de sus tesoros, dijo que los ayudaría a guardarlos. Sus anfitriones no dudaron en mostrarle sus valores con orgullo, y hasta le regalaron algunas piezas.

Pero los regalos, lejos de contentar al ladrón, despertaron su infinita ambición. Enceguecido por el brillo del oro, decidió entonces que debía adueñarse de esa riqueza por los medios que fuera. Empezó por hacerse amigo y confidente de los dueños del oro, les habló de un dios bueno, de paz y amistad. Ellos confiaron en él y le abrieron las puertas de su casa. Cuando la ocasión fue propicia, el ladrón asesinó a toda la familia, a algunos los torturó durante horas antes de acabar con su vida. Cuando hubo terminado la matanza, cargó todo lo que pudo y se lo llevó a su casa. En su huída el ladrón, atolondrado, cargó más de lo que podía llevar y perdió muchas preciosas piezas por el camino, aunque nunca se enteró. Llevó los tesoros a su casa y fue recibido como un héroe. Sus vecinos le colmaron de honores, manjares y excesos, y tuvo una vida larga y viciosa, nunca trabajó.

Mucho tiempo después, ya muerto el ladrón, un grupo de intelectuales, estudiando la historia de la rica comarca, descubrieron todo acerca del robo y la matanza. Siguieron el camino que el ladrón hiciera en su tiempo, encontraron las piezas que había perdido en su huída y se las llevaron a su casa. Pero los nietos del ladrón se enteraron y acudieron a la justicia para reclamar las piezas “pertenecientes a su abuelo”, el juez les dio la razón y ordenó que las piezas les fueran “devueltas”.

Parece una historia de las Mil y una noches ¿verdad? pero es mucho más real que eso. En mayo de 2007, la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration, dedicada a la investigación y recuperación de naufragios, encontró los restos de un antiguo navío con un gran tesoro en monedas de oro y plata y resulta que el estado español sospecha que se trata de un barco de su flota imperial y reclama su propiedad.

España envió sus barcos, sus curas y sus tropas a robar todo lo que pudieran de América, los tesoros que transportaban sus galeones no era otra cosa que el producido de las minas del Perú, donde los nativos trabajaban como esclavos. Seis siglos más tarde, los descendientes de aquellos saqueadores genocidas reclaman la propiedad de esas riquezas. Lo mejor de todo es que llaman al botín “patrimonio histórico español” y un juez tuvo el descaro y el mal gusto histórico de ordenar la detención del buque “Odyssey Explorer” cuando saliera de Gibraltar.

El barco fue apresado el martes 16 de agosto, tan pronto entró en aguas españolas, y conducido al puerto de Algeciras para su inspección. Tres días después, fué liberado y se le concedió permiso para zarpar. Greg Stemm, copresidente y uno de los fundadores de la compañía, con sede en Tampa, dijo a los medios mientras disimulaba una sonrisa: "Estamos satisfechos con el hecho de que las autoridades españolas hayan podido llevar a cabo su inspección eficientemente", luego se acomodó el parche del ojo y se alejó caminando con su pata de palo.



Según la compañía rescatadora, los restos fueron encontrados en una zona del Océano Atlántico que se encuentra en aguas internacionales y que designa como “El Cisne Negro”. De acuerdo al investigador John Morris, esta zona está plagada de naufragios: “Nuestros estudios sugieren que un gran número de naves del período colonial se perdieron en esta zona, así que tenemos que ser muy cautelosos antes de especular con la identidad del pecio. Sin embargo, hemos tratado este hallazgo con mucho cuidado y creo que nuestro equipo arqueológico ha hecho un trabajo excelente. Estamos convencidos de que el hallazgo tendrá una enorme relevancia para la historia", agregó. Voceros de la empresa aseguran que el rescate se ha hecho en estricta observancia de las leyes internacionales. O dicho de otro modo; “como ya no queda oro que robar, buscamos lo que perdieron los viejos ladrones, nos lo llevamos, y ustedes no nos molesten” y se despidió diciendo: “estamos tranquilos porque sabemos a ciencia cierta que tendremos cien años de perdón”.

Se democratiza el valle de los caídos

Es un día importante para los españoles, ha caído el máyor símbolo de la dictadura franquista. El martes 17 de octubre se aprobó en el Parlamento la Ley de Memoria Histórica y, como colorario, se declaró al Valle de los Caidos, el mausoleo del dictador fascista, como "El valle de todos los caídos". Desde ahora allí se honrará la memoria de los muertos de los dos bandos de la guerra civil y el fascista allí enterrado se revolverá en su tumba.

Obviamente no es la solución ideal, las víctimas de el terror franquista hubieran preferido que se derribara el monumento hasta la última piedra, pero todo sucede gradualmente. Como dijera el gran Alfredo Zitarrosa, "...no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie".

Nueva ley autorizará a los españoles a recordar su historia

Por Alejo Rivas Devecchi

Luego de varios meses de negociaciones los partidos políticos españoles llegaron a una fórmula de acuerdo para la aprobación de la ley de Memoria Histórica que anulará varias normas remanentes de la pasada dictadura y ordena retirar los símbolos de exaltación del régimen fascista de los edificios y lugares públicos que aún los mantienen.

