miércoles, diciembre 03, 2008

Repsol, Lukoil y el neocolonialismo español


Alejo Rivas Devecchi - Madrid -  12/01/2008

La empresa petrolera rusa Lukoil planteó hace dos semanas su interés en la compra de un treinta por ciento del paquete accionario de la empresa hispano-argentina Repsol YPF. Desde entonces, los principales dirigentes políticos españoles se han estado turnando para expresar su rechazo a la transacción y exigir al gobierno que evite que la principal empresa explotadora y proveedora de energías no renovables de España quede en manos rusas.

Las quejas de los políticos habían empezado el 12 de noviembre pasado cuando el vicepresidente ruso, Alexander Zhukov, aseguró que la empresa estatal rusa Gazprom estaba estudiando la compra de la petrolera Repsol YPF. Las reacciones no se hicieron esperar, al día siguiente los principales políticos españoles rechazaban de plano la posible venta. Mariano Rajoy, lider del opositor PP, dijo que estaba «radicalmente en contra. Gazprom es una empresa pública y monopolística. Es un sector estratégico y nuestra dependencia energética ya es mucha». Los principales dirigentes del gobernante PSOE tampoco estaba muy contentos con la operación, el propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, dijo que le "chirría bastante" que empresas españolas que fueron privatizadas, como Repsol, pretendan ahora ser compradas por compañías públicas, como Gazprom.

Pocos días después se supo que la cosa no era tan así, que no era la empresa estatal rusa Gazprom la interesada en Repsol, sino la empresa privada Lukoil. Pero el discurso de los políticos españoles siguió incambiado. La oposición siguió clamando contra la entrada de Lukoil en Repsol, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que al permitir la venta de Repsol, el gobierno pone «en riesgo el bienestar de las familias españolas». Los socialistas, por su parte, suavizaron su oposición a la transacción; según informó el matutino Público, después de una llamada del rey a su presidente para interceder a favor de la operación.





Los principales políticos españoles parecen haber olvidado algunos aspectos relacionados a este tema. En principio los partidos que ahora consideran que Repsol es una empresa estratégica para el estado español, son los mismos que la privatizaron hace bastante poco. En 1989 se inició la privatización de Repsol durante la presidencia del socialista Felipe Gonzáles y se terminó diez años más tarde cuando gobernaba el «popular» José Aznar. Incluso hoy, en plena discusión acerca de su venta, los mismos que consideran tan fundamental que esta empresa sea española, ni siquiera se plantean la opción de nacionalizar la empresa.

Otro tema que los políticos españoles pasan por alto es la actuación de Repsol en Latinoamérica. Desde la década de los 80, varias empresas españolas extendieron sus negocios a todo el planeta, en particular a países subdesarrollados, muchos de hechos  latinoamericanos. Las empresas españolas, con el apoyo del gobierno, incursionaron entonces en sectores estratégicos de las economías de varios países. Telefónica es la principal empresa de telecomunicaciones en varios de estos países, en Argentina es monopolio en la mitad del país. Endesa controla gran parte de la energía de varios estados sudamericanos. Los bancos BBVA y Santander también se expandieron a Sudamérica donde controlan gran parte del mercado de hipotecas y fondos de pensiones de varios países. Pero esas inversiones que podrían haber sido un elemento creador de empleo y riqueza, sólo perseguía el objetivo de maximizar las ganancias abaratando los costos reduciendo al mínimo los sueldos, los aportes fiscales y las cotizaciones sociales; y maximizando las tarifas con la ayuda de los políticos locales.

En el caso particular de Repsol, el estado español fue más allá de brindar apoyo legal modificando leyes de exportación de capitales y de impuestos. Repsol se instaló en varios países de Sudamérica cuyos presidentes facilitaron el camino de las privatizaciones. Bucaram en Ecuador, Fujimori en Perú, Sánchez de Lozada en Bolivia y Saúl Menem en Argentina. Todos estos ex-presidentes tienen pendientes causas judiciales en su contra por corrupción, malversación de fondos, negocios ilícitos y asesinatos. La operación de compra de YPF en particular, está siendo objeto de investigación en la Fiscalía Federal Argentina.

Ningún político español consideró cuestionable que estas empresas incursionaran en las economías sumergidas para obtener mayores ganancias utilizando métodos que la Unión Europea no admite en su casa. A ninguno le pareció mal que el estado español ayudara a estas empresas a apoderarse de varios modos, incluso ilegales, de la soberanía de estos países. Muy por el contrario, todos los días se los escucha presentarse como benefactores de los países latinoamericanos donde realizaron enormes inversiones. Pero nunca se escucha esas mismas voces hablar de las ganancias que obtienen estas empresas de esas inversiones, ganancias que representan varias veces los capitales invertidos y que obligan a los consumidores de países pobres a pagar la energía eléctrica, los combustibles, las comunicaciones y los créditos a precios mucho más caros que en la Europa rica.

Repsol está acusada de una variada gama de delitos sociales y medioambientales en América Latina. Violaciones de los derechos humanos, avasallamiento de pueblos indígenas, contaminación de las fuentes de agua potable, pérdida de la biodiversidad, deforestación y defraudación fiscal en Argentina, Bolivia y Ecuador.

En mayo de 2006, el gobierno de Bolivia decidió nacionalizar sus hidrocarburos. Para ello declaró nulos los contratos firmados con gobiernos anteriores, porque no habían sido ratificados por el parlamento y llamó a las empresas a sentarse a negociar nuevos contratos con el gobierno. Los políticos españoles pusieron el grito en el cielo; de una punta a la otra del espectro político se acusaba al presidente Morales de usurpador, y se instaba al gobierno español a defender «los intereses españoles» en Bolivia. De hecho el gobierno español intervino intentando presionar al gobierno boliviano para que favoreciera a las empresa (privadas) españolas. El canciller Moratinos llegó incluso a interceder a favor de Julio Gavito y Pedro Sánchez, directivos de Repsol que fueron detenidos por contrabando de petróleo. Moratinos afirmó entonces que las actuaciones de la justicia boliviana no eran buenas señales para las inversiones extranjeras en el país.

Durante su intervención en el X Foro Latibex, El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau dijo que le preocupan los países latinoamericanos que aún se plantean la intervención del Estado «para mitigar las fuerzas de la economía libre» y a los que «todos debemos enfrentarnos».


Resumiendo, que las empresas españolas intervengan en áreas estratégicas de las economías de otros países es bueno, según los dirigentes políticos y empresariales españoles. Es más, el gobierno intercede en su favor e incluso su canciller plantea que es inconveniente para las empresas extranjeras que Bolivia tenga un Poder Judicial que funciona. Hasta el presidente de una de las principales empresas españolas se permite plantear que, «todos deben enfrentarse» a los gobiernos latinoamericanos que osen intervenir en sus propios mercados.

Pero cuando la cosa sucede en el patio de su propia casa, todo cambia. Los intereses de las empresas privadas extranjeras se convierten entonces en un riesgo para «el bienestar de las familias españolas» y se reclama al gobierno que intervenga para evitar una transacción totalmente legal, mucho más que las compras de empresas en Latinoamérica. Pero claro, entre colonialistas no nos vamos a vender espejitos.

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