España contra Chávez

Alejo Rivas Devecchi - Madrid - 12/03/2007

Como en el resto del mundo, los medios de comunicación de masas españoles responden a diversos intereses y tendencias ideológicas. Los hay desde fascistas y monárquicos hasta de izquierda y, lógicamente, expresan un amplio abanico de opiniones. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo, ninguno simpatiza con Chávez.

Por eso, el lunes 3 de diciembre de 2007 todos los informativos abordaron una noticia desde el mismo ángulo, expresaron unánimemente su satisfacción por la derrota sufrida por el Presidente de Venezuela en su intento de modificar la constitución. Claro que ninguno dijo una palabra acerca de cómo aquel que todos llaman siempre “dictador”, mostrando su falta de ética periodística al desinformar a su audiencia, acató la decisión expresada en las urnas.

En efecto, si hay un secreto bien guardado en España, es que Chávez es un presidente constitucional, proclamado por la ciudadanía en elecciones democráticas que todos los observadores internacionales coincidieron en calificar de libres y transparentes. Quizás sea envidia, porque en España pocos saben lo que es votar un presidente; aquí lo elige el Congreso de los Diputados y lo nombra el Rey. Si, el Rey; porque cabe recordar que España, el mismo país que se autoproclama como democracia contemporánea, no es una república sino un reino.

En la campaña contra la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Chávez llevada a cabo por la prensa española, poco se pudo leer acerca de la propuesta en sí. Lo más publicitado fue que el proyecto habilitaría la reelección presidencial indefinida. Y así era, la reforma propuesta al Artículo 230 eliminaba la cláusula que restringe la reelección presidencial a una sola oportunidad. Pero los mismos periodistas que hacían tanto énfasis en la posibilidad de que Chávez se “entronizara” en el poder, obviaban al mismo tiempo el hecho que España tiene, hace más de 30 años, alguien “entronizado” en el poder, tanto que tiene un trono y todo.

El jefe del estado español no sólo es vitalicio, sino además hereditario, gana cien veces más que el presidente, fue designado y coronado por un genocida fascista y nunca nadie lo votó. Claro que a la prensa española ese hecho le parece maravillosamente democrático. Argumentan que el rey es sólo un personaje representativo y el poder efectivo recae en el presidente del gobierno, que la ciudadanía si vota, aunque en forma indirecta. Lo que tampoco se dice es que ese presidente puede ser reelecto indefinidamente, porque eso tampoco les parece antidemocrático. Lo que es bueno para España no necesariamente debe serlo para Venezuela.

Pero hay varios aspectos del proyecto de reforma constitucional venezolana que estos medios olvidaron mencionar. Uno interesante es el Artículo 90, que establece una jornada laboral máxima de seis horas diarias o 36 semanales. Será que en España la jornada laboral protegida de los abusos de los poderosos no es muy importante, y probablemente por esa razón la “ democracia” española no tiene una ley que limite el trabajo a ocho horas diarias.

Otro de los artículos olvidados es el 307, que prohíbe el latifundio, por considerarlo contrario al interés general, y prevé legislar el modo de convertir esas propiedades en bienes de uso social productivo. Obviamente en España esa pieza legislativa sería fuertemente rechazada, particularmente por los latifundistas que ostentan una buena porción del poder económico del reino. El propio rey Juan Carlos tiene 16.000 hectáreas en pleno Madrid, su coto de caza. Ese resabio feudal, impensable en una democracia moderna, es parte de la realidad actual del campo español, los latifundistas tienen incluso el descaro de cobrar ayudas de la Unión Europea por sus tierras improductivas.

Muchas de estas grandes extensiones son propiedad de la Iglesia, uno de los mayores latifundistas de la historia, otras pertenecen a duques, duquesas y otros nobles. Porque los españloles no son todos iguales, algunos son “nobles”, otros plebeyos. Y justamente el artículo 70 del bloque B de la constitución venezolana, que proclama la invalidez de los títulos nobiliarios, habrá sido el que más irritó a los medios españoles y los decidió a oponerse de plano a semejante texto. Una norma típica de un país primitivo, que una “democracia moderna” como es el Reino de España (valga la contradicción) no debe dar a conocer a sus súbditos, no sea que se les ocurra seguir el ejemplo.