El proyecto enviado al parlamento declara ilegítimos, no ilegales, los juicios de los tribunales de la dictadura. Esta fue la razón por la que Ezquerra Republicana de Cataluña, se opuso al proyecto al igual que el derechista Partido Popular, aunque este lo hiciera por razones diametralmente opuestas. Los republicanos catalanes consideran esta ley insuficiente en lo referente al tratamiento de la legislación franquista. El PP por su parte, acusa al PSOE de reabrir las viejas heridas de la Guerra Civil y así dividir la sociedad española.

Los muchachos de Aznar nunca se quejaron de la misma forma de las masacres de la dictadura que simplemente dividió la sociedad española de entonces entre vivos (callados) y muertos (aquellos que se atrevieran a hablar). De hecho, este partido se ha negado consecuentemente a condenar el ataque al estado de derecho perpetrado por la dictadura franquista. El pasado 15 de octubre, el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, afirmó que no va a condenar la dictadura franquista porque, a su juicio, el período dictatorial fue de “extraordinaria placidez”.

Pero el hecho de declarar ilegítimas las sentencias de los tribunales franquistas va más allá de su valor simbólico. Esta disposición inicia el mecanismo para eliminar varias normas represivas de la dictadura que se mantienen pese a que hace años que ningún juez las aplica. Los socialistas prefieren curarse en salud y evitar que en cualquier momento algún burócrata nostálgico decida desempolvarlas.

Varias organizaciones de afectados por la dictadura, reclamaron que la ley ordenara la elaboración de un pormenorizado censo de víctimas y que se incluyera el relato de lo ocurrido en los programas de estudio de historia en primaria y secundaria. El Foro por la Memoria, reclamó a su vez que se investiguen todos los crímenes aunque no se juzgue a los culpables, pero al menos se recoja el testimonio de esta época oscura para España. Pero no lo consiguieron, ni siquiera el PSOE acompañó la iniciativa.

La nueva ley obligará sí a que se retiren los símbolos franquistas de de todos los lugares públicos, ya sean de administración estatal o privada. En clara alusión a la Iglesia, la ley habilita a retirar las subvenciones y ayudas públicas a las instituciones que se nieguen a la “ retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.



En definitiva, España empieza a transitar tímidamente el camino de la justicia que, como es ya archisabido, es el único recurso para lograr una verdadera pacificación nacional y sanar en lo posible las heridas de la lucha fratricida. Mientras que la mayoría de los países latinoamericanos ya han conseguido, unos mejor que otros, juzgar y castigar a los responsables de los genocidios cometidos por las dictaduras fascistas que asolaron el continente en los años 70 y 80, aquí recién se está pidiendo permiso al parlamento para recordar lo que sucedió. Será por eso que, pese a los denodados esfuerzos del juez Garzón por apresar a Pinochet, el dictador chileno se fue lo más tranquilo, y al igual que sus colegas ibéricos, se rió a carcajadas de la justicia española.

La monarquía española no admite críticas

Por Alejo Rivas Devecchi

El pasado 25 de julio, la revista humorística española “Jueves” fue censurada por un juez de la Audiencia Nacional y retirada de la venta por incluir en su portada una caricatura de los Príncipes de Asturias que el juez consideró “injuriosa”. Desde entonces se han sucedido una serie de episodios en que varios grupos de personas, en su mayoría nacionalistas, han expresado de varias formas su rechazo a la monarquía.

Parece paradójico, a más de dos siglos de existencia de la democracia moderna como sistema político, que aún se pueda escuchar a un presidente democráticamente electo defendiendo a la monarquía como institución, y más que paradójico si ese mandatario se dice “socialista”. Pero el presidente Zapatero, efectivamente dijo en su intervención ante la dirección del PSOE que los actos de rechazo a la monarquía son: “actitudes de jóvenes radicales, que son minoritarias” y agregó que “actuaciones de este tipo se dan en otros países del mundo y que los autores son minoría, pese a que las ofensas se amplifiquen con su difusión mediática.” Seguramente el presidente español nunca ha tenido noticia de las manifestaciones contra el presidente Bush, que se han dado a lo largo y ancho del planeta, y en ningún caso son minoritarias.

El rey Juan Carlos de Borbón, por su parte, defendió la institución que hace treinta años lo mantiene, valga la redundancia “a cuerpo de rey”. En un discurso pronunciado en la universidad de Oviedo a fines de setiembre, el monarca dijo: "La monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución" ha determinado "el más largo período de estabilidad y prosperidad en democracia vividos por España". Evidentemente, el monarca instalado en el trono por la dictadura franquista también padece de débil memoria. Lo más seguro es que no recuerde que antes que él España tuvo al menos 17 monarcas desde su existencia como reino unificado a partir de la invasión de Al-Andalus a fines del siglo XV, y no todo ese tiempo fue de estabilidad política y mucho menos de prosperidad. Lo que además escapa al razonamiento del rey es que el período al que él se refiere como de “estabilidad y prosperidad” coincide también con la primera vez en la historia española en que el estado de derecho democrático se mantuvo más de seis años seguidos. Obviamente, su perspectiva de monarca le impide pensar que quizás haya sido el sistema de libertades democráticas el que favoreció ese período y no su “presencia soberana”.

Pero, más allá de las declaraciones, las quemas de fotos, los ahorcamientos de muñecos y otras protestas antimonárquicas que representan más o menos el sentir de un pueblo, cabe analizar la posición de la figura real en la sociedad española del siglo XXI.

