sábado, abril 28, 2007

La JUP triunfante, Uruguay de rodillas


Por Alejo Rivas Devecchi

El 26 de marzo pasado , el Poder Ejecutivo del Uruguay, remitió al parlamento un proyecto de ley para la reparación económica de los familiares de civiles, policías y militares “que perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976”, firmado por tres de sus ministros.

O sea que esas cuatro personas, los ministros Astori, Berruti y Tourné, y el presidente Vásquez, decidieron así responsabilizarse de la propuesta del representante de la lista 15 del partido colorado, Daniel García. Este legislador fue además integrante de la tristemente recordada Juventud Uruguaya de Pie (JUP), organización fascista que actuó en el Uruguay de los 60 y 70 como grupo paramilitar, ocupándose del trabajo sucio; un símil oriental de los falangistas de Franco o los camisas negras de Mussolini.

El proyecto plantea una compensación económica de 150.000 dólares para los familiares de 66 personas (18 militares, 34 policías y 14 civiles que enumera en un anexo )
Desde filas de varios grupos del Frente Amplio se alzan voces de indignada sorpresa ante el apoyo de la dirigencia frenteamplista a un proyecto que pretende equiparar a los caídos víctimas del terrorismo de estado con sus ejecutores. Más aún, deja ostensiblemente fuera de su voluntad reparatoria a muchos de los desaparecidos en manos de la dictadura uruguaya y de sus cofrades de países vecinos.

La pregunta que desde el 26 de marzo (día en que se presentó el proyecto) se hace cualquier uruguayo sincero es el porqué de la decisión del presidente Vázques de hacer suyo un proyecto de tal ideología. Es evidente que la voluntad del autor es que el gobierno frenteamplista reconozca como propia la teoría de los dos bandos, uno que ganó la “guerra” y otro que la perdió. Claro que los que perdieron fueron todos los uruguayos y sólo ganaron algunos de los que llevaban uniforme y sus secuaces. Pero resulta que tampoco hubo una guerra en Uruguay, sólo hubo una institución del estado democrático que tomó el poder ilegalmente y por la fuerza y dedicó los siguientes trece años a robar, torturar, matar, atemorizar y desculturizar a todos los demás, uruguayos o no, que se pusieran en su camino.

¿Dije que robaron, no? Bien, porque fue lo que más hicieron. Además de todos los muertos, desparecidos y aquellos cuyas vidas destrozaron físicamente, deberíamos agregar las vidas que fueron destrozadas por la emigración forzada, política y económicamente, la usurpación de bienes y puestos de trabajo y tantas otras formas en que estos elefantes en el bazar del país inocentemente democrático destrozaron las vidas de tantos miles de personas.

Por eso sería bueno que, como dijo el presidente en su carraspeada justificación de este proyecto, el parlamento hiciera por una vez en la historia el trabajo por el que los uruguayos les pagamos como si fueran la maravilla de la historia de la legislación. Podrían, por ejemplo, estudiar caso por caso. Los de los muertos si, los de todos los muertos, porque los muertos cumpliendo una función estatal ya fueron reparados, según Yamandú Fau, aplicando el artículo 115 de la ley presupuestal 14.106 del año 1973. Incluso si algunos no lo fueron, existen vías legales para repararles sin necesidad de la creación de una ley. Pero la situación de los damnificados por la dictadura es muy diferente. El perjuicio que se les ha causado no ha sido reparado de ningún modo.

Podría entonces estudiarse cada caso de injusticia laboral, por ejemplo, y demandar a los que se beneficiaron ilegalmente de los favores del gobierno dictatorial, que hoy viven tranquilamente disfrutando de las fortunas usurpadas entonces, para con esos recursos reparar a los que fueron perjudicados en los mismos actos. El parlamento podría degradar a cada uno de los generales que la dictadura nombró ilegalmente a su grado anterior al régimen y con la diferencia de haberes compensar a los tantos maestros y profesores a los que se les impidió ejercer o jubilarse durante ese período.

Se podría también calcular los impuestos que el estado ha cobrado en los últimos 35 años a las remesas que enviaron los exiliados a sus familiares desde el exterior, y utilizar ese dinero para brindar oportunidades de repatriación a tantos uruguayos que desde entonces sueñan con volver a su tierra. Podría, en resumen, hacer una verdadera labor de reparación de los tantísimos perjuicios que causó el fascismo en el Uruguay. Pero todos sabemos demasiado bien que la justicia no está entre las prioridades de los políticos, de ninguno.

Por eso sólo queda adherirse a los familiares de desaparecidos para recordar a los legisladores que no estamos dispuestos a avalar la teoría de los dos demonios, aquí no hubo dos bandos, porque los niños como María Claudia o Simón Riquelo no participaron en ningún bando.

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