Alejo Rivas Devecchi – Madrid – 06/09/2008.-
Según informó el matutino El País de Madrid el pasado primero de setiembre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió que se elabore un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado de Franco contra las instituciones democráticas españolas. Para ello exigirá información al Gobierno, a la Conferencia Episcopal, a los ayuntamientos y a la Universidad de Granada.
La iniciativa del famoso juez surge como respuesta a las denuncias presentadas por 13 asociaciones pro recuperación de la memoria histórica, de varias comunidades autónomas (Cataluña, Valencia, Aragón, Pontevedra), la CNT y particulares en los dos últimos años, que reclaman que la justicia española averigüe el destino de cientos de desaparecidos del bando republicano a partir del golpe de Estado franquista. Pero la fiscalía no consideró que los denunciantes tuvieran derecho a obtener esa información y pidió al juez el archivo de la causa.
"Es histórico. Me he emocionado", dijo en entrevista con El País de Madrid Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), acerca de la solicitud de Garzón. Según Silva, el juez sabe muy bien a qué instituciones debía pedir información porque "Las asociaciones le han dicho exactamente dónde tiene que buscar". ARMH fue la primera asociación en empezar a desenterrar desaparecidos e identificarlos mediante técnicas genéticas, su presidente considera que esta decisión será un primer paso para la creación de una "comisión de la verdad" que estudie seriamente las desapariciones de los perdedores de la Guerra Civil.
Por su parte Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular (PP), no cree que la justicia deba garantizar el derecho de las familias a conocer la suerte de sus muertos. Consultado respecto a la iniciativa de Garzón dijo que no es "partidario de abrir las heridas del pasado" porque el censo propuesto, "no conduce a nada lo haga quien lo haga".
De acuerdo a Ley de la Memoria, que el parlamento aprobó el 31 de diciembre de 2007, las Administraciones locales españolas deben elaborar "mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos" y el Gobierno debe hacer uno de todo el país. Paul Preston, doctor en Historia de la Universidad de Oxford, calcula que los muertos en el golpe franquista y en la represión de los primeros años de dictadura fueron 180.000.
Una de las instituciones que deberá entregar la información que el juez requiere es la Iglesia. Se solita a la Conferencia Episcopal "que comunique a todas y cada una de las parroquias de España" que faciliten el trabajo de los investigadores. Pero los especialistas de Derecho Canónico, se creen eximidos de la obligación que tiene cualquier ciudadano a la obediencia de las normas vigentes. Dicen que según los Acuerdos Iglesia-Estado, «los archivos eclesiásticos son inviolables y secretos» y que la decisión de revisar los archivos parroquiales y ponerlos a disposición judicial sólo la puede tomar «cada obispo en su diócesis».
Sólo en la abadía del Valle de los Caídos, el mausoleo de corte imperial que Franco construyó al NO de Madrid para sí mismo, hay un registro de 34.000 fallecidos, confirmó el abad Anselmo Álvarez. El eclesiástico dijo que "todos los que figuran en este registro son muertos y fallecidos durante el periodo de guerra y en acción de guerra".
La decisión del juez Garzón, como es tradicional en la justicia, es necesaria pero tardía, más de treinta años. Si alguien desconfiara de la profesionalidad de los responsables de la justicia española, hasta podría llegar a pensar que se ha estado esperando toda una generación, a que los genocidas estén muertos o sean demasiado viejos como para pedirles responsabilidad por sus crímenes.
Este magistrado, que dedicó mucho tiempo y esfuerzo propios además del dinero y las instituciones de los españoles en trabajar por la recuperación de la memoria de los desaparecidos en la represión de las dictaduras fascistas de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, se había olvidado hasta ahora de las decenas de miles de españoles que precisaban ese mismo trabajo.
Es probable que Garzón haya estado intentando recoger experiencias en Latinoamérica para luego poder aplicarlas en su país. Las repúblicas latinoamericanas, aunque tarde y mal, han buscado a sus desaparecidos, y han juzgado y encarcelado a los genocidas. Estos paises de larga tradición democrática, pueden y deben ayudar al reino de España a, superando los anacronismos feudales con los que aún carga, seguir el camino de la justicia y llegar a la verdad; la única forma de cerrar heridas que abrió la barbarie fascista.
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