El primer argumento de los defensores de la monarquía es que el rey no tiene ningún poder efectivo, que es una institución meramente figurativa sin ninguna incidencia en la política del país. Ahora bien, en los presupuestos de 2008, se prevé una remuneración para el Presidente del Gobierno de 91.982 euros, mientras el rey recibirá 8,66 millones en el mismo período. Resulta como mínimo sospechoso que la misma institución (el estado español) pague a su empleado más importante 94 veces menos que a uno que no hace nada, y al que además le mantiene sus varias y suntuosas propiedades.



En cuanto a las funciones del rey, que sus defensores insisten en minimizar, incluyen según la constitución, “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”, así como “declarar la guerra y hacer la paz”, esto leído por cualquier hispano parlante de cualquiera de las 27 academias de la lengua hoy vigentes, significa que es el máximo responsable de la intervención de España en cualquier conflicto bélico, guerras de Irán y Afganistán incluidas. Si a esto es a lo que se intenta llamar atribuciones mínimas y sin importancia, asusta pensar en cuales serán las atribuciones importantes y en manos de quien puedan estar, sin hablar de lo que debe ganar esa persona.

La posición del rey Juan Carlos es totalmente entendible, su tiempo se acaba, el mundo contemporáneo no deja ya lugar a la transmisión del poder por herencia. Tampoco pertenece a estos tiempos el artículo 57 de la constitución donde se expresa el carácter fuertemente discriminatorio de ese sistema hereditario: “La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores;...; el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. La monarquía, como toda especie en peligro de extinción, se queja, utiliza los recursos a su alcance para intentar desautorizar a sus detractores, mientras se mantiene de espaldas al reloj de la historia, que no detiene su avance implacable.

La mentira repetida mil veces

Por Alejo Rivas Devecchi

El martes 25 de setiembre, el matutino El País de Madrid publicó las actas de una reunión que mantuvieron el ex presidente español José María Aznar, George W. Bush y sus respectivos asesores cuatro semanas antes de la invasión a Irak, en el rancho de Crawford, Texas. La importancia de esa conversación y su actual revelación radica en el hecho de que tuvo lugar cuando aún ni siquiera se había enviado a la ONU la segunda resolución referente a Irak, que al final ni siquiera llegó a considerarse. Sin embargo, el presidente norteamericano ya tenía los movimientos previos en marcha, e incluso había decidido la fecha de la invasión.

Bush dijo que el ataque era inminente, con resolución favorable o no, "Quedan dos semanas. En dos semanas estaremos militarmente listos. Estaremos en Bagdad a finales de marzo". Aznar, por su parte, le aseguró su apoyo y sólo pidió que le ayudara con la opinión pública de su país. Esto significa que, cuando al día siguiente el presidente español se dirigió a la población por televisión y aseguró que el régimen de Irak era un enorme peligro para el planeta y que se estaba haciendo todo lo posible por evitar el conflicto, mentía descaradamente.

A partir de ese momento, Aznar se dedicó a justificar su actitud ante la ciudadanía, sumando una mentira a otra y repitiéndolas frente a los medios de comunicación sin el más mínimo pudor, en cada oportunidad que se le presentaba. Un año después de la invasión, el 11 de marzo de 2004 (11M), tuvo lugar en la estación central de trenes de Madrid el mayor atentado que sufrió la nación española desde la Guerra Civil, consecuencia directa de la participación del país en la guerra de Irak. El gobierno de Aznar continuó su sumatoria de mentiras atribuyendo el atentado a la organización terrorista vasca ETA cuando ya era clara la autoría del fundamentalismo islámico; pero esta vez el electorado le dijo basta. El Partido Popular (PP) de Aznar perdió las elecciones que se celebraron tres días después y consideraban ganadas.

Pero el PP no perdió las elecciones por amplio margen, más de un 40 por ciento del electorado siguió fiel a los populares, pese a sus mentiras. Por eso los socios políticos de Aznar insisten en su modus operandi, y día a día agregan nuevas creaciones a su ya conocido repertorio de mentiras. Desde 2003 han continuado, y continúan hoy, repitiendo la mentira de la autoría de ETA en los atentados del 11M, que fue rebatida una y otra vez, incluso en los tribunales.

Esta forma de hacer política no es exclusiva de España, ni siquiera novedosa. Cambiando un par de nombres y algunas fechas, podemos trasladar esta crónica a casi cualquier país del planeta. De un modo u otro, todos suponemos que cuando los responsables de la política mundial se reúnen, se dicen cosas como las que ahora se revelan sobre la reunión del 22 de febrero de 2003 en Crawford, e inmediatamente después esos hombres poderosos se dedican a mentir sistemáticamente a sus respectivos votantes. Obviamente, hay una razón por la que esas reuniones son secretas, es lógico suponer que los participantes no quieren que la opinión pública sepa lo que realmente sucede en tales ocasiones, sino la distorsionada versión que ellos darán luego a los medios. Lo que resulta verdaderamente indignante es verlos luego llenarse la boca una y otra vez anunciando a los cuatro vientos la transparencia y honestidad de sus actos. Y más curioso es ver que sus electores, sabiendo de sus constantes patrañas, les crean (o simulen creerles) y los vuelvan a votar.

Dicho más claramente, el actual sistema político mundial se basa en un entramado de falsedades, fraguadas por los que detentan el poder, y aceptadas por un electorado conformista que simula creerlas y les entrega sus impuestos y sus votos; sólo piden a cambio que se las repitan mil veces.

