Y dale con las papeleras

Por Alejo Rivas Devecchi

El conflicto binacional acerca de la instalación de dos plantas de procesamiento de celulosa sobre la margen oriental del río Uruguay ya perdió la novedad hace rato, sin embargo sigue siendo noticia de tapa el los diarios de la región. El gobierno Uruguayo ya dió su aprobación y la construcción de las plantas ha comenzado. El gobierno argentino mantiene su oposición incluso enfrentada a algunos gobernadores de sus provincias. Finalmente, El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, juega el papel de el más activo opsitor, pese a que había gestionado la instalación de estas industrias en su provincia años atrás.

En este marco la población argentina se de Gualeguaychú está aplicando medidas unilaterales de boicot a la economía del país vecino. Desde que comenzó la temporada de verano, se han realizado piquetes que impiden el pasaje de turistas argentinos al Uruguay casi todos los fines de semana. En otras ocasiones, se ha detenido en la aduana materiales destinados a la construcción de las plantas. La última de esas detenciones sucedió el jueves 12 de enero. El encargado de la aduana de Gualeguaychú declaró que esta nueva detención es “parte de una modalidad que se puso en práctica con el tema ambiental”.

Estos cortes han afectado drásticamente el comercio de la zona, debido a las disminución del tránsito de turistas, los comerciantes tuviern que despedir gran parte del personal que había sido contratado para la temporada. La rama hotelera también acusó recibo del boicot con una sensible disminución de su actividad. Las localidades turísticas de la costa este del Uruguay, por su parte, no se han visto afectadas pues los turistas argentinos sólo se limitaron a tomar otras rutas para llegar a esas playas.

Antes de fin de año se había presentado un informe preliminar preparado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el área del Banco Mundial (BM) encargada de los créditos privados. El documento que dió a conocer Bill Bulmer, director adjunto del Departamento Medioambiental de la CFI, concluye que estas industrias “cumplen los requisitos de mejores prácticas”. Se abrió entonces un período de dos meses para recibír “la opinión del público en general y especialistas técnicos sobre la metodología y las conclusiones del estudio” y, una vez finalizado, el organismo tomará una decisión definitiva acerca de si financiará 680 de los 1860 millones de dólares que representan la inversión total de las plantas.

El gobernador Busti declaró que este documento fue “propiciado” por Dimitris Tsisiragos, director del departamento de Fabricación Global del BM, quien a su entender esta “involucrado en el proyecto de la papeleras”.

Según este nuevo informe, las obras emplearán a más de 7000 operarios, lo que aumentará la actividad económica del área. Aportarán también a la región, ya que unos 580 camiones recorrerán las carreteras de acceso a las plantas diariamente.

En concreto, habrá que esperar hasta el 24 de febrero para saber la decisión final del BM, entretanto Busti y sus seguidores planean seguir con sus piquetes y detención de materiales. Aunque hasta ahora no han anunciado la presentación de un informe de impacto ambiental que contradiga a los documentos que respaldan la instalación de las plantas.