Revancha contra la impunidad

Por Alejo Rivas Devecchi

El pasado cuatro de setiembre, con la asistencia de cientos de personalidades de la cultura, la política, el ejército y la sociedad uruguaya en general, se inició en el teatro El Galpón de Montevideo la recolección de firmas para la derogación de la Ley de impunidad; una segunda oportunidad que se plantean los uruguayos para corregir los vergonzosos errores del pasado y recuperar su dignidad como sociedad.

El integrante del Secretariado Ejecutivo de la central obrera, Luis Puig, que tuvo a su cargo parte de la oratoria del acto de lanzamiento de esta campaña, dijo que esta iniciativa "tiene que ver más con el futuro que con el pasado", ya que es “fundamental asegurarle a las nuevas generaciones que no sufrirán más el terrorismo de Estado y la única forma de hacerlo es terminar con la cultura de impunidad acuñada durante cuatro gobiernos".

Otro orador, el jurista especializado en derechos humanos Oscar López Goldaracena afirmó que el Estado "renunció ilegalmente a perseguir y juzgar los crímenes de lesa humanidad" al votar esa ley. Goldaracena agregó que esta legislación “violenta la separación de poderes”, fundamental en un estado democrático, como pretende ser el Uruguay, y es violatoria del derecho internacional.

La Ley de Impunidad, bautizada oficialmente “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado”, ley 15848, fué aprobada de apuro a fines de 1986. El 22 de diciembre estaban citados los primeros militares para declarar ante la justicia acerca de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura fascista que gobernó el país entre 1973 y 1985. El proyecto de ley fue enviado al parlamento un fin de semana, y aprobado casi a escondidas el domingo de madrugada, para que el lunes los militares genocidas no tuvieran que responder por sus crímenes. Cabe recordar que, como cortina de humo para desviar la atención de la ciudadanía, ese mismo fin de semana fue expulsado del parlamento el senador frenteamplista José Germán Araújo, que había sido el más votado. En las elecciones de 1989 la ciudadanía corrigió esa injusticia restituyendo su banca a Araújo, una vez más como el senador más votado.

En 1989 la ciudadanía realizó un esfuerzo sin precedentes para recolectar más de 600 mil firmas que habilitaron un referéndum para la anulación de la ley. Fué una campaña difícil, cargada de presiones, mentiras y amenazas. Personas que ocupaban, y ocupan hoy una banca en el parlamento, se ocuparon de llamar personalmente a los recolectores para amenazarlos. Fue anulado un gran porcentaje de las firmas por tecnicismos insignificantes. Pese a todo, se consiguieron los requisitos constitucionales y se realizó la votación.
La campaña por el voto también fue despiadada, el gobierno y los sectores conservadores pusieron todo su arsenal de influencias al servicio de los militares golpistas para amenazar a la ciudadanía con un nuevo golpe militar si se derogaba la ley. Pese a todo, el “voto verde” partidario de la anulación, resultó perdedor por un escaso margen, 43 contra 57 por ciento.

A casi veinte años de ese referéndum, las condiciones son diferentes, gobiernan los que entonces hicieron la campaña contra la ley, y pasaron suficientes años de democracia como para que la ciudadanía haya perdido el miedo y se resista a arrodillarse al primer retumbar de botas. Verdad es que la derecha que apoyó la dictadura y posteriormente la ley de impunidad sigue teniendo el dominio de los grandes capitales, fundamentalmente los medios de comunicación, pero esta campaña representa una nueva esperanza. Los uruguayos esperan que su país deje de ser el refugio de los delincuentes contra la humanidad, descubrir la verdad sobre esos crímenes, juzgar a los culpables y recuperar la poca dignidad que le va quedando al paisito.

Jimmy Justice, el periodismo activo

Por Alejo Rivas Devecchi
Hay un hombre en Nueva York que ha decidido emprender una labor como ciudadano, controlar a la policía. En su tiempo libre, Jimmy recorre las calles de su ciudad grabando en video a los policías violando las mismas leyes que a otros multan por no respetar. Jimmy colgó sus videos en Internet y puso a las autoridades de la ciudad en problemas.

Los ciudadanos de New York y del resto del mundo lo llaman Jimmy Justice, es un hombre común, un ciudadano de a pie, como dicen en España, que estaba harto de ver que, un día sí y otro también, los policías que tan celosamente hacen cumplir la ley a los demás, la burlan a cada paso. Entonces decidió escribir una queja a la jefatura de policía por el penoso actuar de sus efectivos, pero no obtuvo ningún resultado. Luego escribió al alcalde, pero tampoco entonces recibió respuesta de ningún tipo. Así que un día Jimmy dijo: “no va más”, tomó su cámara y decidió poner a estos señores en evidencia. Empezó a recorrer las calles grabando las incontables oportunidades en que los policías violan la ley y colgó esos videos en Internet.

En sus videos, Jimmy registra a policías en servicio estacionando sus coches en doble fila o frente a bocas de incendio, no para acudir a emergencias, sino para ir a comprar un bocadillo o actividades igualmente privadas. Jimmy ha concentrado su persecución en las mujeres policía que, al ser sorprendidas violando la ley, se ponen violentas, y empiezan a decir mentiras como que es ilegal filmar a un oficial de policía “por lo del terrorismo” o que las policías tienen derecho a estacionar ilegalmente si están “con el período”.

Hasta ahora, su sitio en Youtube lleva más de 55.000 visitas, pero esa cifra se disparó cuando Jimmy fue entrevistado por el informativo de la cadena televisiva NBC y en el “Today Show” En la entrevista, Jimmy dijo que el público está harto de los abusos de la policía y que espera que esto funcione como una bola de nieve, y cuanto más gente vea los videos, más presionen al ayuntamiento para que detenga la política predatoria de sus agentes, e instale un sistema de control para evitar ese tipo de abusos.

La idea de Jimmy no es una gran novedad, pero su acción si lo es. Es una forma productiva de utilizar el Internet, uno de los pocos espacios de libertad que aún subsisten en este planeta. Cabe ponerse a pensar que sucedería si desde ahora cada uno grabara con su cámara de video, con su teléfono móvil, con lo que tenga a mano, a los malos funcionarios públicos y privados con que todo ciudadano contemporáneo se cruza diariamente realizando sus ilegalidades cotidianas. Cada vez que un policía cometa una infracción si, pero también cada vez que cualquier funcionario acepte un soborno, cada vez que cualquier persona abuse de su autoridad por el medio que sea.

Vale recordar que hoy en día cualquiera que tenga un teléfono móvil y un cyber café cerca, puede publicar sus fotos, videos y comentarios en un medio al que acceden cientos de millones de personas diariamente. Sería bueno que la gente tome conciencia que, por primera vez en la historia del periodismo, el cuarto poder está en sus manos y va siendo hora de que lo use.

La independencia de la Bélgica rioplatense

Por Alejo Rivas Devecchi

El sábado pasado se conmemoró el 182 aniversario de la declaración de la independencia del Uruguay. Vale recordar cómo se creó ese estado, que ha sido gobernado desde entonces por sus verdaderos creadores y sus descendientes, aliados siempre a los sucesivos imperios que decidieron entonces y deciden hoy su destino.

En 1816 las tropas de invasión portuguesa bajo el mando de Carlos Federico Lecor, Barón de la Laguna, cumplían el viejo sueño portugués de dominar el margen oriental del río Uruguay, entonces casualmente coincidían con los intereses de Su Majestad Británica. Caía la última resistencia de Artigas y con él el último defensor de la Sudamérica unida. No faltó mucho para que los terratenientes orientales, los mismos que poco antes proponían a Artigas que les entregara las tierras abandonadas por los “malos europeos y peores americanos”, votaban en los cabildos la anexión al Imperio Portugués como la Provincia Cisplatina.

Hasta inicios de la década de 1820, el imperio Británico respaldó a Portugal en su expansión hasta el Río de la Plata pero, con Brasil convertido en estado, la cosa cambiaba. No convenía a sus intereses comerciales que toda la costa atlántica de América del Sur, desde el Ecuador hasta Cabo de Hornos, perteneciera a sólo dos países. Mucho menos a dos estados que, eventualmente, podían convertirse en poderosas potencias fuera de su control. Pero a partir de 1822, los ingleses hacen uso de todo su poder de persuasión para que Brasil renuncie a la Banda Oriental.

En 1825, Juan Lavalleja organiza un ataque de reconquista de la provincia en disputa con fondos facilitados por comerciantes ingleses. Por extraño que parezca, Lavalleja obtiene, en pocos meses, más resultados que ninguna de las dos potencias en los diez años anteriores. Casualmente, luego del desembarco los contendientes solicitan la mediación de Inglaterra, se suceden algunas batallas y, en agosto del mismo año, el Congreso de Florida que declara la independencia del nuevo país y su retorno a la comunidad de las Provincias Unidas.

El 10 de diciembre Brasil declara la guerra a las Provincias Unidas y en febrero, Rivadavia, que había pasado más de un año en Inglaterra, es ungido Presidente. Entra entonces en la escena Lord Ponsomby, un hábil diplomático británico que había obtenido su destino en el cono sur como castigo por su amistad demasiado estrecha con Lady Conyngham, la amante del rey Jorge IV.
Ponsomby empezó por convencer a Pedro II, emperador de Brasil, que no le convenía enemistarse con Gran Bretaña. Los argumentos del diplomático tenía mucho peso, para ese entonces, las armadas de ambos ejércitos (brasilero y de la Provincias Unidas) eran mayoritariamente inglesas, al igual que sus equipamientos y sus respectivos jefes de flota,
Guillermo Brown en Buenos Aires y Lord Cochrane en Brasil, “no es alejarse de la verdad decir que la guerra entre Brasil y Buenos Aires se mantiene en la actualidad entre ingleses, en directa contravención de las leyes de Inglaterra, con capital británico...”, decía Gordon, el cónsul inglés en Río de Janeiro, en sus informes.

Las gestiones del diplomático mediador tienen su punto álgido en mayo de 1827 cuando se logra la “Convención Preliminar de Paz”, un documento firmado por García, Ministro de Rivadavia con Brasil, renunciaba a la Banda Oriental, que quedaba en posesión del Imperio. Este tratado le costó la presidencia a Rivadavia, que trató de inculpar a su enviado, pero terminó renunciando. Ponsomby tenía a la Banda Oriental donde quería, Brasil haría lo que Gran Bretaña ordenara, y Pedro II obedeció.

En recompensa por sus servicios, la corona inglesa destinó a Ponsonby a Bélgica, donde maniobró para obtener la separación de Bélgica de los Países Bajos (hoy Holanda), para evitar su anexión a Francia y convertirlo en un Estado, otro “estado tapón”.
En agosto de 1828 se firma la paz definitiva y Uruguay vuelve a ser independiente . Al conocer la noticia, Artigas dijo “Ya no tengo patria”.

La guerra contra la Democracia en TV

Por Alejo Rivas Devecchi

El cineasta es un hombre maduro, delgado y enérgico, contesta las preguntas con una sintaxis precisa y con pasión al hablar, como si quisiera ganar al interrogador para su causa. Lleva el pelo blanco largo y sin amansar, al verlo su interlocutor no puede evitar evocar el carácter indómito de su persona, que ha dedicado su vida a denunciar los planes ocultos del poder y sus abusos permanentes. El reportero se siente un poco extraño, no es común entrevistar a otro periodista, muchos profesores lo citarían como primer punto en la lista de cosas que no se deben hacer. Pero este hombre es además un multipremiado cineasta, defensor de los derechos humanos desde hace décadas, y es esta condición la que justifica la entrevista, a propósito de la presentación de su último film.

John Pilger lleva casi cincuenta años de actividad como periodista actor y cineasta, con 55 documentales en su haber, todos ellos dedicados a la crítica de las intervenciones militares y económicas que los poderes occidentales han realizado en distintos países del mundo. Comenzó su carrera en 1958 en Australia, su país natal, y en los años 60 se mudó a Gran Bretaña, donde vive desde entonces. Su última realización, “La Guerra contra la Democracia” pone la lupa en el modo que los Estados Unidos están “llevando la Democracia” al resto del mundo, y llega claramente a la conclusión que el verdadero objetivo es el opuesto, impedir que eso suceda.

Este documental, el primero que Pilger produce para cine y televisión, fue filmado en Venezuela, Bolivia, Chile y los EE.UU. aunque habla además de Guatemala y Nicaragua. Fue estrenado en los cines en el Reino Unido el pasado 11 de mayo y será televisado en ITV1 el lunes 20 de agosto. Cuenta la historia del ''patio trasero de América'' y la incesante lucha de su gente, primero contra los españoles, y luego contra otros poderes europeos que vinieron a reemplazar al español cuando este entró en decadencia. Acerca de sus motivos para la realización de este documental, Pilger cuenta que se le ocurrió cuando escuchaba el discurso de inauguración de la segunda presidencia de George Bush, en el que prometió traer democracia al mundo, “En este discurso Bush menciona las palabras ''democracia'' y ''libertad'' veintiuna veces. Bush no dejó ninguna duda que estaba desnudando conceptos nobles como ''democracia'' y ''libertad'' de su significado verdadero”, recuerda el realizador. Fue entonces que decidió hacer una película “que iluminara esta verdad disfrazada -- que los EE.UU. ha estado por un largo tiempo emprendiendo una guerra en contra de la democracia detrás de una fachada de propaganda diseñada a torcer el intelecto y la moralidad de los estadounidenses y del resto de nosotros”, terminó Pilger.

Una de las principales partes de este film es una entrevista que el director mantuvo con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Respecto a la situación en este país sudamericano Pilger opina que “Los cambios realizados bajo el gobierno de Chávez son extraordinarios; en democracia participativa, salud, educación y en el mero hecho de elevar la calidad de vida de la gente.” Pero asegura que queda su modelo económico sigue siendo neoliberal y queda un largo camino por recorrer para lograr una situación de verdadera justicia social. “Los ricos en Venezuela se quejan sin parar de que haya disminuido su poder económico - lo cual no es cierto – explica el cineasta- lo que los ricos ya no controlan más es el gobierno.”
El documental también muestra la situación de Chile, el modelo norteamericano para la democracia en Sudamérica, que aún vive bajo la sombra de Pinochet. Además habla de la Escuela de las Américas, el centro de entrenamiento donde se formaron los torturadores de las dictaduras latinoamericanas, que funciona en Georgia.

En los últimos años, películas de este tenor han tenido un gran éxito público y crítica, como los realizados por el norteamericano Michael Moore, que fueron premiados en Cannes y hasta obtuvieron el primer oscar otorgado a un documental. Esto demuestra que, pese a los intentos del poder, la gente está tomando conciencia de lo que pasó y pasa en el planeta, y películas como la de Pilger ayudan a que al fin suceda lo único que puede revertir la situación de injusticia que lleva ya demasiado tiempo que la gente se levante y se eche a andar.

En España la censura vive y lucha

Por Alejo Rivas Devecchi

El juez español Juan del Olmo ordenó el retiro de circulación del último número de la revista “El Jueves” que en su portada incluye una caricatura que muestra a los Príncipes de Asturias mateniendo relaciones sexuales al tiempo que el príncipe dice a su esposa: “¿Te das cuenta? si te quedas preñada, esto es lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida”. Esta portada fue considerada por el juez como agraviante.

El texto de la caricatura hace referencia a la ayuda a la maternidad de 2500 euros por hijo que el gobierno anunció en el pasado debate del estado de la nación. Esta decisión del ejecutivo constituyó un duro golpe a la oposición derechista que se consideraba triunfante desde su victoria electoral en los comicios municipales y, según los analistas políticos, perfiló al presidente Zapatero como claro vencedor del debate.

La redacción de la revista contestó la decisión judicial con un comunicado titulado: “¿ 20 de Julio de 2007?” en el que comenta que su revista ha publicado cientos de dibujos acerca de la familia real, y hasta un libro “Tocando los Borbones”. El comunicado se termina preguntando si en realidad está sucediendo esto el 20 de julio de 2007, en clara alusión a la pasada dictadura franquista, cuando episodios como este eran cotidianos.

Según la fiscalía, la caricatura infringe un artículo del Código Penal español, que prevé hasta dos años de cárcel para quien "calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes...”. Aunque la revista fue retirada por la policía de los puestos de venta, en el sitio en Internet de la publicación se podía ver la portada de la revista hasta que se saturó por el alto número de visitas.

El Jueves es una revista humorística de perfil irreverente que se publica hace treinta años en España. Hasta el número de la semana pasada contaba con 400.000 lectores. Pero gracias a la decisión del juez censor, la revista alcanzó una masiva difusión inesperada y la caricatura prohibida fue ya publicada por los principales medios de comunicación españoles y extranjeros.

La decisión judicial aumentó a tal nivel la popularidad de la revista que tres días después del retiro del ejemplar censurado, ya se pueden comprar en Ebay decenas de ejemplares que se salvaron de la barrida policial. Claro que su precio ha aumentado de los originales dos euros y medio, a más de tres mil.

Más allá de quien esté realmente detrás de la triste decisión del juez Del Olmo, está claro que lo que más molesta al poder en este caso es el texto y no el dibujo de la caricatura. La familia real le cuesta al contribuyente español más de 14 millones de euros al año, sin contar el mantenimiento de sus múltiples residencias. A cada vez más españoles les cae muy mal que estos señores, instalados en el poder por un dictador, se den literalmente “una vida de reyes” mientras el veinte por ciento de los españoles vive en la pobreza. Este incidente viene a recordar a los que creen que España es un país democrático, que no lo es, que es un reino, que cuarenta años de fascismo no desaparecen sin dejar rastros, y que si se quiere llegar a vivir en un país libre, algo habrá que hacer al respecto.

Para Weber, la Alhambra no es tan maravillosa

Por Alejo Rivas Devecchi

El domingo pasado, en una gala realizada en el estadio de la Luz de Lisboa, finalizó el concurso mundial organizado por la fundación New Open World Corporation, perteneciente al millonario suizo Bernard Weber, se eligieron las Siete Maravillas del Mundo Contemporáneo, contando 100 millones de votos de todo el mundo.

Los granadinos, que habían mandado una delegación encabezada por el alcalde José Torres Hurtado a presentar la candidatura de su gran monumento árabe, La Alhambra, resultaron totalmente frustrados. Los monumentos elejidos fueron La Gran Muralla china, las ruinas de Petra en Jordania, el Cristo Redentor del Brasil, Machu Picchu en Perú, Chichen Itza en Méjico, el Coliseo de Roma y el Taj Mahal de la India.

El presidente de la Asociación Mundial para la Protección del Patrimonio Tangible e Intangible en Tiempos de Conflicto, Talal Akasheh, se refirió a este concurso calificándolo de "puro marketing" dijo que sería un buen gesto que se destinara lo recaudado para proteger de verdad el patrimonio mundial. Talal Akasheh, que fue conservador del templo de Petra, dijo a modo de ejemplo, que tanto este monumento como la Alhambra de Granada son cada uno "una maravilla se vote lo que se vote".

Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo eran otros tantos monumentos que los griegos de la época helenística consideraban las mayores de su mundo contemporáneo y, por tanto, dignas de ser admiradas. La lista clásica fue esbozada en un poema escrito por Antípatro de Teasalónica, en el 125 antes de nuestra era, en el que alaba estas obras:
La Gran Pirámide de Giza en Ejipto, fue terminada alrededor del año 2570 antes de Cristo es la única que se conserva, fue tumba la del faraón Keops por Herodoto.
Los Jardines colgantes de Babilonia, actual Irak, fueron construidos en 605 antes de Cristo. El Templo de Artemisa en Éfeso, actualmente Turquía, fue construido en 550 antes de Cristo. La Estatua de Zeus en Olimpia, Grecia, fue esculpida en 430 antes de Cristo por el maestro Fidias, el mismo que creara la estatua de Pallas Atenea que estaba en el Partenón. El Sepulcro de Mausolo (Mausoleo) en Halicarnaso, hoy Turquía, mas conocido como Mausoleo, fue construido en 353 antes de cristo.
El Coloso de Rodas, en Grecia era la gran estatua que conformaba la puerta del puerto de esa ciudad, fue construido entre 294 antes de Cristo. El Faro de Alejandría, en Ejipto, fue el primer faro de que se tiene memoria, su nombre proviene del de la isla de Pharos, donde estaba construido indicando la entrada a uno de los mayores puertos de la antigüedad, fue construido también en 294 antes de Cristo.

La lista de Antípatro incluía la Puerta de Istar en las murallas de Babilonia en lugar del faro de Alejandría, pero posteriores modificaciones hicieron el cambio. Las siete obras, sin embargo, nunca llegaron a coexistir, al menos terminadas, el Coloso de Rodas ya estaba en ruinas cuando se terminaba el Faro de Alejandría.

Las maravillas antiguas surgieron de un poema, las actuales de un negocio, un síntoma de los tiempos que corren, sin lugar a dudas. Pero la octava maravilla del mundo contemporáneo es la idea de Bernard Weber, que consiguió que cien millones de personas votaran por su iniciativa. Se podía votar por Internet o por teléfono, lo que costaba 0,7 euros. También se puede conseguir un certificado de voto, que le será enviado por email y cuesta dos dólares americanos. No se ha publicado la recaudación de este proyecto, pero si a los votos sumamos los derechos de emisión televisiva para 170 países de la ceremonia del domingo pasado, nadie puede negar que la idea del suizo es la octava maravilla del mundo contemporáneo.

La Iglesia española contra la democracia en la educación

Por Alejo Rivas Devecchi

El pasado seis de junio la ministra de Educación y Ciencia Mercedes Cabrera, presentó el borrador básico de objetivos y contenidos de la futura materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que será impartida en primaria y secundaria a partir del próximo curso. La iglesia española ha reaccionado llamando a la desobediencia civil en oposición a esta asignatura obligatoria.

El nuevo programa es un intento del gobierno español por poner al día su sistema educativo sumamente atrasado con respecto al de otros países de la Unión Europea y del resto del mundo. La nueva materia formará parte del programa obligatorio de los cursos de quinto o sexto de Primaria y uno de los primeros cursos de Secundaria. Según la ministra de educación, esta materia tiene como objetivo expreso “crear ciudadanos conscientes de sus derechos y libertades y que sean capaces de ejercerlos."

En su etapa primaria enseñará a respetar las diferencias entre seres humanos (edad, sexo, características físicas, personalidad), a desarrollar la auto-estima y apreciar las costumbres y modos de vida de poblaciones diferentes. En la etapa secundaria se estudiarán contenidos como la igualdad de sexos, el diálogo como instrumento de solución de problemas, y sensibilidad y respeto por otras costumbres, valores morales y modos de vida. También se analizará la "dimensión humana de la sexualidad", el deber de cuidado de las personas dependientes, la igualdad de derechos y la diversidad (con respeto de todas las opciones laicas y religiosas), la circulación vial y el consumo racional y responsable.

La UNESCO, organización para la educación de la Naciones Unidas, recoge en su Declaración de noviembre de 1995, el significado laico de la educación, donde señala que se debe enseñar a las personas sus derechos y libertades y en fomentar la voluntad de protegerlos de los demás, como una manera de contrarrestar las influencias que conducen al temor y la exclusión de los demás, casi un calco de los objetivos de esta materia.

La Iglesia Católica, por su parte, está radicalmente opuesta a todos los principios educativos de esta materia. Antonio Cañizares cardenal arzobispo de Toledo, dijo que los centros educativos religiosos que impartan la nueva asignatura estarán "colaborando con el mal". El prelado agregó que la materia incluye enseñanzas “morales laicas” que “deberían ser incluidas en una materia opcional alternativa a la formación religiosa”. En otras palabras el cardenal no cree que el laicismo sea algo que se deba enseñar a los niños de una sociedad democrática.



Pero no debe extrañar que la Iglesia se oponga a la modernización de la enseñanza. Basta recordar los principios en que se basa esa organización teocrática. La Iglesia católica es una institución que pregona la sumisión de la mujer al hombre y lo refleja en su propia estructura servil. Una institución que responde directamente a las directivas del monarca absoluto del último estado totalitario de Europa, donde la opinión de los ciudadanos no cuenta en lo más mínimo. En cuanto a la libertad individual, la Iglesia considera que los homosexuales son personas desviadas, el papa no los admite en sus seminarios y niega que tengan derecho a elegir libremente su sexualidad, ni ellos ni los heterosexuales que, según sus enseñanzas deberían tener relaciones sexuales únicamente con fines reproductivos, o sea que los humanos deberían hacer el amor una o dos veces en la vida, mucho menos que la mayoría de los curas. Demás está mencionar la libertad religiosa, la Católica se erige como única religión universal y desconoce el derecho de las personas a tener sus propias creencias, llegando a cerrar las parroquias que admiten a musulmanes y fieles de otras creencias como la de San Carlos de Borromeo en Madrid.

En el plano académico, la Iglesia se opone radicalmente a la metodología científica desde hace siglos. A modo de ejemplo, el 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II reconoció los errores cometidos por el tribunal eclesiástico que juzgó las enseñanzas de Galileo, aunque hubiera matado al científico de no haberse retractado de sus dichos. O sea que sólo le llevó 350 años darse cuenta de su error y reconocer que el planeta Tierra sí se mueve alrededor de la estrella Sol. Ese es el método de enseñanza que propone esta institución.

Para Juan Antonio Aguilera Mochón, profesor de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Granada, lo que realmente llama la atención es que dentro de un estado de derecho se permita a una organización “atacar o violar derechos fundamentales de las personas”, refriéndose a los homosexuales y las mujeres. El profesor agrega que lo peor es que a una asociación de tales características se le conceda, a cargo del erario público, “una asignatura con la que adoctrinar a los ciudadanos más indefensos en algunos valores morales antidemocráticos y contrarios a los derechos humanos”, en referencia a la materia de religión católica, actualmente opcional.

La materia de educación para la ciudadanía ha sido impartida en la mayoría de los países de la Unión Europea desde hace decenas de años. El laicismo como principio educativo se remonta a la filosofía de la revolución francesa o sea que, tomando en cuenta la velocidad de reacción de la Iglesia, para 2139 puede que llegue a aceptarla, aunque en España las cosas son siempre más lentas.